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Por Redacción ContraPunto
La congresista demócrata estadounidense Ayanna Pressley exigió a la administración del presidente Donald Trump restablecer las garantías y beneficios de los salvadoreños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), ante las dificultades que enfrentan miles de inmigrantes para mantener sus empleos, licencias de conducir y prestaciones del Seguro Social.
En una carta fechada el 13 de noviembre de 2026, dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph B. Edlow, Pressley denunció inconsistencias en los sistemas federales de verificación migratoria que estarían provocando la suspensión de beneficios a personas que todavía cuentan con protección bajo el programa.
«La administración Trump no puede reconocer el estatus migratorio legal en el papel mientras lo niega en la práctica», expresó la legisladora, al cuestionar la falta de coordinación entre las instituciones federales encargadas de verificar la situación migratoria de los beneficiarios.
El TPS para los salvadoreños llegó a su fecha de vencimiento formal el 9 de septiembre de 2026, sin que hasta el momento de la carta se hubiera publicado una nueva notificación que resolviera de manera definitiva su situación. Sin embargo, USCIS ha señalado que los beneficiarios mantienen sus protecciones y autorizaciones de empleo mientras se emite un nuevo anuncio.
Pressley considera que estas garantías pierden efectividad cuando los sistemas gubernamentales no reflejan correctamente la situación migratoria de los trabajadores.
La congresista señaló particularmente dos mecanismos: SAVE, utilizado por USCIS para verificar la elegibilidad migratoria de las personas que solicitan determinados beneficios y licencias, y E-Verify, empleado por las empresas para comprobar la autorización laboral de sus trabajadores.
Las inconsistencias en estas plataformas pueden generar consecuencias directas para miles de familias salvadoreñas, especialmente cuando las instituciones estatales o los empleadores reciben información que no reconoce las protecciones vigentes.
Uno de los casos expuestos en la carta corresponde a un residente de Massachusetts que recibió, el 2 de octubre, una notificación de la Administración del Seguro Social (SSA) informándole que sus prestaciones serían suspendidas por supuestamente no encontrarse legalmente en Estados Unidos.
De acuerdo con Pressley, la institución también exigió la devolución de más de 1,200 dólares y estableció un plazo de apenas diez días para presentar pruebas de su presencia legal y evitar la interrupción de los pagos.
La legisladora calificó esta situación como un problema que va más allá de un error burocrático, pues representa una amenaza directa a la estabilidad económica de personas que dependen de esos ingresos.
Ante esta problemática, Pressley planteó cuatro medidas concretas a las autoridades federales:
La situación del TPS representa una preocupación importante para la comunidad salvadoreña en Estados Unidos. Cerca de 200,000 ciudadanos de origen salvadoreño esperan una definición oficial sobre el futuro de su protección migratoria, mientras enfrentan dificultades laborales y económicas derivadas de la incertidumbre administrativa.
El pronunciamiento de Pressley también vuelve a colocar sobre la mesa el debate acerca de la responsabilidad del Gobierno estadounidense frente a las personas que han vivido y trabajado durante décadas en ese país bajo programas de protección temporal.
Más allá de las diferencias políticas entre republicanos y demócratas, el caso plantea una cuestión fundamental: si el Gobierno reconoce que una persona mantiene protección migratoria, sus instituciones deben garantizar que ese reconocimiento tenga efectos reales en la vida cotidiana.
Para miles de familias salvadoreñas, el TPS no representa únicamente un documento migratorio. Es también la posibilidad de conservar un empleo, sostener a sus familias, mantener sus prestaciones y continuar construyendo una vida en Estados Unidos.
La exigencia de Pressley busca precisamente evitar que los errores administrativos y la falta de coordinación institucional terminen convirtiéndose en una nueva forma de vulnerabilidad para una comunidad que permanece a la espera de una solución definitiva.