martes, 16 abril 2024

Casi 300 mareros caen en Cerco Soyapango y Bukele no quita el Régimen

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Casi 300 mareros caen en el Cerco Soyapango. Bukele niega quitar el Régimen de Excepción, frente a recomendaciones de la CIDH y de HRW. HRW sugiere al BCIE y cooperantes no financiar a El Salvador en la política de seguridad.

Por Alessia Genoves


Casi 300 personas han sido detenidas en el Cerco Soyapango. Los operativos policiales responden a la presunción por la pertenencia o participación con maras o pandillas, en el desarrollo de la Fase 5 del Plan Control Territorial “Extracción”. Los mismos procedimientos y acusaciones han tenido lugar en la detención de las 59,307 personas, según la Policía Nacional Civil (PNC), desde la declaración de la Guerra Contra Pandillas; y de éstas, el 90% cumplen prisión preventiva.

2,000 es la cifra aproximada de personas que han sido liberadas de prisión. El dato ha sido divulgado por el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Es una cantidad por la que responde también el registro de unos 4,071 documentos sobre presuntas vulneraciones a derechos humanos, registrados por organizaciones como Fundación Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).

“Terminar con el régimen de excepción” es la demanda que organizaciones como Fundación Cristosal y Human Right Watch han hecho al gobierno salvadoreño. Estas se reiteran ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, el presidente ha negado la solicitud, y la PNC argumenta un registro de 153 días sin homicidios desde la vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, que representa el 59.5% de los 257 registros sin homicidios desde la administración Bukele.

Casi 300

300 detenciones es una cifra aproximada de los operativos que han culminado, tras la instalación del Cerco Soyapango. El primer informe lo rindió el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, con 275 detenciones; y la cifra ha ido incrementando tras la divulgación de operativos policiales, en colonias y caseríos del municipio.

19 de las detenciones acontecieron al informe inicial, en las redadas operativas, de acuerdo con las divulgaciones de la PNC, y del MJSP; y otras 3 fueron divulgadas por la Fuerza Armada de El Salvador. El registro de los operativos ha tenido lugar en zonas como Ciudad Credisa, la Colonia Campanera; Colonia Las Margaritas y la Colonia San José del municipio de Soyapango: que califican de entre los “40 puntos estratégicos”.

10,000 son los operativos de seguridad pública que están en operación del Cerco  de seguridad. Del personal operativo se enumeran 8,500 tropas militares, y 1,500 agentes de la PNC El personal militar, entretanto, ha sido reforzado con “1,300 cascos balísticos, 2,000 placas antibalas y 184 cámaras tácticas; inversión que asciende a $1.1 millones de dólares y que servirá para la protección de los soldados durante la guerra contra pandillas”, detalla las FAES.

 “Eduardo Pérez, alias “Scooby”, décima silla de la MS13, es uno de los responsables del alza de homicidios de marzo y de miles de asesinatos más en los últimos años”, según lo destaca Villatoro entre los operativos más importantes. Sin embargo, dentro del cerco destaca la aprehensión de Karina Beatriz Bonilla, Alias La Reina del Sur, quien era “la encargada de recibir todo el dinero de las extorsiones en Las Margaritas, Soyapango”; y destaca además por ser la pareja de alias Danger, una de las 15 “sillas” de la MS13.

Alias El Gasper  también fue sometido por las FAES, en la Colonia San José. Y aunque Merino Monroy no detalló su nombre, los tatuajes en su torso desnudo determinaron su pertenecia a las maras. También fue detenido “Daniel Ángel Menjivar, de la pandilla 18 S (Sureños) fue ubicado sobre la Avenida Rosario Sur, de Soyapango”, detalla Monroy.

Destacó el arresto de homicida e integrantes de maras, como el “Lazy”, alias con el que se identificó al ciudadano salvadoreño, Guillermo Alexánder Pineda, miembro activo del Bario 18 Revolucionarios. Homicidios, agrupaciones ilícitas y extorsiones se constataron de su historial delictivo; causas penales por las que, según la PNC, “entre 1999 y 2020 fue procesado 10 veces”.

Human Right Watch y el Régimen

“Terminar con el régimen de excepción dada la ausencia de evidencias sólidas que demuestren que sus restricciones a los derechos fundamentales son proporcionadas y estrictamente necesarias para responder a una situación que ponga en peligro la vida de la nación”, es una de las demandas que HRW hizo al gobierno de El Salvador, y reiterada a la Asamblea Legislativa.

153 días sin homicidios contradecirían las afirmaciones de la organización. El dato responde al registro de muertes violentas cuantificadas desde la vigencia del Régimen de Excepción, y prorrogado en 8 ocasiones, debido a la prevalencia más de 25 maras y pandillas en libertad.  Las prórrogas son justificadas a juicio de la ponderación del derecho a la vida de la población, por sobre la libertad de maras y pandillas.

59,600 detenciones es la cifra aproximada que se cuantifica desde la vigencia del Régimen. El 90% de los operativos ha comprobado indicios de su pertenencia o participación con maras y pandillas. Sin embargo, cerca de 2,000 personas han sido liberadas, en el contexto de las detenciones en el Régimen. La cifra representa cerca del 3.35% de las detenciones totales, una proporción que supera a las estimaciones del presidente, en el “1% de error”.

HRW, en respuesta de los acontecimientos, también demandó a la Asamblea Legislativa “derogar las reformas de 2022 a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Penal Juvenil, y la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Crimina”, pese a que responden a la legalización de las detenciones. Al  respecto de las citadas leyes, pidió adecuarlas al “Código Penal y el Código Procesal Penal a estándares internacionales”

Nayib Bukele, sin embargo, negó las petitorias. Entre otras cosas, también ha reprochado señalamientos expresos por la subdirectora de HRW, Tamara Tamaciuk, en la agencia de noticias Deutch Welle en español. Bukele señaló la relación entre “los grandes medios y las ONGs”, que según él “han arreciado sus ataques”. Indicó que éstas acciones responderían a que “no es que les interese El Salvador (nunca les interesó), su temor es que tengamos éxito, porque otros gobiernos querrán imitarlo. Temen al poder del ejemplo”.

Pese a que el comunicado refería al informe de demandas de HRW, sobre presuntos hechos de vulneraciones contra los derechos humanos, Bukele enfatizó en el hecho en que las declaraciones de Tamaciuk también referían a que otros países –Honduras, Ecuador y Guatemala- han declarado los métodos de seguridad en El Salvador como ejemplarizantes.

HRW, de hecho, no solamente refiere sus demandas y recomendaciones al gobierno, es instituciones del Estado. También refieren a cooperantes internacionales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), e integrantes, a “suspender los préstamos que beneficien a la Policía Nacional Civil, el Ministerio de la Defensa Nacional, la Dirección General de Centros Penales y la Fiscalía General de la República y formular e incluir criterios específicos y mensurables de derechos humanos”.

Calificó el trabajo de las organizaciones como “un esquema perverso”. También refirió a que “estos organismos tienen intereses invertidos en que siga el baño de sangre en Latinoamérica. Atacan a quienes luchan contra el crimen y el terrorismo, mientras promueven formas para que los criminales y terroristas accedan o vuelvan al poder político”.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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