Zarko Pinkas-Ramírez | Foto portada: zona Hospital de Diágnostico Escalón en 3a Calle Poniente.
En distintas zonas de San Salvador, se repite una práctica que afecta directamente la vida cotidiana y la movilidad urbana: personas particulares colocan objetos en la vía pública para reservar espacios que no les pertenecen o hasta en estacionamientos de edificios, transformando calles, aceras —que son de uso común— y otros espacios en áreas tratadas como parqueos privados o zonas restringidas.
Esta situación ha sido constatada en sectores específicos de la Colonia Médica y en el área cercana al Hospital de Diagnóstico, en la Colonia Escalón, donde la demanda de estacionamiento es alta. No se trata de afirmar que esto ocurra en todas las zonas hospitalarias de la ciudad, sino de señalar hechos observados y documentados en lugares concretos, respaldados por material fotográfico.
La problemática no se limita a la ocupación de la calle. En otros puntos de la ciudad —en colonias y calles fuera del entorno hospitalario— se observa un fenómeno igualmente grave: vehículos y motocicletas estacionados sobre las veredas, reduciendo o anulando por completo el paso peatonal. Esta práctica obliga a peatones a caminar por la calle, exponiéndolos a riesgos innecesarios.
La Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador Centro, aprobada por el Concejo Municipal (AMN, 21 de mayo de 2025 y publicada el 16 de julio de 2025), regula expresamente este tipo de conductas.
En su Capítulo I, “De las contravenciones relativas al debido comportamiento en lugares públicos”, el Artículo 50 establece textualmente:“El que sin estar amparado en un derecho o garantía constitucional impida o dificulte la libre circulación en la vía pública o espacio público (…) así como también, coloque cualquier tipo de obstáculos o haga de la vía pública o espacios públicos parqueos privados, será sancionado con una multa que puede oscilar desde los cincuenta y un dólares a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América.”
Este artículo no deja lugar a interpretaciones:convertir la calle o la acera en parqueo privado, colocar obstáculos o impedir el libre tránsito constituye una contravención municipal, independientemente de si existe o no un cobro asociado.
Las consecuencias de estas prácticas van más allá de la incomodidad. Personas de la tercera edad, ciudadanos con discapacidad o con problemas de movilidad, así como cualquier peatón, se ven forzados a abandonar la vereda y desplazarse por la calzada, en condiciones inseguras.
El bloqueo de aceras y pasos peatonales vulnera un principio básico de convivencia urbana: el derecho a transitar por el espacio público de forma segura, continua y sin obstáculos. Cuando una acera se transforma en estacionamiento, el peatón deja de ser prioridad y la ciudad se vuelve hostil para quien camina.
La normativa existe, es reciente y es clara. El problema no es la falta de ordenanzas, sino la apropiación cotidiana del espacio público ante la ausencia de control efectivo. Calles y veredas no pueden ser gestionadas de facto por particulares, ni normalizarse prácticas que contradicen el marco legal vigente.
El espacio público no es una concesión informal ni un acuerdo tácito: es un derecho ciudadano. Y su defensa no pasa solo por denunciar, sino por exigir que la normativa existente se aplique con coherencia y constancia.
Lo más preocupante es la normalización de estas conductas. Muchos ciudadanos pagan a estas personas que se apoderán de algunas calles no porque estén de acuerdo, sino porque no quieren conflictos, porque van tarde a una cita médica o porque no tienen otra opción cercana. Pero la costumbre no convierte lo ilegal en legal.
El espacio público cumple una función social: garantizar igualdad de acceso, movilidad y convivencia urbana. Cuando se permite que sea administrado de facto por particulares, se debilita el principio básico de ciudad: que la calle es de todos.
Este no es un señalamiento generalizado ni una acusación indiscriminada. Es una denuncia puntual y documentada sobre prácticas que ocurren en zonas específicas de San Salvador, y que contravienen ordenanzas municipales vigentes.
El estacionamiento en la vía pública no se vende, no se reserva con objetos y no se cobra de manera informal. Y las veredas no son parqueos.
La aplicación de la normativa municipal y la supervisión efectiva del espacio público no solo es una obligación institucional, sino una necesidad urgente para proteger a peatones, pacientes y ciudadanos en general.