Por Alessia Genoves
Coronel Roberto Antonio Garay es arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés). Responde a las acusaciones de “participar en múltiples operaciones, incluida la Masacre de El Mozote, donde murieron 1,000 civiles adultos y niños”. El dato que comparte la ICE responde a una aproximación a las 1,730 víctimas enumeradas por el Concejo Directivo Único de Víctimas de El Mozote y Lugares Aledaños, de las que fueron asesinadas unas 988 personas.
17 ex-miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) son señalados por su participación directa en los asesinatos. De entre los acusados, han sido enviados a juicio el Cnel. Gullermo García y el Cnel Rafael Flores Lima, en el proceso que se ventila en el Juzgado de Primera Instancia Dulce Nombre de María, en Chalatenango. También son procesados los ex-militares Francisco Antonio Morán y Mario Adalberto Reyes Mena, bajo los cargos de “homicidio agravado y de comisión por omisión”.
Cae Robergo Garay
ICE ha notificado la aprehensión formal del Cnel. Roberto Garay. El operativo tuvo lugar el pasado 4 de abril, por obra de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (Dep), y por agentes de Investigación y Seguridad Nacional (HSI, en inglés). La acusación formal que refiere en su artículo titulado “ICE arresta a ex oficial el Ejército de El Salvador en Nueva Jersey acusado en el caso de la masacre de El Mozote”, refiere a la supuesta participación del incoado en “participar de otra manera en ejecucioes extrajudicialse y por deliveradamente tergiversar éste hecho material en su solicitud de migración”.
Roberto Garay, por tanto, tendría una situación migratoria irregular; y, según lo señala la ICE, es ilegal en tanto que el mismo defraudó las solicitudes requeridas para su estadía en EEUU. La institución tomó su decisión con base a los resultados de las investigaciones elaboradas por el “Centro de Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra (HRVWCC) de HSI”, para que el caso sea procesado en la “Oficina del Asesor Legal Principal (Opla) de ICE Newark y Opla Fildelfia”, detalla el artículo.
Detalla ICE, para dar contexto de sus arraigos, que “de 1981 a 1985, Garay Saravia fue comandante de sección en una unidad especializada de contrainsurgencia conocida como el Batallón Atlacatl, que ha estado directamente implicado en numerosas atrocidades, incluida una operación de diciembre de 1981 ahora conocida como la Masacre de El Mozote, en la que más de 1,000 civiles, más de la mitad de los cuales eran niños, fueron asesinados”.
Sostiene, además, que “Garay Saravia también estuvo desplegado en otros tres operativos en el departamento de Cabañas, La Quesera y El Calabozo que resultaron en la masacre de cientos de civiles no combatientes”. Ello implica que el acusado también estaría implicado en el asesinato de más de 1,200 personas, siendo de manera indirecta, según lo señala la ICE.
Juicio de lesa humanidad
Imprescriptibles de acción penal son los delitos cometidos en la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el hecho como un crimen de lesa humanidad, desde la difusión del “Informe de la Comisión de La Verdad: De la Locura a la Esperanza”, en 1993. No obstante, los procesos judiciales y de investigación se suspendieron durante el período de los años 1993 y 2016, en que estuvo vigente la Ley de Amnistía General para la Consolidación de La Paz hasta su declaración de inconstitucionalidad.
ContraPunto observa que el proceso judicial contra los primeros 4 -de los 16 totales- demoró hasta el año 2018, cuando la ICE anunció la detención formal del Cnel Garcia. Hasta la fecha, el proceso que se ventila en el Juzgado de Primera Instancia, Dulce Nombre de María, en Chalatenango. De acuerdo con los demandantes, habría sido acusado por el delito de homicidio agravado por, en el grado de “comisión por omisión”, junto con el coronel Rafael Flores Lima. Otros acusados responden al nombre de los ex-militare Francisco Antonio Morán y Mario Adalberto Reyes Mena.
García y Morán, particularmente seguirían detenidos. Para el caso de El Mozote, García manifestaría su disposición de participar en el proceso que se le imputa, pese a que había depuesto su traslado a un centro penal, por complicaciones médicas. Sin embargo, en opinión de Morales, la disposición del acusado es incoherente.
Roberto Garay, entretanto, será sometido ante la Opla de Filadelfia, que determinará sus condiciones de deportación. En última instancia, las autoridades salvadoreñas deberán intervenir en su extradición -para su posterior judicialización- desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Órgano Judicial.
