Por Alessia Genoves

$187 millones USD implican al ex-presidente Salvador Sánchez Cerén, en la presunta ex-apropiación de fondos del Estado, a sus cuentas personales, y a las de al menos 18 de los ex-funcionarios públicos de su gobierno. El dato lo comparte la Fiscalía General de la República (FGR), que éste jueves hizo la juramentación de 5 de los peritos de investigación, en la Audiencia Especial que se ventila en el Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador.

$183,8 millones USD es el monto dinerario que la FGR estimaría en los indicios probatorios, que justificaron la detención de al menos 5 de sus ex-funcionarios, y la imposición de medidas en contra del ex-presidente Cerén, quien ha sido judicializado como reo ausente. El monto dinerario ascendería en más de $3 millones USD, en la maduración de las investigaciones judiciales. Sin embargo, entre los acusados figuran los nombres del ex-secretario privado Manuel Melgar y el ex-director ejecutivo Manuel Ayala, ambos acusados formalmente en la fecha del 23 de agosto del año 2022.

“Se han tenido como aceptados todos los puntos de pericia, contenidos a nuestra solicitud, en la cual se detallaban puntos referidos al área presupuestaria, puntos referidos al área financiera; entre otros. Estamos satisfechos con la resolución que se ha dado, porque, al mismo tiempo, las objeciones que se habían planteado por parte de la defensa se han tenido sin lugar”, detalló a la prensa la representación fiscal.

Robo al Estado

“Gastos Reservados 2014-2019”, es el nombre que la FGR consignó al proceso penal que se ventila en contra del ex-presidente Cerén. Hay que detallar que los señalamientos atribuidos a su gobierno responden a la ausencia de la documentación contable que el ex-presidente, y su gabinete de gobierno, omitieron entregar a la Corte de Cuentas de la República (CCR), al declararse “incapaz de auditar la partida de gastos reservados”, en 2019.

ContraPunto observa un contraste entre el monto estimado de la defraudación del Estado. En primer lugar, la FGR detalla que el origen de los fondos a los que responde su inobservancia tiene lugar desde la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, pero cuyo monto se estimaba inicialmente en $183,860,715.02 USD. Pero, transcurridos apenas 9 meses hasta la Audiencia Especial contra los imputados, las investigaciones habrían madurado a tal punto de que el monto de las irregularidades ascendió a los ya referidos $187 millones USD.

FGR, no obstante, se limitó a rendir información generalizada, pero sin ultimar detalles de la distribución y el destino de los fondos. También omitió detallar cuál es la configuración del monto de cada uno de los imputados, de quien es se alegan responsabilidades asociadas con la sustracción del dinero. Es decir, no se detalla a cuánto asciende o descienden los montos atribuídos; que, desde luego, podrían ser distintos de los señalados en al fase de intimación.

Salvador Sánchez Cerén (2014-2019)

$350 millones de dólares es el estimado en pérdidas que El Salvador reporta, al término de la administración del expresidente Sánchez Cerén. La cifra responde a una estimación aproximada divulgada por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, de los informes adquiridos por la Corte de Cuentas de la República, poco tiempo después de que se confirmara el acuerdo de “otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado” al expresidente, según lo constata La Gaceta del Diario Oficial 30-07-2021, en referencia de la resolución N.º 3273.

18 empleados del gobierno salvadoreño participaron en la sustracción dineraria, según detalla la FGR de las observaciones de auditoría emitidas por la CCR. En específico, los fondos tenían origen de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, y eran transferidos hacia 6 cuentas bancarias no autorizadas de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, según lo detalló el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, la institución ha hecho pública la identidad de al menos 9 de los imputados.

$152,985,170.69 USD del Tesoro público fueron “retirados en efectivo”, tras la emisión de cheques. Éstos títulos valores beneficiarían a varios de los empleados, en concepto de “complementos salariales”. Uno de los responsables en la emisión de dichas transferencias era Jorge Antonio Revelo, quien ostentaba el cargo de jefe del Estado Mayor Presidencial, quien habría sido capturado en Panchimalco; y habría participado en los hechos porque, según la FGR, “gestionó pagos salariales complementarios para el Estado mayor sin cumplir los requisitos de Ley”.

• Daysi Armida Díaz, tesorera institucional de Casa Presidencial: Firmó 193 cheques durante su oficio en la administración pública, es decir “durante el período de noviembre de 2016 a mayo de 2019”. Además detalla que el destino de los fondos serían “6 cuentas aperturadas sin requisitos de ley”
• Alexander Benitez Peña, empresario: $2,170,953.38 USD habrían beneficiado a dos empresas de las que es propietario. De modo que las empresas beneficiarias de Benitez serían el Taller Box Car, que recibió $969,499.57 USD del Estado; así como el Taller Frenos y Más, que fue la institución destinataria $1,201,453.81 USD.Jorge Antonio Revelo Vega, ex-jefe del Estado Mayor Presidencial: Según la FGR, “gestionó pagos salariales complementarios para el Estado mayor sin cumplir los requisitos de Ley”. Tras la emisión de varios cheques, fueron retirados en efectivo $152,985,170.69 USD
• Manuel Arturo Ayala Orellana, extesorero institucional de la Presidencia:Sus órdenes de captura respondían a acusaciones relacionadas con los delitos de peculado y lavado de dinero. A éste mismo se le materializaron 5 inmuebles y 3 vehículos con valor de $500 mil dólares en enero de 2020. Por ello, la FGR detalla que Ayala acumulaba una orden judicial en el caso Saque Público, y una orden administrativa por el caso de corrupción, durante la presidencia de Cerén.

$3,303,756.00 dólares tenían origen de donaciones transferidas por el gobierno de la República de China -cuyo territorio espacial es popularmente conocido como Taiwán-. Éstos fondos fueron transferidos a las partidas relacionadas con el pago de “complementos salariales del Estado Mayor Presidencial”. Al mismo tiempo, la FGR añade que “algunos de los que recibieron dichos complementos eran familiares del propio expresidente Sánchez Cerén”.