Crédito France 24
Por Alonso Rosales
Colombia atraviesa un nuevo episodio de tensión en materia de seguridad, luego de una serie de ataques armados y amenazas contra instituciones militares, infraestructura estratégica y medios de comunicación que han encendido las alarmas de las autoridades. Los acontecimientos registrados entre el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre reflejan la persistencia de estructuras armadas ilegales y los desafíos que enfrenta el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en su estrategia de recuperación del control territorial.
Uno de los hechos más graves ocurrió en el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, donde un ataque con drones acondicionados con explosivos dejó tres soldados muertos y aproximadamente 30 personas heridas, entre ellas ocho militares en estado grave.
El Ministerio de Defensa atribuyó preliminarmente la acción al Ejército de Liberación Nacional (ELN), señalando que podría tratarse de una represalia por la captura de alias «Carrito», identificado como cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó. Sin embargo, las circunstancias y responsabilidades del atentado continúan sujetas a las investigaciones correspondientes.
Las víctimas fueron identificadas como Jairo Lince Carvajal, Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina. El ataque evidencia la evolución de las capacidades operativas de las organizaciones armadas, particularmente mediante el empleo de aeronaves no tripuladas adaptadas para transportar cargas explosivas, una modalidad que representa nuevos desafíos para las fuerzas de seguridad.
La violencia también alcanzó al departamento del Cauca, donde se registraron explosiones en la vereda Playa Rica, municipio de Suárez, y un atentado contra el peaje de Mondomo, en la vía Panamericana, jurisdicción de Santander de Quilichao.
En el primer incidente, un artefacto explosivo detonó sobre una carretera que comunica la cabecera municipal con el corregimiento de Betulia, sin dejar víctimas. En el segundo, individuos que se movilizaban en motocicleta lanzaron dos artefactos explosivos contra las instalaciones del peaje, provocando daños materiales.
Estos acontecimientos tienen importancia estratégica porque afectan corredores de movilidad y conectividad regional. El Cauca constituye un territorio donde confluyen disputas entre organizaciones armadas por el control territorial, las economías ilegales y las rutas vinculadas al narcotráfico.
Las autoridades departamentales solicitaron una reunión de seguridad con el Gobierno nacional para revisar los mecanismos de protección de las comunidades y fortalecer la respuesta institucional.
Uno de los acontecimientos que mayor preocupación generó fue la amenaza de posibles atentados contra medios de comunicación colombianos.
La sede principal de Caracol Televisión, en Bogotá, fue evacuada preventivamente después de que las autoridades advirtieran sobre posibles acciones de grupos armados ilegales contra sus instalaciones. En el mismo complejo funcionan también el diario El Espectador y la emisora Blu Radio.
Caracol Radio confirmó que recibió información oficial sobre riesgos contra sus instalaciones y otros medios, por lo que activó protocolos preventivos para proteger a periodistas, trabajadores y visitantes.
Las advertencias también alcanzaron a RCN y a la revista SEMANA. Aunque las primeras verificaciones policiales no encontraron explosivos en el edificio evacuado, la situación obligó a reforzar las medidas de seguridad y mantener la vigilancia sobre las instalaciones periodísticas.
El presidente De la Espriella ordenó desplegar las capacidades de seguridad del Estado para proteger a los medios de comunicación y sus trabajadores. El mandatario sostuvo que su Gobierno no permitirá que el narcoterrorismo intimide al periodismo ni que las organizaciones criminales utilicen las amenazas como mecanismo de presión sobre la sociedad.
La defensora del pueblo, Iris Marín, y el procurador general, Gregorio Eljach, también condenaron las intimidaciones y reclamaron garantías para el ejercicio libre e independiente de la prensa.
La sucesión de ataques plantea un interrogante central: ¿están las organizaciones armadas intentando demostrar que conservan capacidad de intimidación frente a la política de confrontación del nuevo Gobierno?
De la Espriella llegó a la Presidencia con una propuesta de endurecimiento de las operaciones contra las estructuras criminales, distanciándose de la política de paz total impulsada por su antecesor, Gustavo Petro. Su estrategia contempla operaciones militares, capturas, extradiciones y el fortalecimiento de la presencia estatal en territorios disputados por grupos ilegales.
Sin embargo, el panorama colombiano demuestra que la respuesta militar, aunque constituye una herramienta del Estado frente a las organizaciones armadas, debe acompañarse de inteligencia, protección de la población civil, investigación judicial y presencia institucional permanente.
Los ataques con drones, las explosiones contra infraestructura y las amenazas a medios de comunicación no representan únicamente desafíos militares. También afectan la actividad económica, la movilidad, la libertad de prensa y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
El problema de fondo es estructural: Colombia continúa enfrentando organizaciones con capacidad de financiación, armamento, redes territoriales y disputas por economías ilícitas. Por ello, recuperar el control de las zonas afectadas requiere algo más que operaciones de fuerza: exige desarticular las fuentes de financiación criminal y garantizar que las comunidades no queden nuevamente bajo el dominio de grupos armados.
La jornada del 7 y 8 de noviembre deja una advertencia sobre la complejidad del escenario de seguridad colombiano. El Estado enfrenta el reto de responder a las amenazas sin permitir que la violencia determine el funcionamiento de las instituciones, silencie al periodismo o convierta a la población civil en víctima de las disputas armadas.
Fuente: Agencia EFE y medios de comunicación colombianos. Información basada en los reportes publicados los días 7 y 8 de noviembre de 2026.