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domingo, 16 de mayo del 2021

BUKELE 1ER AÑO: reduce homicidios a población LGBT, pero recorta garantías sociales

El primer año presidencial de Nayib Bukele reporta al menos 7 asesinatos en contra de la comunidad LGBT; cuatro de ellas son mujeres trans, y las otras tres se identifican como homosexuales

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El primer año de gobierno del Presidente Armando Bukele se ha caracterizado una alta calificación popular, por el incremento del gasto público en políticas de sanitarias y de seguridad; así como por la reducción de hasta casi el 4.3 homicidios por día, dentro de los que se reportan sólo a 7 asesinatos a la Comunidad LGBT.

Pese a la reducción de homicidios, las personas de la Diversidad Sexual y Genérica dejaron de contar con el respaldo del Decreto Ejecutivo N.º 56 que velaba por la protección de los Derechos Humanos, tras la clausura de la Secretaría de Inclusión Social, una de las cinco secretarías de Estado eliminadas en la gestión del presidente.

Al menos 7 asesinatos contra la Comunidad LGBT, y mayor estímulo a Fuerzas de Seguridad

El gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele contó con la aplicación del Plan Control Territorial, y ha reportado una disminución gradual de hasta 4.3 homicidios por día, un saldo de 1,559 asesinatos, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), entre los que se identifican al menos a 7 personas de la comunidad LGBT.

En contraste al presente año, la Organización de Naciones Unidas había reconocido a El Salvador como el país más violento de la región Centroamericana en 2019, estimando una tasa de homicidios de hasta 62 personas por cada 100 mil habitantes, con un registro de 3,343 asesinatos, de los que, por lo menos, una docena pertenecen a miembros de la Comunidad LGBT.

“Lo que nos preocupa es este concepto de militarización que está teniendo un relativo éxito en lo que es la disminución de homicidios, pero está haciendo que la sociedad está cada vez militarizada: Más presupuesto al ejército, más personas en el ejército, y una concepción de que todo se resuelva golpes, que todo se resuelve por la fuerza. Eso en nuestro país es un retroceso grave”, expresa Alberto Romero, Defensor de Derechos Humanos.

En efecto, el Ministerio de Defensa hace efectiva la participación de más de 8,600 cuerpos militares y más de 25 mil agentes policiales en actividades de Seguridad Pública, con una inversión inicial de 117 mil millones de dólares, y equipados con más de 200 mil 400 millones de dólares en armamento, de préstamos internacionales.

Desde el pasado 12 de marzo, el Ministerio de Salud cuenta con el apoyo de las Fuerzas de Seguridad Nacional, para darle efectividad a las medidas sanitarias delegadas en el congreso nacional.

No obstante, para el investigador especializado en Derechos Humanos en Centroamérica, Erik Vidal Martínez, el incremento en efectivos militares constituye un riesgo latente a la violación a los derechos humanos; y manifiesta que no existen programas especializados en la “Prevención de Violencia en contra de la Comunidad LGBT”. Comenta que “el gobierno piensa que la manera de cómo proteger a una persona heterosexual es la misma que puede proteger a una persona LGBT”.

En cumplimiento a la norma vigente, la Asamblea Legislativa reconoció, desde el pasado 27 de noviembre, “el uso de la Fuerza Armada, excepcionalmente, para el mantenimiento de la paz interna, tranquilidad y seguridad pública”, como lo dispone el Art. 168 de la Constitución de la República, que permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre del año 2020.

Sin embargo, las denuncias en contra del ejecutivo superan más de 250 procesos judiciales en el Contexto de la Pandemia del COVID-19, según datos de la Corte Suprema de Justicia. A estos procesos se le suman al menos otras 1,500 denuncias en perjuicio de los derechos laborales, de acuerdo con el Movimiento de Empleados Despedidos de El Salvador.

Hasta 2018, la Procuraría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reportó un aproximado de 550 hechos violatorios de los Cuerpos de Seguridad hacia la población salvadoreña; el 91% de los casos corresponde a la PNC, y sólo el 9% a la Fuerza Armada Salvadoreña.

Precedentes responsabilizan a Cuerpos de Seguridad por violencia a la Comunidad LGBT

El primer año presidencial de Nayib Bukele reporta al menos 7 asesinatos en contra de la comunidad LGBT; cuatro de ellas son mujeres trans, y las otras tres se identifican como homosexuales, que se suman a los más de 2,308 casos de asesinatos a personas de la diversidad sexual en las Centro y Sudamérica reconocidos en el informe “TMM Update Trans Day of Remembrance 2019”, de la organización  Trans Gender Europe (TGU).

Entre las personas asesinadas, se identifica a Anahí Miranda Rivas, asesinada el 27 de octubre en el Bulevar de los Héroes, San Salvador; a Jade Camila Diaz, Rio Torola, asesinada el 9 de noviembre en Rio Torola, Morazán; a Victor de Jesús Pineda, asesinado el 16 de noviembre en Ahuchapán; a Douglas Rosa Granados de 28 años, asesinado el 30 de noviembre en el cantón Loma Larga, La Unión; se identifica a Briyit Michelle Alas Miranda, asesinada el 19 de enero de 2020, en Ciudad Delgado, San Salvador; a Jaime Ulíses (Tita) Andrade Umaña de 32 años, muerta calcinada el 6 de marzo en Intipucá, La Unión, así como a Jaime Navidad Rubio, de 28 años, el pasado 17 de marzo en el municipio El Carmen, La Unión.

“La muerte física se desarrolla con altos números de violencia, como lo hemos visto en éstos días; y, desde luego, que es el Estado el responsable de que éstos niveles de vida, y de que la muerte física terminen de esa manera, y con lujo de barbarie dirigidos, principalmente, a mujeres trans, que son como la más visibles”, detalla Amalia Leiva, defensora de los Derechos Humanos de la organización Comcavis Trans El Salvador.

La Federación Salvadoreña LGBT identifica a la Policía Nacional Civil como la segunda entidad violatoria de los Derechos Humanos de las personas LGBT, después las maras y pandillas (en el 60% de los casos) de acuerdo con el informe “Basta de Genocidios Trans”, publicado en 2019.

Estas denuncias se suman a las 13,569 en contra del Ministerio de Justicia y Seguridad, reportadas en el informe de la Comisión de la Verdad, desde la década de los 80`s; en suma a las demandas en contra de la reactivación de las fuerzas armadas al servicio de la seguridad civil.

Asimismo, el Instituto Salvadoreño de Medicina Legal identifica un saldo aproximado al de 73 mil quiniéntos homicidios en las últimas dos décadas. En relación a ello, organizaciones de la Federación Salvadoreña LGBT han cuantifica una cifra creciente a la de 700 asesinatos hacia las personas de la Comunidad LGBT, hasta  diciembre de 2017.

La legislación vigente tipifica los agravantes de los homicidios ejecutados por “autoridades civiles o militares”, como aquellos motivados por “odio racial, étnico, religioso, político, identidad y expresión de género y orientación sexual”, en las causales 8 y 11 del Artículo 129 del Código Penal.

Un precedente registrado ha sido la detención arbitraria del efectivo del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, Aldo Alexander Peña, por miembros de la misma institución. El informe judicial declara el abuso de las autoridades al punto de generar lesiones agravadas, en perjuicio de su identidad y expresión de género.

“A mí esa noche, en cada golpe que me daban, los policías me decían lo siguiente: Como decís que sos hombre, tenés que aguantar como hombre. Entonces, o me trataban de marimacha…”, expresó Aldo Peña.

Desde el pasado 8 de julio de 2019, el Juzgado de Paz del Centro Judicial Isidro Menéndez ha procesado a tres agentes policiales del área metropolitana de San Salvador, por el Asesinato de Camila Díaz Córdoba, que tuvo lugar el 3 de febrero de 2019. Las pruebas fiscales involucran a los tres agentes en los delitos de “Homicidio Agravado” y “Privación de Libertad”, por prejuicios de “identidad de género” contra la víctima.

Decreto Ejecutivo 56 inactivo a Población LGBT y a Grupos Vulnerables

En junio de 2019, el presidente de la república, Nayib Armando Bukele anunció en su cuenta de Twitter la re-instalación de la Dirección de Diversidad Sexual, de la anterior Secretaría de Cultura, al Ministerio de Cultura. Ésta acción implicó una modificación a la anterior Unidad de Género de dicho ministerio en su reglamento interno, pasando a titularse “Unidad de Género y Diversidad”, asignando 29 diferentes funciones para el abordaje de temas de la mujer y de la población LGBT.

La re-asignación de los $13 millones 426,355 dólares del presupuesto destinado a la Secretaría de Inclusión Social tuvo un retorno en la cartera de gobernación. Para junio de 2019, el Ejecutivo asignó $20 millones 999,155 de dólares al Ministerio de Cultura; y para 2020 se incrementa a $22 millones 595,775 de dólares, de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda.

“El término de Inclusión Social desapareció de la Esfera del Gobierno… No sólo implica el retroceso LGBTI, implica retroceso para las mujeres, para las personas con una discapacidad, para los adultos mayores… Ha desaparecido el Decreto Ejecutivo número 56. Se abre en un limbo, porque el Decreto Ejecutivo está centralizado bajo el avance de la Secretaría de Inclusión Social, no de la Dirección de Diversidad Sexual” explica Bianka Rodríguez, defensora de los derechos Humanos de la Organización COMCAVIS TRANS, El Salvador.

No obstante, opinión colegiada de la Procuraría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene una percepción más optimista, y juzga que el cambio en la administración de la Dirección de Diversidad Sexual conlleva a mayores posibilidades políticas para la población LGBT, en la aplicación de un marco normativo para la protección de la misma.

“El Decreto 56 es un Decreto al llamamiento al buen comportamiento, dentro de las instituciones del Órgano Ejecutivo. No es una indicación general, no tiene un carácter de Ley. El que se haya pasado una Unidad, o una instancia, en materia de Género, al Ministerio de Cultura es mucho más ventajoso; dado que, desde una instancia ministerial se pueden iniciar procesos de mayor envergadura, de mayor cobertura y de mayor compromiso, tanto para el Órgano Ejecutivo, como para todo el Estado, por la capacidad de Iniciativa de Ley de los Ministerios, que los ministros tienen; y, porque, desde un Ministerio, debe haber una mayor atención a los sectores a los que se dedican”, manifiesta el doctor Kévin Rodríguez, educador de Derechos Humanos de la PDDH.

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