Por Alessia Genoves
El Bitcóin y las criptomonedas serán reguladas en Panamá. Esta realidad es posible tras la aprobación de la Ley Cripto (Ley 697), que fue escrutada por el consenso legislativo de la Asamblea Nacional, el pasado 28 de abril. Los legisladores proponen ampliar los beneficios a pagos en criptomonedas y NFT (Tokens No Fungibles); que tendrán competencia sobre el proyecto del Área Económica Especial en Aguadulce.
Panamá es el segundo país centroamericano en regular las criptomonedas, en la economía de intercambio formal, después de que El Salvador adoptara la Ley Bitcóin, el pasado 7 de septiembre de año pasado. Al mismo tiempo, es el último, entre cuatro países del mundo que reconocen las operaciones legales con criptomonedas, sólo después de la República Centro Africana, que ratificó la Ley de Regulación de Criptomonedas, el pasado 27 de abril.
Aprobado en tercer debate el Proyecto de Ley No.697, que regula la comercialización y uso de criptoactivos, la emisión de valor digital, la tokenización de metales preciosos y otros bienes, los sistemas de pagos y dicta otras disposiciones. pic.twitter.com/a5e3niq5vX
— Asamblea Nacional (@asambleapa) April 28, 2022
Ley Cripto
La “Ley de Cripto” es una ley de la República, que pretende dinamizar la economía panameña con monedas digitales, ante la planteada “crisis de liquidez en los mercados financieros”. En términos generales, la ley “abre las puertas al bitcoin (BTC) y a las criptomonedas, propone darles estabilidad jurídica a estos elementos digitales”, según lo define el congreso.
En su contenido, hace posible “regular las transacciones y operaciones civiles y comerciales de las criptomonedas o monedas virtuales, entre personas de derecho privado y público, para la adquisición de bienes y servicios, en todo el territorio panameño; así como las disposiciones de protección, vigilancia, inspección y control sobre dichas operaciones”.
La presentación de ésta ley tuvo lugar en octubre de 2020; pero apenas fue discutida, desde el pasado martes 7 de septiembre, mismo día en que entró en vigencia la Ley Bitcóin en El Salvador. De sus discusiones, legisladores como Grabriel Silva sostienen que la iniciativa “tiene el potencial de crear miles de empleos, a traer inversión y transparentar al gobierno”.
Pero, en contraste con la normativa salvadoreña, ésta es más extensa. Consiste en 31 articulados, y amplía la cobertura en operaciones bursátiles, y de intercambio, con las criptomonedas, en su amplia definición (art. 6). Al mismo tiempo, establece condiciones tributarias, para la formalización de empresas que operen con cripto-activos (art.11), y sanciones al desacato (art. 36).
La rectoría de las actividades comerciales, en criptomonedas, queda bajo la administración del Banco Local; y entidades competentes. Esta condición también es competencia del Banco Central de Reservas (BCR) de El Salvador; y del Banco Central, en la República Centro Africana.
NFT`s y Zona Franca
Las operaciones con Bitcóin y en Criptomonedas son una realidad legal en Panamá. Sin embargo, los legisladores buscan ampliar las regulaciones sobre las actividades productivas que operen en Panamá, con la tenencia, distribución o intercambio de criptomonedas. Y, según lo plantearon los legisladores, en la Comisión de Economía, se propone aplicar los recursos del Estado en una zona económica especial, que opere con la Ley Cripto.
Una de las propuestas se ventila desde el pasado 17 de agosto de 2021, por el diputado mocionante Crispiano Adames, bajo el título: “Por el cual se regula el uso como métodos de pago de las criptomonedas, tokens autorizados, NFT y todo lo relacionado a tecnología blockchain en el territorio de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones”. (Ley 696).
La propuesta define el uso “opcional”, y no obligatorio, de los entes económicos sobre las operaciones con criptomonedas, con diferencia de El Salvador (país es en que los gobernantes aseguran que el uso del Bitcóin no es obligatorio).
Sin embargo, establece la obligación del Estado a educar y regular los operaciones en criptomonedas; y somete a la rendición de la declaración de renta anual a los “poseedores de criptomonedas y tokens autorizadas o no autorizados en la República de Panamá” (art. 15) y a las actividades de cripta-minería, con beneficios mayores a los $50 mil Balboas (art. 21).
Al mismo tiempo, amplía las operaciones de intercambio comercial y bursátiles, a los NFT (Tokens no Fungibles); y establece licencias económica a las empresas con denominación de “Negocios de Tecnologá Blockchain” que operan con Wallets, NFT y emisión de Smart Contract (art. 13).
Proyecto de Ley 486, que crea un Régimen Fiscal y Aduanero para el establecimiento y operación del Área Económica Especial de Aguadulce, la Zona Franca Turística y de Apoyo Logístico Multimodal, en el distrito de Aguadulce, fue aprobado en 1er debate por la Comisión de Comercio. pic.twitter.com/QvLHBEpW3q
— Asamblea Nacional (@asambleapa) February 5, 2021
Hay que añadir, que desde el pasado 21 de abril, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea proponía modificar el “Régimen Fiscal y Aduanero para el establecimiento y operación del Área Económica Especial de Aguadulce, la cual incluye la Zona Franca Turística y de Apoyo Logístico Multimodal, en el Distrito de Aguadulce” (art. 486).
Al igual que el proyecto Bitcóin City, en El Salvador, ésta propuesta pretende ampliar sus margenes de operación con las Leyes 696 y 697, para beneficiar a zonas como “Herrera, Los Santos, Veraguas Chiriquí y las comarcas”, con “5,000 fuentes de empleos directos en esa área”, según se detalló en la comisión.
