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La decisión judicial marca un precedente en casos de lesa humanidad relacionados con la guerra civil salvadoreña
Por Redacción ContraPunto
San Salvador, El Salvador — Una cámara de apelaciones de El Salvador ratificó la condena contra tres ex altos mandos militares por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses ocurrido en 1982, durante el conflicto armado salvadoreño. La resolución, confirmada el 4 de mayo de 2026, representa un hecho histórico al convertirse en la primera condena por crímenes de lesa humanidad derivados de la guerra civil que supera la etapa de apelación y es confirmada por una instancia superior.
Los condenados son el exministro de Defensa, José Guillermo García; el exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán; y el excoronel Mario Adalberto Reyes Mena, señalado como autor intelectual de la emboscada. Aunque el tribunal impuso penas de 60 años de prisión, la legislación vigente al momento de los hechos limita el cumplimiento efectivo a 30 años.
El 17 de marzo de 1982, los periodistas neerlandeses Koos Koster, Jan Cornelius Kluiver, Hans ter Laag y Johannes Willemsen fueron asesinados junto a varios combatientes guerrilleros en Chalatenango, cuando realizaban un documental sobre la guerra civil para la televisora holandesa IKON.
Las investigaciones históricas y judiciales determinaron que el ataque no fue un enfrentamiento accidental, sino una emboscada planificada por mandos militares salvadoreños. Los comunicadores habían sido previamente vigilados y señalados públicamente por organismos de seguridad del Estado debido a sus contactos con miembros del FMLN.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad y documentos periodísticos de la época, la operación fue coordinada desde estructuras militares de alto nivel, incluyendo oficiales del Estado Mayor y de la Cuarta Brigada de Infantería.
La ratificación de la condena es considerada un hito jurídico en El Salvador, especialmente tras décadas de impunidad derivadas de la Ley de Amnistía de 1993, declarada inconstitucional en 2016.
Diversas organizaciones de derechos humanos consideran que esta resolución abre el camino para avanzar en otros procesos relacionados con masacres y asesinatos cometidos durante la guerra civil, entre ellos los casos de El Mozote, El Sumpul y el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Aunque la defensa de los condenados aún puede presentar recursos ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la resolución fortalece el reconocimiento judicial de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.
José Guillermo García fue ministro de Defensa entre 1979 y 1983, uno de los periodos más violentos de la guerra civil salvadoreña. Durante su gestión ocurrieron algunos de los episodios más graves de violaciones a derechos humanos documentados en el país, incluyendo masacres, desapariciones forzadas y asesinatos políticos.
En años posteriores, García enfrentó procesos civiles en Estados Unidos por violaciones a derechos humanos y fue deportado a El Salvador en 2016, tras ser señalado de haber tenido conocimiento o participación en crímenes de guerra.
Mientras Francisco Antonio Morán y José Guillermo García permanecen bajo custodia judicial en El Salvador, Mario Reyes Mena continúa residiendo en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia mantiene un proceso de extradición en su contra para que enfrente plenamente la condena dictada por tribunales salvadoreños.
La sentencia ratificada es vista por víctimas y organizaciones sociales como un paso importante hacia la verdad, la justicia y la reparación histórica en El Salvador.