Personas de la Diversidad Sexual y Genérica, diagnosticadas con VIH, atestiguan tener dificultades para acceder a sus medicamentos por temor a las autoridades. Temen por sobrevivir, al carecer de recursos, de trabajo y de la ayuda del Estado.
Tal es el caso de Joseline Méndez, una mujer transexual hondureña de 28 años de edad, es residente en el departamento de San Miguel. Es una valerosa persona que lamentó la ausencia de su familia desde la niñez, y tuvo que costear sus estudios básicos con el comercio informal.
Manifiesta que el Estado de Emergencia Nacional, ante el Coronavirus ha complicado sus actividades comerciales. Hospeda en mesón, debiendo vivir en altruismo con sus vecinos. Ninguno de ellos ha sido favorecido con el bono de $300.00 dólares que dispuso el gobierno para entregar a personas que no reciben ingresos fijos.
“Yo vivo del día a día, y a mí se me ha dificultado de una manera horrible, porque no estoy ganando nada; porque no puedo pagar mi casa; porque estoy prácticamente en la calle debido a esta situación… porque, de por sí, en los días anteriores yo estado muy mal: a veces me quedan $15.00 dólares, y de eso tiene que uno tiene que pagar pasaje, comida y tanta cosa. la mayoría de días no se gana nada. Y, ahora que uno no está trabajando, nos ha afectado en gran manera”, declara Joseline.
San Miguel reporta una cifra de 17 casos de COVID-19 registrados, situación epidemiológica por la que el gobierno ha decretado la suspensión temporal de labores y de libre circulación, desde el pasado 21 de marzo.
No obstante, el informe de Amnistía Internacional titulado “Decálogo de Derechos Humanos para Afrontar la Pandemia del Coronavirus” sugiere a los Estados la atención a “Personas que viven en la pobreza y con menor acceso a medidas preventivas”, a “personas sin hogar”, a “inmigrantes con situación administrativa irregular”, entre otros “Grupos Vulnerables”.
Desde su adolescencia, Joseline fue diagnosticada con VIH: tuvo que dedicarse al comercio sexual en el extranjero para poder sobrevivir. Al día de hoy debe afrontar los abusos de las autoridades y el miedo a salir de su hogar para costear sus medicamentos.
“¿Cómo salgo yo de mi casa? Como si uno fuera delincuente; yo no soy delincuente, soy una persona trabajadora… Yo soy portadora… Por mi medicina, yo tendría que haber ido yo al hospital. Y yo no pude ir, porque aquí me trataron bien feo, los soldados y los policías. Fui a lo que yo iba y me trataron de la peor forma: Me humillaron… Ya no pude ir, y tuve que pedir auxilio”, lamenta Joseline.
Comparte la misma preocupación Marielos, activista del Colectivo de Lideresas Venus, quien fijo: “Como trabajadoras sexuales, las políticas sanitarias que en el gobierno ha efectuado, de cualquier manera, nos afecta, porque con la cuarentena que se ha puesto no se puede ejercer el trabajo. No se nos permite salir. Como colectiva nos sentimos atemorizadas”.
El artículo 2 del decreto ratificado N.º 21 establece, entre otras cosas, la libre circulación civil con justificación médica, para la atención y adquisición de “medicamentos”, que está sujeta al control de los “mecanismos necesarios de verificación”. Además, establece la retención obligatoria a las personas que incumplan la norma, en un plazo de 30 días.
“Uno de los aspectos que pueden afectar es que no se les brinde la atención correspondiente y la discriminación de las personas a que están afectadas con el virus. Sobre las personas seropositivas hay mucho más riesgo de contraer el virus COVID-19, porque muchas veces no son personas adherentes, tienen las defensas bajas, alimentación poco nutritiva y eso hace que las personas sean más vulnerables” advierte la activista política, Concepción Raymundo de la organización Orquídeas del Mar.
Por otra parte, los lineamientos técnicos para la atención a personas LGBT en el sistema de salud ya no cuentan con el imperativo del Decreto Ejecutivo N.º 56. Los abusos a las personas de la diversidad sexual y genérica ya no cuentan con el apoyo del ejecutivo, al no existir una institución responsable, tras la disolución de la Secretaría de Inclusión Social, por mandato presidencial.
“Los servicios de salud siempre han sido deficientes, y han negado muchas veces a las personas LGBTI; sobre todo a aquellas con una identidad y expresión de género contraria al sexo con el que nacieron, de esta forma, en las medidas y políticas sanitarias no se contempla que se eviten prácticas de estigma y discriminación, al tratarse del sistema de salud, podemos esperar tratos desiguales, discriminación e incluso falta de atención a personas LGBTI infectadas, rechazo por parte de otras personas en situación de cuarentena y la exclusión”, así lo juzga la activista de los Derechos Humanos de la organización Comunicando y Capacitando a personas Trans con VIH, Bianka Rodríguez.
Joseline teme a que las autoridades la agredan al conocer su estado serológico: “La policía y las autoridades abusan contra las personas LGBT; y, máxime, si se dan cuenta de que una tiene una enfermedad así, como el VIH, es peor la situación. De por sí nos discriminan, porque ahora están abusando del poder. Por esa razón da temor salir a la calle”.
Si bien, Amnistía Internacional sugiere que las limitaciones al derecho de Libertad de Circulación deberían ser “legítimas, necesarias y proporcionales”; la Corte Suprema de Justicia ha recibido más de 194 denuncias de habeas corpus, 36 procesos de denuncias de Amparo y procesos de 20 denuncias de In-constitucionalidad, desde el pasado 13 de marzo hasta el 20 de abril.
“Ya no podemos hacerlo (salir de casa) por respetar la cuarentena, porque estamos respetando la cuarentena. Pero, también necesitamos ayuda. Necesitamos apoyo a las personas transgénero, y sobre todo las personas con VIH, que nos den un poquito de prioridad, a las personas con enfermedades crónicas”, añade Joseline.
“Estas medidas, aunque son duras, son necesarias. Sin embargo, deben tomarse medidas paliativas dirigidas a los más vulnerables, como las personas con VIH que no tienen acceso a un empleo formal. El estado ofrece garrote y macana a quienes salen a la rebusca y viven el día a día…”, expresa Francisco Ortiz, activista de Fundasida y miembro alterno del Mecanismo Coordinador de País El Salvador para la lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria (MCP).
