Redacción ContraPunto
$307 mil dólares estadounidenses (USD) implican en corrupción al ex-diputado por el partido Cambio Democrático (CD), Douglas Leonardo Mejía Avilés. La Fiscalía General de la República (FGR) ventila sus hallazgos, sobre la atribución del delito de enriquecimiento ilícito, en la Cámara de lo Penal de la IV Sección del Centro, de Santa Tecla. En el mismo requerimiento, también se atribuye se le atribuye la misma comisión de delito a la pareja del diputado, Brenda Cecilia Quezada de Mejía, quien no habría podido justificar, de sus haberes, un monto de $47,1 mil USD.
ContraPunto observa que las primeras divulgaciones, sobre la participación del delito que imputa a Douglas Mejía, quedan patentes en la “Memoria de labores de 2016-2017”, de la FGR. Para entonces, el Ministerio Público Fiscal sostenía la misma calificación del delito; pero la cuantía del monto patrimonial no justificado era superior al que se le atribuye actualmente, siendo de $315 mil USD.
$307 mil en corrupción
$307,990.93 USD corresponden al monto de las irregularidades de la pareja Mejía Quezada. Esto es así, porque la FGR deduce que Douglas Mejía no habría rendido los informes pertinentes que justificaría un crecimiento de $260,854.16 USD, en su patrimonio, según se deduce de 11 de las observaciones sustraídas de los exámenes de auditoría de la Sección de Probidad de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
La FGR, entretanto, deduce que el origen de los $260 mil puede observarse durante su cargo como diputado propietario del CD, “desde el 19 de enero de 2012, la 24 de noviembre de 2016”; así como el período en el que fue diputado suplente, desde el año 2009 al 2012
$47,136.77 USD implican a Brenda Quezada de Mejía, en las acusaciones de enriquecimiento ilícito, rendidas por la FGR. En suma, el monto que se le atribuye en su contra responde a una proporción del 15.3% de la sumatoria total, que también implica a su pareja. Las observaciones también se realizaron desde la CCR. La FGR detalla que las irregularidades habrían sido cometidas “durante el período comprendido del 19 de enero de 2012, la 24 de noviembre de 2016”, coherente con el que desempeñó sus labores como ex-asesora de la presidenta de la CCR.
“Al ex legislador y su pareja, le fueron inmovilizadas tres cuentas bancarias y varios vehículos de lujo y de año reciente, los cuales no podrán ser vendidos ni traspasados a terceros”, asegura la representación fiscal.
