Redacción ContraPunto
El presidente Nayib Bukele anunció que el Gobierno revisará los expedientes de 10,629 personas señaladas como colaboradoras ocasionales de pandillas. Cerca de la mitad podría acceder a beneficios penitenciarios mediante el programa Cero Ocio, una iniciativa que vincula el trabajo de los reclusos con la posibilidad de obtener una salida anticipada.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que alrededor de 5,000 privados de libertad señalados como colaboradores ocasionales de pandillas podrían acceder a beneficios penitenciarios que les permitirían recuperar su libertad antes de cumplir la totalidad de sus condenas
Durante una conferencia de prensa el viernes 16 de octubre, el mandatario explicó que la medida contempla una revisión de los expedientes de 10,629 personas que, según la clasificación presentada por el Gobierno, colaboraron con estructuras criminales sin formar parte de sus integrantes.
De acuerdo con la estimación preliminar del Ejecutivo, aproximadamente el 50 % de ese grupo podría cumplir los requisitos para incorporarse al programa Cero Ocio, mediante el cual los reclusos realizan trabajos de utilidad pública.
“De esos 10,000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50 % pudiera entrar al programa Cero Ocio para poder salir más rápido”, manifestó Bukele.
El anuncio representa una precisión respecto de las declaraciones que el presidente realizó el pasado 13 de octubre, cuando adelantó que su administración preparaba una propuesta de liberación anticipada para una parte de la población penitenciaria vinculada a las pandillas.
En esta ocasión, Bukele delimitó el grupo que podría beneficiarse de la iniciativa y señaló que no se trataría de todos los detenidos relacionados con estas estructuras criminales, sino de personas clasificadas como colaboradoras ocasionales.
El gobernante explicó que las autoridades distinguen entre los miembros plenos de las pandillas, quienes todavía no han completado su incorporación formal, los colaboradores habituales y aquellos que habrían prestado ayuda de manera esporádica.
Según los datos expuestos por el mandatario, de un total de 96,457 privados de libertad relacionados con las pandillas, 42,125 son considerados integrantes plenos, 25,910 pertenecen a una categoría de incorporación incompleta, 17,793 son identificados como colaboradores habituales y 10,629 figuran como colaboradores ocasionales.
Bukele sostuvo que los colaboradores habituales mantenían una relación constante con las estructuras criminales, mientras que el último grupo estaría compuesto por personas cuya colaboración habría sido circunstancial.
El programa Cero Ocio constituye uno de los mecanismos penitenciarios utilizados por el Gobierno para incorporar a los reclusos a actividades productivas y trabajos de utilidad pública.
Entre las labores desarrolladas por personas privadas de libertad se encuentran la reparación y renovación de centros escolares, así como la elaboración de mobiliario educativo, incluidos pupitres.
La propuesta anunciada por Bukele contempla que una parte de los colaboradores ocasionales pueda acceder a una salida anticipada a través de este mecanismo, siempre que sus expedientes sean revisados y cumplan las condiciones correspondientes.
Sin embargo, el anuncio presidencial no equivale a una liberación automática de las aproximadamente 5,000 personas estimadas. La cifra constituye una proyección preliminar del Gobierno y la aplicación efectiva de los beneficios dependerá de la evaluación de cada caso y de los requisitos legales aplicables.
La iniciativa se plantea mientras El Salvador continúa bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 como parte de la estrategia de seguridad impulsada por la administración de Bukele contra las pandillas.
La política ha permitido miles de detenciones y se ha convertido en uno de los principales pilares del Gobierno. No obstante, también ha recibido cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, que han denunciado detenciones arbitrarias, deficiencias en las garantías procesales y presuntas vulneraciones de derechos fundamentales.
En ese contexto, la eventual concesión de beneficios penitenciarios abre interrogantes sobre los criterios que se utilizarán para determinar quiénes podrán acogerse a la medida, qué mecanismos garantizarán la revisión individual de los expedientes y cuáles serán las condiciones para recuperar la libertad.
El anuncio se produjo durante la visita oficial de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien se reunió con Bukele y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las principales instalaciones de la estrategia penitenciaria salvadoreña.
La política de seguridad continúa siendo uno de los principales componentes de la gestión presidencial y cuenta con un amplio respaldo entre la población, de acuerdo con los datos de opinión citados en la información original.
La encuesta de CID Gallup mencionada en ese reporte atribuye al trabajo presidencial un 98 % de opiniones positivas en materia de seguridad. Asimismo, un 71 % de los consultados considera que la delincuencia disminuyó durante los cuatro meses anteriores, mientras que un 4 % percibe un incremento.
El mismo sondeo señala que el 87 % de los entrevistados respalda la continuidad del régimen de excepción.
En medio de ese respaldo, el Gobierno plantea una posible diferenciación entre quienes considera integrantes de las pandillas y quienes habrían colaborado ocasionalmente con ellas.
La revisión de los 10,629 expedientes será determinante para establecer cuántas personas podrán acceder finalmente a los beneficios anunciados. Por ahora, la cifra de aproximadamente 5,000 posibles beneficiarios sigue siendo una estimación preliminar del Ejecutivo y no un número confirmado de liberaciones.