La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregan una propuesta técnica de Ley a Favor de Personas Migrantes Desaparecidas y sus Familias al Comité de Desaparecidos y Fallecidos de El Salvador (COFAMIDE), cuyo motivo tiene por reconocer y garantizar los derechos de los salvadoreños migrantes víctimas de desapariciones.
“Hemos llegado en caravanas hasta México, y yo sé que podemos hacer mucho más. El problema es que cuando no se vive en carne propia no se le pone ese amor para poder colaborar”, dijo Alejandro Zelaya, una de los familiares de las víctimas de migrantes desaparecidos.
Hasta la fecha, cerca de 343 salvadoreños han desaparecido en el exterior, y sólo 62 de éstas personas han sido identificadas, a través de pruebas científicas desde los últimos 10 años, según datos del Banco Forense de Migrantes de El Salvador. La institución, además, reconoce el hallazgo de 20 casos de personas con vida, y un registro de al menos 4 denuncias.
Por tal razón, las organizaciones de personas desaparecidas, CICR y COFAMIDE, trabajaron en conjunto con la PDDH para la elaboración de la propuesta técnica para la Ley a Favor de Personas Migrantes Desaparecidas y sus Familias, documento que consta de 45 artículos en 7 capítulos, de lo ya establecido por los artículos 27, 29 y 30-A de la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de las Personas Migrantes Salvadoreñas y sus Familias.
“En el caso de éstas personas, con todos los esfuerzos de todas las instituciones, es un buen ejemplo de formación ínter-institucional, que se dedica específicamente a la búsqueda” de migrantes desaparecidos, valoró Lissette Campos, asesora jurídica de CICR.
La propuesta técnica establece el reconocimiento y las garantías de las personas migrantes desaparecidas; así como la participación legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, la del Concejo Nacional para la Protección de la Persona Migrante para los Salvadoreños, su familia y los migrantes; la de la Policía Nacional Civil (PNC), la PDDH, la del Instituto de Medicina Legal así como la de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Es el Estado el que realmente tiene la obligación, con el deber de garantía, de realizar éstos procesos y de instaurarlos legalmente”, dijo Beatriz Campos, Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana de la PDDH.
Asimismo, la propuesta establece estrategias técnicas para la búsqueda de desaparecidos, la creación de una Mesa Inrterseccional para la Participación Ciudadana; la estructuración de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas facultado por el Ministerio de Relaciones Exteriores; la documentación gratuita de información de personas desaparecidas a través de una Banco de Datos Genéticos, y las formas de financiación de proyectos.
“Pareciera ser obvio que el Estado debe intervenir para realizar acciones de búsqueda para las personas migrantes desaparecidas. No hay un mecanismo legal que le obligue a hacerlo… Estos esfuerzos deben estar acompañados por una institución nacional de Derechos Humanos que entienda que su rol está en atender a las víctimas de derechos humanos: que su finalidad es la víctima, que su razón de ser es la víctima, y que por eso debemos realizar nuestro trabajo con la mayor responsabilidad y dedicación posible”, expresó el Procurador Apolonio Tobar, en una conferencia de prensa.
Tobar además hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para la aprobación del proyecto de ley, así como para la sucesiva discusión y promulgación al órgano ejecutivo. Asimismo, hizo un llamado al ejecutivo para la promoción de "mecanismos de coordinación directa con las autoridades mexicanas y guatemaltecas" para la búsqueda de salvadoreños migrantes desaparecidos.
