¿Cómo se impuso el modelo Neoliberal en El Salvador?

La comprensión de la realidad salvadoreña en materia económica y social es un producto caótico de las decisiones que se han tomado con el paso del tiempo, en un escenario donde, verdaderamente, en ningún momento el pueblo ha gozado de la soberaní­a necesaria para decidir por sí­ mismo.

El neoliberalismo es un modelo de desarrollo que surge en las últimas décadas del siglo XX como contrapeso a las ideas planteadas por el consenso Keynesiano que predominó la agenda económica desde la década de 1930 hasta 1980.

En la dimensión de polí­tica económica neoliberal, según Valenzuela Feijoo, se identifican cuatro ejes fundamentales: la desregulación económica estatal y los procesos de privatización que le acompañan; el estricto control del nivel salarial; el aperturismo externo y la liberalización de los flujos de mercancí­as y capitales externos; y la preferencia por los intereses del capital financiero  (Feijóo, 1997).

En El Salvador, este modelo tiene su génesis durante el inicio de la década de los 90 en el primer gobierno del partido ARENA, y su punto de partida es definido por la aplicación de una serie de medidas que se denominaron: Polí­ticas de Ajuste Estructural [1] (PAE) y Polí­ticas de Estabilización Económica [2] (PEE).

Por lo general, existen grupos de actores que definen los programas de desarrollo de la economí­a de un paí­s: el gobierno, los organismos internacionales y, en menor medida, la sociedad civil.

Para el año de 1990 las instituciones financieras internacional reestablecieron su relación con el paí­s, luego de que el Gobierno de Alfredo Cristiani acordara reanudar los pagos de la deuda externa que habí­an sido suspendidos hacia finales de la década de los 80 por el gobierno del Partido Demócrata Cristiano. Con la llegada de ARENA al gobierno, se inició un nuevo programa económico que buscaba reactivar el crecimiento económico con la intervención de las instituciones financieras internacionales; es así­ como el Programa de Ajuste estructural y Estabilización Económica se inicia producto de la renovación de la asistencia de parte del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a nuestro paí­s [3].

Estos programas tení­an como base una serie de préstamos que fueron otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo a lo largo de la década de los 90, y que, como parte de las estrategias de dichos organismos para El Salvador, contení­an una serie de condicionalidades que tení­a que cumplir el Estado Salvadoreño para realizar cada uno de los desembolsos.

Las estrategias promovidas por el Banco Mundial y el BID a lo largo de la década fueron modernizar el sector público a través de la eficiencia y mayor participación del capital privado en la provisión de servicios públicos, la mejora de la administración y aplicación del sistema tributario y la gestión del gasto público, la reducción de la pobreza e incremento de la inversión en capital humano por medio de la dotación de servicios de salud, educación, planificación familiar, fortalecer el crecimiento impulsado por el sector privado a través de la privatización de la banca, el desarrollo de la industria de seguros privados , y fortalecer la gestión y administración de los recursos naturales a través del incremento de la producción agropecuaria, el registro de tierras, el desarrollo de una ley de medio ambiente, entre otras. Si bien, cada banco posee su área de especialización, las estrategias de desarrollo que cada institución diseñó para El Salvador eran a su vez complementarias con la estrategia de ajuste estructural.

Generalmente se cree que las organizaciones financieras internacionales imponen polí­ticas económicas en aquellos gobiernos que se resisten a hacer cambios o que simplemente necesitan de créditos para cubrir sus obligaciones de paí­s, sin embargo, no siempre es el caso.

Cuando un oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI) explicó el proceso de fijar las metas macroeconómicas en El Salvador, dijo: “Estamos tratando con un gobierno que comparte la misma filosofí­a”. De hecho, en algunas instancias el Gobierno propuso metas macroeconómicas más estrictas que las propuestas inicialmente por las agencias internacionales (Weinberg & Ruthrauff, 1998).

Es decir, que las condicionantes con las cuales el Banco Mundial otorgó los Préstamos de Ajuste Estructural y el BID los Préstamos Sectoriales [4], no necesariamente fueron condiciones impuestas, sino que contaron con el consenso de las autoridades de turno de las diferentes administraciones de ARENA en la década de los 90. La importancia de esto radica en que son, precisamente, el cumplimiento de estas condicionalidades las que generan la consolidación del modelo neoliberal en El Salvador, vigente hasta nuestros dí­as.

Para ilustrar de mejor manera, en el siguiente cuadro se presentan un resumen de las principales condicionalidades que debió cumplir el Estado Salvadoreño como parte del programa de ajuste estructural promovido por el gobierno y las instituciones financieras internacionales:

El Estado Salvadoreño a través de sus gobiernos promovió polí­ticas orientadas hacia la reestructuración y disminución del sector público como parte de las condiciones impuestas por los préstamos de ajuste estructural. De allí­ que se sustituye el impuesto de ventas del 5% por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con una tasa del 10% para 1992 y con un incremento al 13% para 1995 [5]; se consolida el proceso de liberalización del comercio exterior eliminando los Derechos Arancelarios a la Importación y se continúa con el proceso de “Modernización del Sector Público” a partir de las privatizaciones del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) en 1991, de la Banca [6] y otras asociaciones de ahorro y préstamos, del INCAFÉ, INAZÚCAR, entre otras instituciones que previo a los préstamos de ajuste estructural ya habí­an sido privatizadas [7] o habí­an iniciado un proceso de privatización por iniciativa gubernamental.

Además de esto, otro conjunto de condicionalidades se establecieron como producto de los Préstamos de Asistencia Técnica para la Modernización del Sector Público del Banco Mundial y del Préstamo de Cooperación Técnica para el Programa de Modernización de la Administración Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobados en 1996, donde explí­citamente mandaban a implementar la ley de privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), y reformar el sistema nacional de pensiones para poder privatizarlo, tal como se hizo en 1998.

Pausando la historia para efectos de análisis, considero que de esta manera se dio origen de la instauración del modelo neoliberal en El Salvador, si bien el tema se vuelve complejo en la medida que se avanza sobre otros aspectos más allá de la Modernización del Sector Público en las polí­ticas de ajuste estructural -que desde la óptica neoliberal no es más que su debilitamiento-, considero que es esta faceta la que da pie a la nueva organización de la actividad económica en nuestro paí­s.

De esta manera, en términos de la primera mitad de la década de los 90, se instaura un nuevo modelo económico en el paí­s que sigue vigente hasta nuestros dí­as, el cual ha demostrado su inviabilidad dentro del contexto de nuestro paí­s, donde las asimetrí­as sociales, la alta concentración de la riqueza, la escasa generación de empleo digno y la poca inversión en actividades productivas de alto valor agregado siguen caracterizando a la sociedad salvadoreña.

Es indispensable avanzar hacia la formación de nuevas alternativas de desarrollo en nuestro paí­s, desarrollar una visión de largo plazo comprometida con los intereses de la nación y no exclusivamente del capital. Las estrategias de desarrollo deberí­an estar orientadas hacia el futuro, donde prevalezca el criterio técnico antes que el polí­tico, teniendo como máxima que una alternativa de desarrollo para nuestro paí­s debe tener como principio ineludible corregir las asimetrí­as sociales, lo cual no implica solo un compromiso polí­tico, sino un salto de calidad humana en la forma de pensar de nuestros empresarios y de la sociedad civil en general.

Bibliografí­a

Feijóo, J. V. (1997). Cinco dimensiones del modelo Neoliberal. Polí­tica y Cultura, 8, 9-38.

Weinberg, S., & Ruthrauff, J. (1998). Estrategias y proyectos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en El Salvador.

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[1] Los programas de ajuste estructural son una serie de medidas que apuntan hacia la desregulación y liberalización de la economí­a, la apertura a la inversión extranjera directa, y, por ende, a la modernización del papel del Estado como un agente promotor y no interventor de la actividad económica.

[2] Los programas de estabilización económica son medidas que tiene como objetivo corregir los desequilibrios en la balanza de pagos de un paí­s, es decir, las disparidades entre las transacciones monetarias de nuestro paí­s con el resto de mundo, para ello incluyen acciones como la restricción de los créditos, la devaluación de la moneda, entre otras, para aliviar la presión inflacionaria.

[3] La ampliación de la asistencia de ambos bancos con El Salvador fue posible debido al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Con este acuerdo se estableció un programa de estabilización económica, con medidas diseñadas para reducir el déficit fiscal y, en menor medida, el déficit comercial, y a controlar la inflación (Weinberg & Ruthrauff, 1998).

[4] Al hablar de las condicionalidades de los préstamos, nos referimos al Préstamo de Ajuste Estructural etapa uno (PAE-I) y dos (PAE-II) aprobado por un monto de $75 millones en febrero de 1991 y por $50 millones en septiembre de 1993 respectivamente, a los diversos Préstamos Sectoriales otorgados por el BID que coadyuvaron a llevar a cabo el programa de ajuste estructural en sectores económicos especí­ficos como el sector energético y agropecuario, y los préstamos de infraestructura y reforma del sector público.

[5] Dentro del periodo de 1989 hasta 1994, durante el mandato de Alfredo Cristiani, también se llevaron a cabo otras reformas a la estructura tributaria: La supresión del impuesto al patrimonio, la simplificación del impuesto sobre la renta cambiando la tasa marginal más alta del 60% al 25, y la eliminación de todos los impuestos a las exportaciones, algunas de las cuales no estaban contempladas dentro de las condicionalidades de los préstamos de ajuste estructural.

[6] Proceso que inicia en 1990 con la aprobación de la Ley de Privatización de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, y que tení­a como objetivo fin de vender la totalidad de las acciones de las instituciones financieras pertenecientes al Estado y al Banco Central. Con base a esta ley Banco Central de Reserva procedió a la privatización de los Bancos y Asociaciones: Cuscatlán, Agrí­cola Comercial, Salvadoreño, Desarrollo, de Comercio, Ahorromet, CASA, CREDISA y Atlacatl.

[7] Como el caso del Hotel Presidente en 1990.