Por Alessia Genoves
Diputado Alberto Romero confronta un juicio por el delito de lavado de dinero y activos. La acusación penal la dirime la Fiscalía General de la República (FGR), que ha llevado a juicio 21 irregularidades de las declaraciones patrimoniales del ex-parlamentario, mientra fue representante del partido Alianaza Republicana Nacionalista (ARENA). El período de actuación delictiva se remite desde los años 2009 al 2015; y el monto de la presunta malversación responde a $158,959.08 dólares.
“10 años de inhabilitación del cargo y la restitución de los $158,959.08 dólares” es la demanda que la Fiscalía exige ante la administración de justicia. Las acusaciones iniciales fueron tramitadas desde el pasado 20 de mayo de 2022, la Cámara de la 2ª Sección del Centro de Cojutepeque (Cuscatlán). Implican, además, a su esposa Ana de Lourdes Olmedo y a su hija, Lourdes Gabriela Romero.
Acusado Alberto Romero
Alberto Armando Romero Rodríguez es el principal acusado de las imputaciones y arraigos dirimidos por el Ministerio Público Fiscal. El imputado habría participado en la comisión de 21 irregularidades que implican a otras dos terceras de su grupo familiar. Concretamente, la entidad fiscal observa 14 irregularidades que habría cometido exclusivamente él, que se estiman en un monto de $87,981.83 dólares.
7 de las irregularidades identificadas en el informe acusatorio implicarían a su esposa y a su hija. A la primera se le atribuiría el mismo delito que su esposo, por la presunta defraudación de un monto estimado en $67,672.01 dólares; mientras que a la segunda, se le acusaría por el mismo delito por un monto estimado en $3,305.14 dólares.
FGR detalla que los indicios de cargo punitivo responden a exámenes de interés patrimonial procesados en la Corte de Cuentas de la República (CCR). Es necesario informar que los informes preliminares divulgados pro la Fiscalía y las autoridades judiciales no detallan la forma de proceder de cada uno de los imputados, y la relación de ésta con la Ley de Lavado de Dinero y Activos. La referida ley establece penas carcelarias de 5 a 18 años; pero éste medio no puede precipitarse a relacionarlas, ya que, como se ha dicho, no informan sobre la manera de proceder de los imputados.
Piden que devuelva lo robado
“La Fiscalía, por su parte, solicita que el procesado devuelva el dinero y que sea inhabitado en cualquier cargo público por un período de 10 años y que, tanto su hija como su esposa, queden inhabilitados para buscar o ejercer cualquier cargo público en el mismo período”, informan las autoridades del Órgano Judicial.
El monto de la devolución, como se ha expuesto, es proporcional al de las irregularidades constatadas en las declaraciones patrimoniales de los imputados. No obstante, las autoridades citadas omiten informar si los imputados entregarán las mismas cantidades dinerarias que les individualizan; y también omiten detallar si éstos deberán responder a una cuota de responsabilidad civil.
Pero ya han transcurrido cerca de 9 meses desde que el caso ha sido enviado y procesado en la Cámara de la 2ª Sección del Centro, del mismo municipio, en el que las pruebas de cargo y descargo se han ventilado en la audiencia preparatoria. La resolución de éste proceso concluyó en la calendarización del juicio en contra de los imputados, para el próximo martes 28 de marzo.
“Si son encontrados culpables, serán sentenciados a devolver el dinero y los tres quedarían inhabilitados para buscar o ejercer cualquier cargo público por un período de 10 años. Luego del fallo, tanto la Fiscalía como la defensa, pueden apelar su resultado ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia”, agregan las autoridades judiciales.
