Las reformas buscan extender por dos años más el período en que la FGR puede presentar acusaciones contra personas detenidas bajo el régimen de excepción.
Foto: Asamblea Legislativa.
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para reformar seis artículos de la Ley Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de extender por dos años adicionales el período en que la Fiscalía General de la República (FGR) puede presentar acusaciones contra personas detenidas bajo el régimen de excepción. La propuesta surge debido a que el decreto 803, que actualmente amplía dichos plazos, vence el 25 de agosto de 2025.
Durante la sesión, el fiscal general Rodolfo Delgado expuso que las modificaciones buscan establecer un modelo procesal “especializado y dinámico” que permita dar seguimiento a las 88,750 detenciones efectuadas en el marco del régimen. Explicó que los casos se agruparán por organización criminal con un registro judicial único, en lugar de tramitarse de forma individual, lo que —dijo— permitirá una persecución más eficiente de estructuras jerárquicas, incluso de carácter transnacional.
En relación con la participación de menores en estos grupos, la reforma al artículo 3 de la ley establece que el juez de menores actuará únicamente como garante de derechos procesales, mientras que el juicio será conducido por los tribunales de crimen organizado. Según Delgado, esta medida responde a la necesidad de procesar a adolescentes detenidos vinculados con pandillas.
Otro cambio relevante es la creación de una “audiencia única abierta” para procesar a miembros de una estructura criminal mientras queden imputados sin juzgar, con un plazo máximo de 60 días para iniciar tras la acusación fiscal. Si en dos años no se incorporan nuevos acusados ni pruebas relevantes, el juez, tras consultar al fiscal, podrá cerrar la audiencia, con posibilidad de reabrirla si surgen nuevos elementos.
Las reformas deberán ser aprobadas por el pleno legislativo antes de entrar en vigor.