Por: Alessia Genoves
El desafuero contra la diputación de Norman Quijano en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) ha sido debatido por funcionarios de gobierno. El hecho responde a que sus señalamientos por pactos con pandillas y fraudes electorales fueron suspendidos, luego de salvar la inmunidad diplomática del acusado el Juzgado Quinto de Instrucción.
Pese a las deliberaciones de la justicia salvadoreña, el Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano establece que las diputaciones parlamentarias únicamente son garantes del inmunidades “a partir de su juramentación” (art. 178). Por ese motivo, asambleístas del parlamento por el partido oficialista y funcionarios del ejecutivo niegan la legalidad de la resolución del Quinto de Instrucción.
Contrariando a la resolución del Quinto de Instrucción, la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) resolvió que el Quijano no gozaría de inmunidades sino hasta su juramentación, reafirmando las denuncias en su contra según así lo dio a conocer el pasado 9 de septiembre, en una consulta prejudicial, por la Cámara de lo Penal.
Justo ayer, Quijano juramentó ante el PARLACEN, representando al partido ARENA, adquiriendo sus atribuciones, responsabilidades y, entre otras cosas, las “inmunidades y privilegios” que el organismo multilateral establece en sus reglamentos internos. Al mismo tiempo, los hechos por los que se le incriminan no pueden ser judicializados sin la revocatoria de dichas inmunidades.
Por su parte, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, tiene una percepción optimista para hacer efectivo el uso de los mecanismos, para reintegrar a Quijano a la justicia salvadoreña. Destaca, asimismo, varias irregularidades en la deliberación de judicial.
Según lo sostiene, “para tener inmunidad en el Parlacen, se necesita acreditar la elección, la investidura de él como parlamentario”, refiriéndose a las alegaciones por el uso del fuero desde el sistema de justicia. Sin embargo, aclara que esa garantía sólo es aplicable cuando “el delito haya sido cometido dentro de las funciones” en el parlamento. Por ello, reitera la invalidez de los resultados judiciales.
Como grupo parlamentario de #ElNuevoParlacen vamos a promover el desafuero de Norman Quijano, político que negoció con las pandillas a cambio de la vida de miles de salvadoreños. pic.twitter.com/sU9Kjlk9wW
— Cecilia Rivera 🇸🇻 (@CeciliaGRM) October 28, 2021
Durante la juramentación de las bancadas en el PARLACEN, Quijano permaneció inadvertido por los demás miembros, y mecanismos que lo integran. Sin embargo, las denuncias fueron reiteradas por funcionarios del gobierno, que comenzaron a plantear su desafuero, tras su legitimación en el organismo, y adquisición del fuero.
“Como grupo parlamentario de El Nuevo Parlacen vamos a promover el desafuero de Norman Quijano, político que negoció con las pandillas a cambio de la vida de miles de salvadoreños”, prometió la diputada oficialista, Celia Rivera.
Asambleístas de ARENA no se posicionaron a favor ni en contra del señalado. Sin embargo, sostuvieron que la responsabilidad del proceso de juramentación es única del Parlacen, tal y como lo expresó la diputada Rossy Romero.
Argueta además sostuvo que las instancias de investigación del Estado tienen la robustez probatoria para establecer acusaciones en contra de Quijano, una vez concluya el proceso de desafuero.
“La FGR (Fiscalía General de la República) ha preparado la documentación correspondiente, donde Norman Quijano fue acusado por negociar con miembros de estructuras criminales”, declaró Argueta, en la entrevista matutina a:m, transmitida por Canal 10.
