La Comisión de Salud aprobó dictamen para la Red Nacional de Hospitales, que establece a médicos especialistas cinco años de servicio obligatorio a partir de 2026.
La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, una iniciativa que busca integrar y fortalecer los centros de salud del país bajo una nueva entidad pública descentralizada, con autonomía administrativa y personería jurídica propia.
La normativa tiene como propósito ofrecer atención médica integral a la población salvadoreña mediante servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
Aunque funcionará de manera independiente del Ministerio de Salud, se coordinará con esta cartera para garantizar una respuesta más eficiente a las necesidades sanitarias.
Entre sus funciones principales estarán:
El nuevo Hospital Rosales operará bajo este marco legal y se convertirá en referente del sistema. El ministro de Salud, Francisco Alabi, aseguró que la normativa busca dotar a los hospitales de herramientas para mejorar su funcionamiento y ofrecer servicios más oportunos y de calidad.
La propuesta también establece que, a partir de 2026, los médicos especialistas formados en el Hospital Rosales deberán cumplir cinco años de servicio obligatorio dentro de la red, medida que no afectará a los residentes actuales.
El ministro Alabi señaló que los médicos residentes tendrán un salario entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades, en concordancia con estándares internacionales.
La Red Nacional de Hospitales estará dirigida por una junta directiva, integrada por representantes del Ejecutivo y de instituciones vinculadas a obras municipales y compras públicas.
El presidente ejecutivo, nombrado por el presidente de la República, ejercerá su cargo durante cinco años, al igual que los directores, con posibilidad de reelección.
El marco regulatorio contempla sanciones para los profesionales de la salud que incurran en negligencia, imprudencia, impericia o mala praxis. Entre las medidas se incluyen suspensión temporal, revocación de licencias de especialidad o inhabilitación para ocupar cargos en el sistema público de salud.
Las sanciones podrán extenderse hasta cinco años y se aplicarán conforme a la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, siempre que no contradiga la nueva normativa.
El dictamen será trasladado al pleno legislativo, donde los diputados deberán someterlo a votación para su aprobación definitiva.