De la Espriella: 100 días bajo presión en Colombia

Por Alonso Rosales

Los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella al frente de Colombia han estado marcados por una combinación de crisis de seguridad, dificultades en la reconstrucción tras el devastador terremoto de agosto y crecientes cuestionamientos sobre el manejo de los recursos destinados a las víctimas. El balance de su administración, que comenzó el pasado 7 de agosto, refleja un Gobierno que enfrenta desafíos mucho más complejos de los previstos durante la campaña electoral.

El mandatario llegó a la Casa de Nariño con la promesa de recuperar la seguridad y fortalecer la autoridad del Estado frente a las organizaciones criminales. Sin embargo, la violencia volvió a ocupar el centro del escenario político, especialmente después de una nueva escalada de atentados con explosivos y drones en departamentos como Tolima, Huila, Cauca y Norte de Santander.

La respuesta presidencial ha sido contundente. De la Espriella advirtió a los grupos armados que «por cada atentado, un bombardeo», una declaración que evidencia su apuesta por una política de seguridad basada en la presión militar. No obstante, los resultados todavía generan interrogantes sobre la capacidad del Estado para recuperar el control territorial y reducir el poder de las estructuras ilegales.

Seguridad: la principal promesa bajo examen

De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), durante este periodo se registraron 111 acciones armadas, concentradas principalmente en Cauca, Nariño, Antioquia y Norte de Santander. Los ataques dejaron 106 integrantes de la Fuerza Pública heridos o asesinados.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), por su parte, advierte que el Gobierno todavía no ha conseguido convertir los operativos militares y policiales en una reducción sostenida de la capacidad de los grupos armados.

A este escenario se suma el incremento de los ataques con drones. La FIP contabilizó 351 acciones de este tipo entre enero y el 2 de noviembre, con un pico de 56 durante agosto.

Las cifras también muestran dificultades en otros indicadores. Según datos del Ministerio de Defensa citados por France 24, los casos de secuestro pasaron de 54 a 84 y los de extorsión de 2.437 a 2.571, en los periodos comparados por el medio.

El desafío del presidente consiste, por tanto, en demostrar que la ofensiva de seguridad puede traducirse en resultados duraderos y no únicamente en operaciones de alto impacto mediático.

El terremoto cambió la agenda presidencial

Apenas tres días después de asumir el poder, Colombia fue sacudida por un terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el 10 de agosto, que alteró las prioridades de la nueva administración.

El desastre dejó, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 335 fallecidos, 4.516 heridos y 103 desaparecidos, además de daños en 500 municipios de 16 departamentos.

La primera reacción del Gobierno recibió valoraciones favorables por su rápida presencia en las zonas afectadas y su coordinación inicial con autoridades locales. Sin embargo, la atención de emergencia ha dado paso a una etapa mucho más complicada: la reconstrucción.

El Ejecutivo declaró la emergencia económica y creó el denominado Fondo Milagro para financiar la recuperación de las comunidades afectadas. La Corte Constitucional avaló la emergencia el 11 de noviembre, aunque estableció límites para impedir que los recursos fueran utilizados para cubrir el déficit fiscal.

El problema principal radica en la falta de claridad sobre la ejecución de los fondos. Un informe presentado por el entonces gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, reconoció que únicamente se habían preparado contratos por 7.440 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 2,2 millones de dólares, cifra que representaba el 1,2 % de los recursos disponibles.

Además, el funcionario indicó que el fondo todavía no había recibido donaciones.

Donaciones y primera dama bajo cuestionamiento

La administración también enfrenta interrogantes por las ayudas destinadas a los damnificados y las donaciones recibidas por la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Un juez ordenó a principios de noviembre que se publicaran las cuentas detalladas de las donaciones recibidas para atender a las víctimas del terremoto. La decisión abrió un nuevo frente de presión pública sobre la transparencia y el destino de los recursos.

Pineda sostuvo que el dinero no había sido utilizado porque las ayudas humanitarias habían resultado suficientes y que los fondos serían destinados a la reconstrucción.

Sin embargo, la explicación no ha disipado las críticas de sectores que reclaman mayor transparencia y resultados concretos. En una emergencia de esta magnitud, la rendición de cuentas no puede considerarse un asunto secundario: constituye una obligación institucional y una condición indispensable para mantener la confianza ciudadana.

Petro pierde protagonismo en la oposición

Mientras De la Espriella enfrenta las dificultades de su administración, el expresidente Gustavo Petro tampoco atraviesa un momento favorable.

Tras abandonar la Presidencia, Petro intentó organizar una oposición activa mediante el denominado «Gabinete por la Vida» y acciones de seguimiento político al nuevo Gobierno. Sin embargo, las controversias relacionadas con su anterior administración han debilitado su capacidad de liderazgo.

La Fiscalía abrió indagaciones después de que Deicy Jiménez difundiera un video y formulara señalamientos contra el exmandatario por presuntos favores sexuales relacionados con la obtención de contratos estatales. Petro rechazó las acusaciones y aseguró que existe un intento de destruir su imagen pública.

Estos señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes y no constituyen, por sí mismos, una demostración de responsabilidad penal.

El desgaste político del expresidente representa un elemento adicional en el panorama colombiano, donde la oposición necesita construir credibilidad y diferenciar sus propuestas de las controversias que rodean a sus principales figuras.

Un Gobierno que necesita pasar de los anuncios a los resultados

Los primeros 100 días de De la Espriella muestran una administración sometida a una prueba temprana de gobernabilidad. La violencia de los grupos armados, la reconstrucción de las regiones devastadas y las dudas sobre el manejo de los recursos públicos han configurado un escenario que exige respuestas institucionales concretas.

La rapidez de la reacción inicial ante el terremoto y la determinación presidencial frente a las organizaciones criminales son elementos que forman parte del balance. Sin embargo, también persisten interrogantes sobre la ejecución presupuestaria, la efectividad de la estrategia de seguridad y la capacidad administrativa del Ejecutivo.

En política, los primeros cien días suelen servir para establecer el rumbo de una administración, pero no bastan para medir la totalidad de sus resultados. Para De la Espriella, el verdadero examen comienza ahora: convertir sus promesas en seguridad efectiva, reconstrucción verificable y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Colombia necesita algo más que anuncios presidenciales y demostraciones de autoridad. Necesita instituciones que funcionen, comunidades atendidas y resultados que puedan comprobarse.

Fuentes consultadas:

  • France 24 en Español, reportaje de Guido Burdman, 15 de noviembre de 2026.
  • Fundación Paz y Reconciliación (Pares), balance de los primeros 100 días.
  • Fundación Ideas para la Paz (FIP), informe Más allá del relato.
  • Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
  • Ministerio de Defensa de Colombia.
  • Corte Constitucional de Colombia.