Han transcurrido cuarenta y tres días desde que la directiva de la Comisión de la Mujer e Identidad de Género de la Asamblea Legislativa ordenó archivar un total de treinta expedientes, al “considerarlas obsoletas, y no acordes con la realidad nacional”.
Entre los treinta expedientes se enumera la propuesta de Ley por una Identidad de Género, así como la Ley por la Igualdad y la No Discriminación (LEID) y la discusión de los Crímenes de Odio contra la Población LGBT, con las autoridades de justicia y de seguridad pública.
Como respuesta, organizaciones representadas por la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género de El Salvador (MPLIG) emitieron un recurso de correspondencia el pasado 17 de mayo, en medio de la conmemoración del día contra al Homo-Lesbo-Transfobia, desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desclasificó a la homosexualidad como una enfermedad mental. La conmemoración adscribe las consignas identitarias de cada sector de la población LGBTIQ+.
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Sin embargo, representantes de la MPLIG reiteraron su denuncia en contra de las autoridades, al no recibir respuesta a la solicitud, que habría sido recibida y formada por al diputada por el partido oficial, Norma Lobos.
Tal y como lo declara el representante de la organización de Generación Hombres Trans El Salvador, el recurso se emitió “para que se nos otorgara una reunión dentro de la comisión y poder dialogar sobre la facultad que tenemos las personas trans de contar con una ley que proteja nuestro derecho de contar con un nombre propio, como una manifestación autónoma y voluntaria”.
La Situación Legales
Para los activistas, la ausencia de normativas secundarias que reconozcan el cambio al nombre, sexo e identidad de género es una garantía vulnerada por el Estado; y que, además, reduce sistemáticamente el acceso a prestaciones y derechos humanos de las personas transgénero y transexuales de El Salvador.
“A partir de la negación de uno de los derechos fundamentales, como lo es el nombre y la negación de existir como personas jurídicas, se nos vienen violentando sistemáticamente un montón de derehos”, expresó la representantes de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humanos (ASPIDH) Arcoíris Trans, Camila Portillo.
El imperativo que se ordena al Estado es el de dar repuesta al reconocimiento de una ley de identidad de género, y el de cumplir las demandas asistidas por las organizaciones sociales. Asimismo, demandan la generación de condiciones favorables para garantizar el derecho a la vida de las personas trans.
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Pero la garantía a la la identidad de género también está limitada por legislaciones secundarias que impiden, asimismo, el reconocimiento al derecho al cambio de nombre y a la conformación de un núcleo familiar. La MPLIG propone, para ello, las reformas al del Art. 11 y 23, de la Ley del Nombre y Persona Natural; así como del Art. 7, de la Ley del Registro Familiar, para hacer posible el cambio de nombre; y la reforma al inciso 3ª del Art. 90, del Código de Familia, para posibilitar el estado civil y el matrimonio para personas transgénero y transexuales, específicamente.
“Ante la falta de una Ley de Identidad de Género, hay una violación sistemática al marco jurídico internacional”, estableció el representante de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Héctor Carrillo; quién, además, detalló que existe una violación al Art. 3 de la Constitución.
En efecto, tal y como lo sugieren los activistas, el Estado no obedece a la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). El documento demanda a los estados la garantía a los “derechos a la identidad; al goce de una Vida Privada; al cambio de nombre, de imagen y la rectificación del sexo o género en los registros”, según lo establecen los artículos 7.1, 11.2 y 18 contenidos en la misma.
Las Consecuencias
Para los activistas, la ausencia de prerrogativas jurídicas que reconozcan el estatus legal de la identidad de género auto-percibida, es consecuente del incremento en las condiciones de vulnerabilidad por las que son reconocidas las personas de diversidad sexual y genérica.
De modo que, al no existir una ley de identidad de género ni las condiciones legales para el cambio de nombre, conforme a la identidad y expresión de género de personas trans, limitan la posibilidad de poder expresarse al tiempo que poder acceder a prestaciones sociales y privadas.
“Uno de los principales (derechos), es la educación, al no contar con documento que identifiquen a nuestras identidades de género. A partir de ésto, viene otro tipo de vulneración de derecho, en cuanto al tema de trabajo, al acceso a la vivienda, al acceso a la salud pública, con calidad, podría decirse”, añadió.
En efecto, las condiciones de precariedad se hacen patentes en el país, cuando menos del 58% de la población trans tiene acceso a trabajo asalariado, y sólo el 40% de ellas puede acceder al sistema nacional de salud, según el informe titulado “Basta de Genocidios Trans” (2018) del Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC), con datos de ASPIDH.
La ausencia de prestaciones y de garantías sociales, asimismo, impactan sobre la integridad física de las personas trans. De acuerdo con el informe titulado “Huir y Sobrevivir. Una mirada a la situación en El Salvador de las personas LGBT desplazadas internas y los riesgos que enfrentan”, al menos 84 personas de diversidad sexual y genérica se vieron en situación de desplazamiento forzado (62% mujeres trans y 34% gays y lesbianas), al ser víctimas de la violencia en el país.
Además de los desplazamientos forzados internos, los activistas advierten que las condiciones de violencia en el país han incrementado el migración hacia otros países, y las solicitudes de refugio. Pese a ello, denuncian que no todos los países en los que son acogidos, los demandantes, reciben un trato digno.
“De hecho, las personas trans que han emigrado, se han encontrado a otras sociedades y otros lugares que también las ponen en vulnerabilidad. Condenamos la inseguridad de los países que han firmado el pacto de legislación y deber de generar las condiciones indicadas para poder darle respuesta a las solicitudes de acilo y refugio”, explicó la representante de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (COMCAVIS Trans), Amalia Leiva.
El pasado martes 22 de junio el Centro de Investigación, Diversidad e Incidencia (CIDI) reportó la desaparición de la activista Alejandra Menjivar, en la Ciudad de México. Ella es reconocida por sela primera mujer trans en concursar por una diputación al Parlamento Centroamericano, para las elecciones del 28 de febrero. La activista fue finalmente localizado, tras ser víctima de la violencia.
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Otra de las salvadoreñas trans, reconocida por ser víctima de la violencia en el exterior, fue Daniela Hernández, el pasado domingo 4 de octubre de 2020. Según lo detalla la organización TransLatin@ Coalition, Hernández sobrevivió tras ser apuñalada y degollada por cuatro sujetos en MacArthur Park, de la vecindad de Westlake de Los Ángeles.
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“Tampoco se sigue aplicando ésta reforma a ésta parte de las sanciones a los crímenes por odio. Pueden hacer lo que quieran con las personas LGBTI, porque el Estado salvadoreño no castiga a las personas que cometen delitos, violaciones a los derechos humanos a las personas LGBTI”, indicó Portillo, al referirse a las condiciones de violencia que conducen a las personas de diversidad sexual y genérica a ser asesinadas.
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Según lo cuantifican las organizaciones LGBT, casi 600 casos de asesinatos han sido reportados hasta hoy por la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) Arcoíris, de los que al menos 73 habrían sido cometidos desde el año 2011, según lo añade Comcavis Trans.
Sin embargo, al menos 2 de estos casos han sido judicializados con el agravante penal de Crimen por Odio: Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez, dos mujeres trans que fallecieron en la masacre de San Luis Talpa, del departamento de La Paz, según así lo confirma la Fiscalía General de la República (FGR). Por contra, el juicio a favor de la fallecida Camia Díaz Córdova giró una imputación menos grave en contra de tres agentes policiales, bajo la tipificación de Homicidio Agravado.
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Otros casos que están siendo procesados son los de Anahí Miranda Rivas y el de Tita Andrade Umaña. La primera, tras ser víctima de un ahorcamiento; y la segunda, tras ser incinerada viva por su presunta pareja sentimental, según lo detallan las autoridades.
Este año se sumarían otras pérdidas a las cifras de asesinatos. Desde el mes de abril, una mujer trans conocida como Zashy del Cid habría sido la primera víctima en ser reportada como asesinada éste año. Por la violencia y la discriminación fue, también, conducida al suicidio Josselin Alejandra.
“Es responsabilidad del Estado salvadoreño reconocer y cumplir y generar las condiciones para que las personas trans, como sujetos de derechos, y ciudadanos también de éste país, tengamos un nombre que nos identifique”, puntualizó Portillo.
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