El experto en Derechos Humanos y firmante de la declaración de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, Benjamín Cuellar, reconoció a los gobiernos de los partidos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como encubridores de las violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la Guerra Civil de El Salvador.
“El acuerdo entre las partes que hicieron la guerra fue no tocarse. Y, entonces, secuestraron, o mantuvieron secuestrado el Sistema de Justicia; ya no sólo a una parte, sino que las dos partes. Y el Sistema de Justicia sigue secuestrado en El Salvador”, dijo Cuéllar.
El espacio de las opiniones tuvo lugar en el programa de entrevista “Encuentro con Julio Villagrán”, del Canal TVX. Cuéllar expresó que los gobiernos de ARENA y del FMLN fueron los principales encubridores de los autores de masacres y violaciones a los derechos humanos, que se llevaron a cabo durante el Conflicto Armado de los 80’s.
Pacto de Impunidad que quedó sellado con Amnistía
De acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad, el conflicto entre el Ejército Nacional y el FMLN dejó un saldo de al menos 75.000 personas muertas; así como 8.000 personas desaparecidas y 12.000 personas lisiados; la inmensa mayoría de los casos aún siguen en la impunidad.
Ante los hechos de violación a los Derechos Humanos, Benjamín Cuéllar juzgó que los autores acusados establecieron un “pacto de la impunidad” que quedó “sellado con amnistía” en los gobierno del FMLN y de ARENA, al margen del Estado de Derecho.
Asimismo, dijo que los gobiernos del FMLN ejerció varias acciones cuestionables y susceptibles de ser consideradas como actos de encubrimiento de delitos, a los que calificó como “simbólicos en el marco de la impunidad”.
Entre los casos que presume de “encubrimiento”, destaca las irregularidades del gobierno del partido FMLN sobre los procesos de extradición de los acusados de cometer el asesinato en contra los sacerdotes Jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de 1989.
“Lo que hizo Mauricio Funes, en agosto del 2011, es que estaba protegiendo en la exGuardia Nacional, a los precisamente reclamados por la Justicia Universal en España por el caso de la masacre en la UCA. Ahí lo tuvo (a los militares reclamados por España) hasta que la Corte Plena resolvió que no eran extraditables, porque las Alertas Rojas no eran de con fines de captura. ni de extradición sino que de localización (según criterio de la CSJ de El Salvador)”, dijo Cuéllar. Sin embargo, “las Alertas Rojas son, precisamente, órdenes de captura con fines de extradición; y las amarillas son las de localización”, aclaró el abogado.
Otro de los indicios que presume el “Pacto de Impunidad” lo destacó el abogado en la permanencia de Jorge Meléndez (Jonás), como director de Protección Civil en el gobierno del FMLN hasta junio de 2019. Meléndez y Joaquín Villalobos se consideran autores confesos del asesinato de Dalton y Armando Arteaga el 10 de mayo de 1975, según registros en los requerimientos judiciales ahora en manos de la Sala de lo Constitucional, que debe fallar ante un Amparo interpuesto por la Familia Dalton ante la Justicia local.
Villalobos y Jorge Meléndez, ex comandantes guerrilleros
“Ahí estuvo (en los gobiernos del FMLN) un acusado de la muerte de Roque Dalton, acusado por su compañero Joaquín Villalobos (Jorge Meléndez)… lo tuvo en el gobierno Funes; y también Sánchez Cerén. O sea, eso es encubrimiento; sino encubrimiento, al menos, protección”, dijo el abogado.
“Joaquín Villalobos fue el que lo echó de cabeza (a Jorge Meléndez), en una entrevista en mayo de 1993 que le hizo, precisamente para el periódico Excélsior, de México, Juan José Dalton, el hijo de Roque”, detalló.
El abogado Benjamín Cuéllar fue en dos ocasiones uno de los firmantes de la declaración de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz establecida en 1993. El instrumento jurídico fue declarado inconstitucional en 2016.
En ese mismo orden, Cuéllar también presume la existencia de un “pacto de impunidad” por la resistencia de líderes del FMLN al momento de denunciar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía entonces vigente.
“Quienes más se enojaron y se molestaron y nos dijeron cosas que fueron los del FMLN; o sea, fueron los más molestos con la inconstitucionalidad de la Amnistía… la molestia era clara, evidente, por haber logrado la inconstitucionalidad de la Amnistía, luego de 23 años”, señaló Cuéllar.
Cuéllar reiteró que los hechos destacados y “emblemáticos” en los que el Estado habría encubierto a los responsables por la comisión de violaciones a los Derechos Humanos “son señales de los resultados de ese pacto de la impunidad que hicieron debajo de agua para protegerse. Protegieron ambos sus partes”.
