Credito Samuel Amaya
Por Alonso Rosales
A 51 años de la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, la Universidad de El Salvador (UES) volvió a recorrer las calles de San Salvador para exigir verdad y justicia por uno de los episodios más dolorosos de la historia contemporánea del país. La marcha conmemorativa recordó a los estudiantes asesinados y desaparecidos cuando una manifestación pacífica fue reprimida por fuerzas de seguridad del Estado bajo el gobierno militar de entonces.
Sin embargo, más de medio siglo después, el reclamo de las víctimas y de sus familiares continúa siendo el mismo: el Estado salvadoreño no ha logrado establecer plenamente la verdad, identificar a todos los responsables ni ofrecer una reparación integral. La falta de justicia en este caso también refleja una deuda histórica con otros crímenes que marcaron al país, como la masacre de Las Tres Calles, el asesinato del sacerdote jesuita Rutilio Grande y el magnicidio de Óscar Arnulfo Romero, canonizado posteriormente por la Iglesia Católica.
Durante la conmemoración, el rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, reiteró que la universidad seguirá exigiendo que la Fiscalía General de la República investigue los hechos ocurridos el 30 de julio de 1975. Según explicó, aún existen familias que desconocen el paradero de sus seres queridos y que esperan, al menos, conocer la verdad sobre lo ocurrido.
Para el analista político Álvaro Artiga, académico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la ausencia de justicia en estos casos históricos representa una debilidad institucional que afecta la reconciliación nacional.
“Mientras los casos emblemáticos permanezcan sin resolverse, la sociedad salvadoreña seguirá teniendo una deuda con las víctimas. La memoria histórica requiere verdad, justicia y garantías de no repetición para fortalecer el Estado de derecho”, ha sostenido el investigador en diversos análisis sobre memoria y democracia.
Desde la Universidad Nacional de El Salvador, el historiador y analista Carlos Gregorio López Bernal considera que los acontecimientos de 1975 forman parte de un proceso histórico que aún demanda esclarecimiento.
“La historia no puede construirse sobre el olvido. Investigar estos hechos no busca reabrir heridas, sino cerrarlas mediante el conocimiento de la verdad y el reconocimiento de las víctimas”, ha señalado el académico en distintas publicaciones sobre memoria histórica.
La dimensión moral también continúa siendo parte del debate nacional. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, ha reiterado en numerosas ocasiones que la reconciliación auténtica únicamente puede alcanzarse cuando existe verdad, justicia y respeto a la dignidad de las víctimas.
“El perdón no significa olvidar. La paz verdadera necesita justicia y memoria para que hechos semejantes nunca vuelvan a repetirse”, ha expresado el líder religioso en diferentes homilías dedicadas a las víctimas del conflicto salvadoreño.
La masacre del 30 de julio ocurrió en un contexto de creciente conflictividad política y social, cinco años antes del inicio formal de la guerra civil. Aquella tarde, estudiantes universitarios y de educación media fueron atacados cuando marchaban para protestar por la intervención militar en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la UES. Hasta la actualidad no existe una cifra oficial definitiva sobre el número de personas asesinadas, heridas o desaparecidas.
Más de cinco décadas después, las flores colocadas cada año en el monumento del paso a desnivel de la 25 Avenida Norte representan no solamente un homenaje a quienes perdieron la vida, sino también el recordatorio de que numerosos casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos siguen esperando justicia. La masacre del 30 de julio, la de Las Tres Calles, el asesinato de Rutilio Grande y el de Monseñor Romero continúan siendo símbolos de una deuda histórica que permanece sin saldarse plenamente para miles de familias salvadoreñas y para la memoria colectiva del país.