Por Alessia Genoves
En desarrollo: ”Pacto con maras y pandillas, negociaciones electorales y la concesión de beneficios penitenciarios”son las principales acusaciones que se enumeran en el denominado “Caso Tregua”. En el escenario de negociaciones son sometidos a juicio el ex-presidente salvadoreño por el FMLN, Carlos Mauricio Funes Cartagena; y el ex-ministro de Defensa, David Emiliano Munguía Payés. El juicio se celebra en el Juzgado Especializado de Sentencia “C”, donde la Fiscalía General de la República (FGR) ventila los indicios de su participación en los delitos de “agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios”.
“Mauricio Funes otorgó beneficios a pandilleros que se encontraban en prisión, entre ellos, el traslado de líderes de la pandillas al Centro Penal de Zacatecolucas a centros penitenciarios de menor seguridad”, acusa la FGR. También añade el supuesto de que el ex-presidente “facilitó las reuniones entre pandilleros que se encontraban en libertad con cebecillas que se encontraban recluidos en centros penales”. Sin embargo, Funes califica las imputaciones como ridículas.
“Mientras duró la tregua entre pandillas (poco más de un año) yo no ordené ni avalé ninguna ilegalidad. Ni siquiera estuve en las reuniones entre pandilleros. Tampoco fui mediador”, sostiene el ex-presidente, cuyo estatus jurídico en el proceso judicial es el de un reo ausente, mientras ha buscado refugio y nacionalización en Nicaragua, desde donde no puede ser extraditado por derecho constitucional. Manifiesta su temor a la supuesta parcialidad de los jueces, y alega su inocencia a través de sus redes sociales.
La Tregua
“La Tregua” es un proceso de negociación organizado entre los representantes de la Mara 18 y de la Mara Salvatrucha (Ms 13), dos organizaciones que han sido calificadas como “agrupaciones terroristas” por la Sala de lo Constitucional en 2015 (Sentencia con referencia 22- 2007/42-2007/89-2007/96-2007, de fecha 24/8/2015). Representantes de maras y pandillas habían indicado ser “víctimas de discriminación”, y buscaron la mediación con instituciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia Católica, ésta última con el apoyo del también declarado culpable por la justicia salvadoreña, el sacerdote Fabio Colindres.
“Los mediadores de la tregua no actuaron en representación del gobierno. Su rol no fue negociar concesiones o beneficios del gobierno para los pandilleros al margen de la Ley. Su rol fue observar el proceso de tregua que acordaron las pandillas (MS-13 y Barrio 18) entre sí”, alegó Funes, desde sus redes sociales.
Negociaciones con agrupaciones terroristas han sido prácticas habituales que, por otra parte, también han sido denunciadas por organizaciones como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al someter los liderazgos de varios pandilleros en el territorio de dónde tuvieron origen. Ese tipo de prácticas también implicarían a Funes en el proceso, quien elude sus responsabilidades con su inasistencia, y alegando su desconfianza en las instituciones judiciales y en sistema penitenciario que acumula más de 65,000 personas acusadas de pertenecer o colaborar con maras y pandillas.
“Si la presencia de los observadores en las reuniones con pandilleros fue ilegal para la FGR por qué no han sido acusados los representantes de la OEA, el Obispo Castrense que actuó como delegado de la iglesia católica o el Comisionado Arriaza que estuvo como delegado de la PNC?”, cuestiona el ex-presidente sobre hechos demostrados y divulgados por la televisión salvadoreña, durante los procesos que transcurrieron en la negociación. Sin embargo, omite referirse a las acusaciones sostenidas contra el titular del Ministerio de Defensa, Munguía Payés, quien era parte de la representación de las Fuerzas armadas junto con Funes, como Comandante General.
Munguía Payés es, por otra parte, señalado de entrenar a miembros de maras y pandillas desde la corporación castrense. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reitera la acusación de que el ex-ministro entregó armas y municiones a las agrupaciones terroristas, y que “entrenaba a pandilleros en polígonos de tiro”, para su adiestramiento.
Sin embargo, en el proceso de tregua -que no individualiza a Funes ni a Payés- también se han identificado a 175 miembros de maras y pandillas, en la negociación de la reducción de la violencia para beneficios electorales a cambio de cantidades dinerarias que superan los $400 mil dólares. ContraPunto basa sus observaciones en el dictamen de la Cámara Primera Especializada de lo Penal (con referencia 145-HASTA-185-BIS-APE-2020AC) de 2021, en que que también se implicó al ex-alcalde de ARENA del municipio de Ilopango, Salvador Ruano; como a dos de sus co-religionarios, los ex-diputados Ernesto García Muyshondt y Norman Noel Quijano, aspirante a alcalde.
Acusaciones
FGR, sin embargo, individualiza al ex-presidente en la comisión de delitos de “negociaciones ilícitas e incumplimiento de deberes”; mientras que sobre Munguía Payés añade la acusación de “actos arbitrarios”. En su momento, el titular de la institución, Rodolfo Delgado, indicó que las sanciones que se aplicarán en contra de Funes responden a las recientes reformas establecidas en el Código Penal. En concreto, se añade al artículo 345 que se aplica en contra de funcionarios que delinquen, con penas que se agravarán hasta “una tercera parte del máximo en cada caso y la inhabilitación absoluta del cargo”.
Y, hay que añadir, que el Caso Tregua implica a figuras mediadoras. Y según reza el Código Penal, éstas personas “que promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las agrupaciones, asociaciones u organizaciones también serán sancionados con la pena de 20 a 30 años de prisión”.
En concreto, la FGR señala responsabilidades en contra de Funes, como:
- Traslado de líderes de la pandilla del Centro Penal de Zacatecoluca a centros penitenciarios de menor seguridad
- Acceso de electrodomésticos a los centros penales
- Utilización de celulares
- Ingreso de comida rápida
- Reuniones entre pandilleros que se encontraban en libertad con los cabecillas que se encontraban recluidos en los diferentes centros penales
FGR, entre otras cosas, también identifica al imputado ausente del delito de “incumplimiento de deberes”, a razón de no establecer medidas preventivas al desarrollo de las presunta concesiones de beneficios. Ésta imputación se establece a los servidores públicos que “ilegalmente omitiese, rehusare hacer o retardare algún acto propio en su función”, y las sanciones máximas son de 6 años, o de hasta 8 años más la inhabilitación del cargo “cuando el incumplimiento del deber de lugar a un hecho delictivo, o se cometa otro”.
Funes, sin embargo, sostiene: “Nunca ordené ni autoricé ninguna negociación. La tregua fue entre pandillas rivales y no con el gobierno. Jamás se les dejó de perseguir y menos de capturar pandilleros. A esto hay que sumarle que se está llevando a cabo un juicio con imputado ausente y sin defensa pública”; y también presume que “no se ha respetado el debido proceso”, aduciendo también una presunta inaplicabilidad a la reforma del Código Procesal Penal, al no favorecerle.
Tregua y muertes
2,500 femicidios y de 18.970 homicidios se totalizaron durante la administración del expresidente Funes (2009-2014). Sin embargo, la cifra es inferior a la de su sucesor, también partidario del FMLN, el profesor y expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). El profesor es también asilado y nacionalizado a Nicaragua, llegó a reportar en su administración hasta 2.578 femicidios y de 22,289 homicidios.
Ésta reducción reducción en los registros respondería al presunto pacto entre pandillas. De hecho, hasta 2009, año en el que Funes ingresó al poder, los homicidios llegaron a los 4,382, representando un incremento del 37.8% respecto de los 3,179 homicidios reportados en 2008. Sin embargo, la más importante reducción se reportó en los años 2012 y 2013, con 2594 y 2490 homicidios, respectivamente. La primera cifra representaría una reducción -40.5% respecto de los 4,371 homicidios reportados en 2011.
2014, por otra parte, sería escenario político en el que se celebrarían las elecciones presidenciales, municipales y legislativas. En tales escenarios, también habrían participado personalidades políticas como Raúl Mijango y el ex-alcalde del municipio de Ilopango, Salvador Ruano. En otros hechos, también son acusados los ex-alcaldes de San Salvador y ex-diputados de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano y Ernesto Muyshondt.
Pero, pese a los presuntos esfuerzos del partido de oposición por conseguir la presidencia de manera fraudulenta, las elecciones presidenciales dieron el voto presidencial al profesor Salvador Sánchez Cerén. Tras la administración de éste, no se han suscitado acusaciones por presuntos pactos con pandillas; de hecho, como se ha mencionado anteriormente, se llegaron a reportar hasta 22,289 homicidios; es decir, respecto a la administración de Funes un incremento del 14.8%.
