Por Redacción ContraPunto
El acuerdo con la multinacional española contempla proyectos de gas natural, almacenamiento de electricidad, energía solar, agua potable y saneamiento. El Gobierno sostiene que la inversión podría reducir los costos energéticos, fortalecer la infraestructura nacional y convertir al país en un centro de distribución de energía para Centroamérica.
El Salvador y la compañía española Grupo COX anunciaron el martes 13 de octubre de 2026 una alianza estratégica que contempla una inversión de $2,900 millones en proyectos de energía y agua, tras la firma de un memorando de entendimiento encabezado por el presidente Nayib Bukele y el presidente ejecutivo de la empresa, Enrique Riquelme.
El acuerdo, suscrito en Casa Presidencial, representa, según el mandatario, la mayor inversión privada anunciada hasta ahora en la historia del país. La cifra equivale aproximadamente al 7 % del producto interno bruto (PIB) salvadoreño, de acuerdo con las estimaciones difundidas durante la presentación.
La iniciativa busca ampliar la capacidad de generación eléctrica, incorporar sistemas de almacenamiento energético, desarrollar infraestructura para el gas natural y mejorar los servicios de agua potable y saneamiento. Se trata de sectores estratégicos para la actividad económica, la atracción de nuevas industrias y la calidad de vida de la población.
Sin embargo, el anuncio corresponde a un memorando de entendimiento: la ejecución efectiva de las obras, sus plazos, las condiciones contractuales y los beneficios finales dependerán del desarrollo de cada proyecto.
El programa presentado por el Gobierno y Grupo COX se distribuye en cuatro grandes componentes, con una inversión total de $2,900 millones.
1. Gas natural: $1,800 millones
Es el componente de mayor peso económico. El proyecto contempla infraestructura terrestre para el almacenamiento de gas natural y una planta de generación eléctrica de aproximadamente 380 megavatios.
La propuesta busca fortalecer el abastecimiento energético de El Salvador y abrir la posibilidad de distribuir gas o comercializar electricidad hacia otros mercados centroamericanos. Guatemala figura entre los destinos potenciales mencionados durante la presentación.
La construcción de esta infraestructura podría contribuir a diversificar las fuentes de generación eléctrica y reducir la dependencia de determinados combustibles utilizados actualmente para producir electricidad.
Además, el desarrollo de un centro de almacenamiento y distribución podría favorecer la llegada de industrias que necesitan un suministro energético estable y suficiente para operar de manera competitiva.
2. Almacenamiento de energía mediante baterías: $300 millones
El segundo componente contempla sistemas de almacenamiento eléctrico con una capacidad inicial anunciada de alrededor de 440 megavatios, con la posibilidad de ampliarla hasta 1,000 megavatios en una etapa posterior.
El objetivo es almacenar parte de la electricidad generada por las plantas solares durante el día y utilizarla cuando la producción solar disminuya, especialmente durante la noche.
Este mecanismo puede contribuir a equilibrar la oferta y la demanda eléctrica, mejorar la flexibilidad del sistema y aprovechar mejor la generación renovable.
No obstante, la capacidad efectiva de almacenamiento, su duración y su aporte a la reducción de costos dependerán de las características técnicas definitivas de las instalaciones.
3. Plantas de energía solar: $200 millones
Grupo COX también proyecta invertir en plantas solares propias para ampliar la generación fotovoltaica en el territorio salvadoreño.
La energía solar puede ayudar a diversificar la matriz eléctrica y reducir el consumo de combustibles fósiles cuando existe suficiente producción renovable. Combinada con baterías, permitiría aprovechar una mayor proporción de la electricidad producida durante las horas de mayor radiación solar.
El desarrollo de estos proyectos deberá considerar su conexión a la red, los terrenos necesarios, los permisos correspondientes y la coordinación con el sistema eléctrico nacional.
4. Agua potable y saneamiento: $600 millones
El cuarto componente estará dirigido a proyectos relacionados con el agua potable y el saneamiento, con una inversión anunciada de $600 millones.
Este apartado tiene una relevancia particular para El Salvador, donde el acceso continuo al agua, la infraestructura de distribución y el tratamiento de aguas residuales representan desafíos para numerosas comunidades.
Las obras podrían contribuir a mejorar la disponibilidad y la gestión del recurso hídrico, además de fortalecer la infraestructura necesaria para el crecimiento urbano e industrial.
Sin embargo, todavía será importante conocer qué municipios y comunidades serán beneficiados, cuántas personas recibirán mejoras en el servicio, qué obras específicas se ejecutarán y cuáles serán los mecanismos para garantizar la continuidad y asequibilidad del suministro.
Durante la presentación, el presidente Nayib Bukele sostuvo que la nueva infraestructura energética podría contribuir a disminuir los costos de generación y, eventualmente, las tarifas que pagan los hogares salvadoreños.
El mandatario señaló que una mayor disponibilidad de gas natural, acompañada de fuentes renovables y sistemas de almacenamiento, permitiría reducir la dependencia de combustibles como el búnker.
También defendió la idea de que disponer de más energía a precios competitivos puede convertirse en un incentivo para atraer nuevas inversiones industriales. Las empresas que necesitan grandes cantidades de electricidad suelen valorar la estabilidad del suministro y la previsibilidad de sus costos operativos.
Sin embargo, la reducción de las tarifas eléctricas todavía debe considerarse un beneficio esperado, no un resultado garantizado. Para determinar si llegará efectivamente a los consumidores será necesario conocer los costos de construcción y operación, los contratos de suministro, las condiciones de financiamiento y la manera en que esos costos se trasladarán al sistema eléctrico.
Grupo COX es una compañía española dedicada al desarrollo y gestión de infraestructuras de agua y energía. Su actividad incluye generación eléctrica renovable, redes e infraestructura energética, desalación, potabilización y tratamiento de aguas residuales.
Su presidente ejecutivo, Enrique Riquelme, ha impulsado la expansión internacional de la empresa mediante proyectos de infraestructura y energía. La compañía mantiene presencia en distintos mercados y desarrolla iniciativas en América Latina y otras regiones.
Para El Salvador, la alianza representa una oportunidad de atraer capital extranjero hacia sectores que requieren inversiones elevadas y planificación a largo plazo. Para COX, el país podría convertirse en una plataforma para desarrollar proyectos energéticos y ampliar su presencia en el mercado centroamericano.
Durante el acto, Riquelme planteó la posibilidad de posicionar a El Salvador como un centro regional de importación y distribución de gas natural y destacó el potencial de crecimiento económico del país.
La materialización de esa aspiración dependerá, entre otros factores, de la demanda regional, la infraestructura de transporte, los acuerdos comerciales y la competitividad de los precios frente a otras fuentes de energía.
Una inversión de esta magnitud puede generar oportunidades laborales durante las fases de construcción, instalación y operación de las infraestructuras. También podría abrir espacios para empresas salvadoreñas de ingeniería, transporte, mantenimiento, servicios técnicos y suministro de materiales.
Otro posible efecto es el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para atraer nuevas actividades industriales, siempre que los proyectos se ejecuten conforme a los plazos previstos y ofrezcan condiciones competitivas.
No obstante, el monto anunciado no debe confundirse con dinero ya desembolsado ni con empleos que estén garantizados. Para medir el impacto económico real será necesario conocer el calendario de inversiones, las fuentes de financiamiento, la participación de proveedores nacionales y el número de puestos de trabajo directos e indirectos que se crearán.
Asimismo, será importante establecer qué proporción de los recursos se invertirá efectivamente en el país y cómo se distribuirán los beneficios entre el Estado, la empresa, los consumidores y las comunidades involucradas.
La magnitud del acuerdo también plantea interrogantes que el Gobierno deberá responder a medida que avance su ejecución.
Entre los aspectos relevantes están las condiciones del memorando, los contratos definitivos, los permisos ambientales, los mecanismos de supervisión pública y las obligaciones de cada parte. También será importante conocer si habrá garantías estatales, incentivos fiscales, concesiones u otros compromisos públicos asociados a los proyectos.
La transparencia será fundamental para que la ciudadanía pueda evaluar no solo el volumen de la inversión, sino también sus costos, riesgos y resultados.
En el ámbito energético, además, el gas natural puede ofrecer ventajas frente a determinados combustibles más contaminantes, pero sigue siendo un combustible fósil. Por ello, su incorporación deberá analizarse considerando los costos de largo plazo, las emisiones asociadas y la compatibilidad con los objetivos de expansión de las energías renovables.
En materia de agua, la evaluación deberá centrarse en el acceso efectivo de la población, la calidad del servicio, la sostenibilidad de las fuentes y la protección del recurso como bien esencial.
La alianza entre el Gobierno de Nayib Bukele y Grupo COX constituye uno de los anuncios de inversión privada más importantes realizados en El Salvador. Los $2,900 millones proyectados abarcan áreas decisivas para el desarrollo económico: electricidad, gas natural, energías renovables, agua potable y saneamiento.
El desafío será convertir el anuncio en obras concretas, con financiamiento verificable, plazos definidos y beneficios que puedan medirse. La inversión tendrá mayor relevancia para la población si se traduce en un suministro eléctrico más confiable, tarifas competitivas, mejores servicios de agua y oportunidades de empleo.
Para el Gobierno, el acuerdo representa una apuesta por modernizar la infraestructura y atraer capital internacional. Para la ciudadanía, la expectativa central será comprobar si esa inversión mejora las condiciones de vida y fortalece la economía sin trasladar riesgos desproporcionados al sector público.
La importancia histórica de esta alianza no se medirá únicamente por los millones anunciados, sino por las obras ejecutadas, la transparencia de los contratos y los beneficios concretos que reciban los salvadoreños.