La preservación de mantos acuíferos transfronterizos y la suspensión de los proyectos de explotación minera en suelo centroamericano fueron los principales compromisos consignados por la Mesa Nacional Frente la Minería (MNFM) a los diputados y representantes salvadoreños del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Las propuestas fueron consensuadas en la “Carta Compromiso El Salvador en Defensa del Río Lempa”, y contaron con la aprobación de al menos cuatro parlamentarios, representantes del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Nuevas Ideas (NI) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
“Creemos que el parlamento centroamericano puede influir mucho en esto. No es una tarea fácil. Toca intereses muy sensibles. Pero es necesario hacerlo. No sólo es la gente; sino que la naturaleza nos reclama un tratamiento diferente a nuestras aguas transfronterizas”, dijo el miembro de la Mesa y representante del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), David Pereira
Ya han transcurridos más de cuatro años desde la ratificación oficial de la Ley Contra la Minería Metálica, un hecho que definió a El Salvador como el primer país en legalizar la erradicación de las prácticas mineras en Centro América. Sin embargo, los activistas demanda elevar la legislación a un “rango constitucional”, y promover la legislación en la región centroamericana, ante la vigencia de más de una media centena de proyectos mineros transfronterizos en el Triángulo Norte.
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“Hemos hecho propuesta a la Asamblea Legislativa actual para que eleven a ese rango constitucional la prohibición y que acá se pueda garantizar mucho más que no va a haber cambio en cuanto a la normativa jurídica”, manifestó el director. de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y miembro de la Mesa, Saúl Bolaños.
Sigue la Minería
Desde hace 25 años El Salvador cuenta con regulaciones sobre las actividades de explotación minera. En el año 1996, la Ley de Minería establecía la formalización y contraluría de los proyectos industriales de explotación.
Pero desde hace tan solo cuatro años, la regulación fue completamente desplazada por la denominada Ley de Prohibición de la Minería Metálica (art. 3), propiamente diseñada por la MNFN. El recurso fue ratificado hasta marzo de 2017, y en sus escasos once articulados prohíbe la minería metálica industrial.
“Este es un largo proceso que lo empezamos allá por el año 2005, aproximadamente. Y una larga lucha que culmina hace cuatro años, con la aprobación de la ley que prohíbe la minería metálica en el país”, dijo Pereira.
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Los recursos fueron reforzados por numerosos Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), establecidas por instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Las pericias, además, hacían constatar una reducción progresiva del manto freático y del caudal de los mantos acuíferos en zonas aledañas a las minas. Las implicaciones ambientales sería sucedidas numerosas denuncias a vulneraciones al derecho a la vida, a la salud, al medio ambiente sano y al acceso a la información pública.
No obstante, a cuatro años de prohibición legal de la minería metálica, la MNFM hace constar una serie de incumplimientos. Destaca que hasta el año 2017, existen al meno 52 proyectos de minería transfronteriza desde la zona norte del país; 41 de los cuales tendrían una implicación directa con Honduras y otros 11, con Guatemala.
“Creemos que el parlamento centroamericano puede influir mucho en esto. No es una tarea fácil. Toca intereses muy sensibles, pero es necesario hacerlo. No sólo es la gente; sino que la naturaleza nos reclama un tratamiento diferente a nuestras aguas transfronterizas”, añadió Pereira.
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De hecho, la zona norte y colindante con El Salvador es reconocida por poseer significativos yacimientos de oro y de plata. Hasta 2005, el Fondo Internacional de Inversión Social para el Desarrollo Loca (FSDL) destacó yacimientos de oro en al menos 100 de los municipios de la zona norte, en los que fueron identificadas hasta 130 vetas de oro.
Canteras como El Cerro Blanco, en Santa Ana, y El Dorado, en Cabañas, tenían un potencial minero de hasta 5,9 y 12,9 millones de onzas de oro y de plata, cada uno. Sin embargo, los EsIA determinaron daños ambientales en la región del Lago Güija y zonas aledañas a los causes de Guatemala, que motivaron denuncias de ambientalistas desde Guatemala y El Salvador, en 2013. El proyecto de El Dorado habría sido detenido, tres años después, por Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial (BM).
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Las Aguas Transfronterizas
La MNFM destaca que los 52 proyectos de extracción minera transfronteriza que sigue vigentes tienen implicación directa con el suelo y los mantos acuíferos salvadoreños. Entre los riesgos emergentes, señalan la afectación en el “abastecimiento, calidad y cantidad de agua”; principalmente, desde caudales como el Río Lempa, el Río Paz, el Lago de Güija, el Río Sumpul, el Río Torola, el Río Goascorán.
“El Estado, no siendo responsable de eso, porque son proyectos mineros que están ubicados en los países vecinos, pues no le quedará otra alternativa también que demandar a los Estados vecinos, y esto puede ser, entonces, generador de conflictos; conflictos entre comunidades; conflictos entre comunidades y el Estado”, dijo Pereira.
Frente a la implicaciones planteadas, la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronteriza desarrolló, desde 2016, la propuesta titulada “Tratado de Aguas Transfronterizas”. La MNFM sostiene que éste recurso debería ser calendarizado, legislado y promovido por los nuevos diputados del PARLACEN, los 20 resultantes de las elecciones del pasado 28 de febrero.
La firma del tratado preliminar tuvo asistencia de la diputada Karina Sosa, del FMLN; del diputado Ricardo Calderón, del PCN; así como de las diputadas Belinda Núñez, Glenda Estrada, Cecilia Vargas del partido Nuevas Ideas.
“Dado que un tratado de ésta naturaleza requiere la firma y la ratificación del mismo, desde el Parlamente Centroamericano se harán las recomendaciones pertinentes a los presidentes de los diferentes países, con intereses en común”, declaró Vargas.
La aprobación de la propuesta fue unánime entre los congresistas. El diputado Calderón, además, se comprometió a participar en la elaboración del dictamen en la Secretaría de Integración Centroamericana. Además, instó al resto de los congresistas a involucrarse.
“Son los gobiernos los que tienen qué retomar el punto (…) y espero yo que tengamos el apoyo de los diputados de Guatemala y de Honduras, Ya aprobado ese dictamen, ya es cosa de que la institución y ustedes presiones a los gobiernos a efecto de que hagan una realidad de éste tratado”, añadió Calderón.
