Crédito Diario De Hoy
Por Redacción ContraPunto
La deuda pública de El Salvador cerraría 2026 en un nivel equivalente al 93.4 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con las proyecciones más recientes de Moody’s Ratings, una cifra que mantiene al endeudamiento como uno de los principales desafíos de las finanzas públicas, aunque la calificadora también reconoce avances en materia fiscal y mejores perspectivas para la economía salvadoreña.
La estimación de Moody’s supone un aumento frente al 90.2 % del PIB registrado en 2025. La agencia atribuye parte de este incremento a las obligaciones relacionadas con el sistema de pensiones y advierte que los intereses de la deuda representan una carga importante para los ingresos del Gobierno.
De acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva (BCR), la deuda pública alcanzó los $34,960.42 millones en julio de 2026, de los cuales $19,248.48 millones corresponden a deuda interna y $15,711.94 millones a deuda externa. Dentro de la deuda interna destaca la obligación vinculada con los fondos privados de pensiones, que llegó a $11,714.38 millones.
El Gobierno salvadoreño ha defendido la conducción de las finanzas públicas y sostiene que existe una ruta de ordenamiento fiscal. Una de las señales que ha destacado es la presentación del Presupuesto General del Estado 2026 por $10,555.6 millones sin brecha presupuestaria, es decir, con la previsión de que los ingresos financien la totalidad del gasto corriente y las obligaciones contempladas. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, calificó el presupuesto como una planificación equilibrada y señaló que es el segundo año consecutivo en que se presenta bajo este esquema.
Esta política forma parte de los compromisos adquiridos dentro del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla una reducción gradual del déficit y una trayectoria descendente de la deuda pública.
La propia Moody’s reconoce algunos resultados favorables de este proceso. La calificadora estima que el déficit fiscal podría pasar del 2.9 % del PIB en 2025 al 2.3 % en 2026, favorecido por una mayor recaudación tributaria, control del gasto y crecimiento económico. También señala que la economía creció 3.9 % en 2025 y 4.3 % durante el primer trimestre de 2026.
Además, Moody’s mejoró la perspectiva de la calificación soberana de El Salvador de estable a positiva, aunque mantuvo la nota en B3. La agencia considera que la consolidación fiscal, el fortalecimiento de la liquidez y la reducción de las necesidades de financiamiento pueden mejorar gradualmente los indicadores fiscales y crediticios.
Desde el ámbito económico, sin embargo, las valoraciones son más cautelosas.
El economista y expresidente del Banco Central de Reserva Óscar Cabrera ha señalado que el nivel de deuda equivale aproximadamente a 93 centavos por cada dólar que produce la economía, debido a que el endeudamiento está creciendo a un ritmo superior al crecimiento económico.
Para Cabrera, el problema no solamente está en el tamaño de la deuda, sino también en el costo financiero que representa para el Estado. Durante el primer semestre de 2026, el Gobierno Central destinó aproximadamente $709.3 millones al pago de intereses, mientras que unos $339.2 millones fueron utilizados para reducir directamente el capital de la deuda.
El economista Rommel Rodríguez, de FUNDE, también ha advertido que la deuda no ha seguido todavía la trayectoria descendente que se esperaba dentro del programa de ajuste fiscal. En análisis anteriores, Rodríguez señaló que el endeudamiento había aumentado como proporción del PIB pese al proceso de consolidación fiscal.
Por su parte, Otto Boris Rodríguez ha considerado que un crecimiento de la deuda puede ser manejable en condiciones normales, pero resulta más preocupante cuando ocurre durante un proceso de ajuste fiscal, cuyo objetivo debería ser precisamente contener o reducir el endeudamiento. También ha advertido que el incremento del pago de intereses limita el espacio presupuestario disponible para inversión pública y programas sociales.
Uno de los elementos centrales de la discusión es la deuda previsional. Esta obligación ha aumentado considerablemente desde la reforma del sistema de pensiones de 2023 y, según Moody’s, constituye uno de los factores que explican el incremento proyectado de la deuda pública.
La preocupación aumentará cuando termine el período de gracia para determinados pagos relacionados con las obligaciones previsionales. De acuerdo con estimaciones citadas por medios económicos a partir de información de Standard & Poor’s, el Estado podría enfrentar una presión significativa por intereses de la deuda previsional a partir de 2027.
El Gobierno y el FMI han planteado que la sostenibilidad del sistema previsional será parte importante de las medidas que deberán implementarse en los próximos años.
El acuerdo con el FMI establece como uno de sus objetivos llevar la relación deuda/PIB hacia aproximadamente 80 % en 2030. Alcanzar esa meta supondrá que el crecimiento económico sea suficientemente fuerte para ampliar el PIB, mientras el Gobierno mantiene la disciplina fiscal y limita la acumulación de nuevas obligaciones.
El escenario, por tanto, presenta dos lecturas. Por un lado, el Gobierno puede mostrar avances en la reducción del déficit, un presupuesto presentado sin brecha y una perspectiva crediticia positiva otorgada por Moody’s. Por otro, el nivel de deuda continúa elevado y su crecimiento, junto con el costo de los intereses y las obligaciones previsionales, constituye un riesgo que los economistas consideran necesario atender.
La cifra proyectada de 93.4 % del PIB no significa por sí misma que El Salvador se encuentre ante una crisis inmediata de solvencia, pero sí refleja el tamaño del desafío fiscal. La capacidad del Gobierno para cumplir las metas acordadas con el FMI, contener el crecimiento de la deuda y generar mayores tasas de crecimiento económico será determinante para establecer si el país logra revertir esta tendencia durante los próximos años.
En definitiva, el debate ya no gira únicamente alrededor de cuánto debe El Salvador, sino de cuánto cuesta esa deuda, a qué ritmo continúa creciendo y qué capacidad tendrá el Estado para reducir su peso sin afectar la inversión, los servicios públicos y el crecimiento económico.