Por: Wilmar Harley Castillo Amorocho
El 11 de octubre, despedimos a Juan Aliste Vega -JAV-, un hijo del pueblo chileno que murió de cáncer durante reclusión en ese país. Este revolucionario hizo parte del Movimiento Juvenil Lautaro, que combatió a la dictadura de Pinochet desde los años 80 hasta los noventa. Secuestrado por el Estado, condenado a 42 años de cárcel y víctima de la desatención médica del sistema penitenciario (1).
Esta nueva víctima del “régimen democrático” expone una realidad oculta del modelo social inventado para dejar atrás una dictadura militar, como si la estructura social de fondo cambiara retomando el derecho al voto y demás trampas de la democracia liberal-burguesa. Detrás de la máscara democrática está el régimen político y modelo económico capitalista que sigue intacto.
Si el regreso de la democracia liberal-burguesa implica la desaparición de un gobierno militar, y toma el carácter civil, ¿por qué el modelo penitenciario no tiene los cambios equivalentes al resto del Estado? ¿Por qué los detenidos/as políticas en dictadura no se incluyen en el complejo proceso de transición “democrática”? Por el contrario, las penas largas impuestas a los detenidos/as políticas no son tocados por la transición, y su lucha jurídica continua sin tener alguna esperanza de obtener libertad, sumándole que las condiciones indignas de encierro se acentúan, viendo como el tratamiento especializado de enfermedades no se cumplen según la ley vigente ¡que contradicciones!.
En el caso de la dictadura chilena, se implantó para probar en el terreno la doctrina del neoliberalismo, nacida en la Escuela de Chicago, convirtiendo al país sureño en el laboratorio de los chicagoboys. Construyendo entonces, todo un modelo estatal y social acorde a esa doctrina económica capitalista, que requiere principalmente de un Estado militarmente fuerte que sirve de escudo contra los sectores populares, intelectuales y políticos que rechazan ese modelo de sociedad.
A pesar de las luchas y resistencia populares, se logra consolidar el régimen político y modelo neoliberales, que luego de tanta sangre empobrecida derramada, desechó a su peón principal (Pinochet), para dar paso a los peones de corbata, legitimados, bajo las categorías de “gobierno”, “elecciones”, “instituciones”, “derechos”, “Constitución” y el resto de palabras que conforman la institucionalidad y normatividad estatal moderna. Pero las víctimas de la dictadura, seguirían siendo las víctimas ahora en “democracia”.
Por eso, la pobreza y marginalidad de las mayorías chilenas es la marca de agua acentuada en el nuevo periodo político. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 1990 se registraba al 38% de índice de pobreza y el 13% de indigencia en la población chilena (2), con el paso de los siguientes gobiernos, estos porcentajes fueron disminuyendo, según las cifras oficiales, por la apertura internacional de la economía chilena, que garantizó el alza en los sueldos y empleos, incluyendo además el relato de convertir los derechos sociales en “bienes de consumo”, permitiendo entre líneas, que la desigualdad de ingresos se mantuvo intacto, marginalizando aún más a los sectores populares (3).
¿Cómo identificar una dictadura con máscara de democracia?
La lucha en la cárcel de JAV, es una señal clara de la dictadura que nunca se fue en Chile. El trato vengativo del Estado en su caso, demuestra ejemplarmente que el castigo es el enfoque principal del sistema judicial del régimen político y modelo económico capitalista, así los administradores usen traje y no uniforme militar. Claro que aquí, también hay que identificar a los patrones de esos administradores.
Los dueños de gremios económicos son los patrones de esa maquinaria económica de muerte y miseria. Completando el tablero, donde los peones con traje en los cargos de gobernanza, hablan de “reconciliación”, crecimiento económico, convirtiendo los derechos sociales en negocios; para que los ricos, manejen dichos negocios; también entran las multinacionales, pero su descripción alargaría este artículo, sin embargo no los pierda de vista.
Conociendo a los responsables de la economía nacional, se explica porqué un luchador como JAV, no se le indultó su pena y menos se le concedió la petición de ver a sus seres queridos en los últimos meses de vida. Así que no se deje engañar con el voto y el uso del derecho a la elección, pues al final, esto también es un negocio donde es elegido el candidato que mayor inversión tuvo, para luego ser cobrado en su mandato.
No me extiendo en las palabras de indignación que produce la pudrición que hay detrás de la muerte de JAV, para cerrar con un sentido reconocimiento a este hermano chileno, que junto a sus compañeros/as y los pueblos de Nuestra América, continúan en la terca briega de vivir dignamente.
Ñapa: También hago un merecido reconocimiento a la juventud Primera Línea colombiana, encarcelada por defender la protesta y los sueños de quienes protagonizaron el levantamiento popular en 2019, 2020 y 2021. Pues como JAV, también son victimas de la vengativa normatividad que busca marchitar la esperanza de la gente rebelde.