Por Alessia Genoves
“Educación inclusiva de calidad” e “inclusión en el lugar de trabajo” son las principales consignas dedicadas al tratamiento de las personas con trastorno del espectro autista, frente a los desafíos “en un mundo pospandemia”. La declaratoria es expresada por al Organización de las Naciones Unidas (ONU), para dar respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 8),
La Asociación Salvadoreña de Autismo (ASA), por su parte, demanda apoyo gubernamental en favor de la atención especializada para los más de 70 mil salvadoreños diagnosticados con el Transporto del Espectro Autista (TEA). Mientras que el Instituto de Rehabilitación Integral (ISRI), y el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (Mineducyt) reiteran el cumplimiento de sus obligaciones, en favor de las personas con autismo.
Inclusión educativa
La ONU reconoce que “durante la última década se ha avanzado de manera notable en el acceso a la educación en general, y más específicamente en el caso de las personas con autismo”. Esto es un hecho, desde las primeras investigaciones realizadas por el científico alemán, Hans Asperger, quien dio nombre a la afección, durante la década de los años 40`s.
No obstante, el trabajo social y sanitario especializado en el tratamiento de personas con TEA se vio interrumpido, tras la alerta global por la pandemia del Sar-Cov-2 (covid19), anunciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en marzo del año 2020. En consecuencia, países como El Salvador suspendieron la atención presencial a servicios sanitarios “no indispensables”, para darle prioridad a los casos diagnosticados de covid19.
Servicios de atención diagnóstica y terapéutica especializada, como el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, y su Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia, se vieron parcialmente suspendidos. En su lugar, el sistema de salud público estableció un servicio de atención psicológico y emocional, sobre los pacientes afectados por la influencia del covid19 en sus vidas.
Por otra parte, el Mineducyt decretó la suspensión del ciclo académico de la educación básica, media y superior, hasta decretar su abordaje en las modalidades virtuales. La falta de acceso presencial y virtual, por otro lado, dejó un récord récord histórico en los índices de deserción estudiantil, con una proporción mayor a la del 70% en el año 2020, según lo indicó la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), de la Encuesta de Propósitos Múltiples, de esa fecha.
Las clases presenciales no se reintegraron en la calendarización oficial sino hasta el segundo semestre del año 2021, de manera mixta con las de modalidad virtual. Hasta el año 2022, el Mineducyt declaró que cerca de 1,2 millones de estudiantes ya estaban matriculados en el sistema educativo, que iniciaría en las modalidades mixtas, bajo el programa titulado “La Alegría de Regresar a la Escuela”. Pese a que el propósito del gobierno era aguardar a que los casos de contagio al covid19 disminuyeran para reincorporar a los estudiantes al sistema educativo, el país se enfrentó a un repunto de hasta 950 casos en un día, bajo el impacto de la variable Omicron.
Entretanto, mecanismos de estudio, como el Programa de Educación Inclusiva no vieron su rendición de cuentas en los años posteriores a los de 2018-2019. En las últimas fechas, el Mineducyt había declarado que tan solo 238 estudiantes habían sido beneficiados. El resultado contrasta con el estimado de las personas autistas que la OMS establece, en el que 1 de cada 160 personas deambularía en el espectro autistas; es decir que en El Salvador, al menos 40,625 personas serían susceptibles de ser diagnosticadas con dicho diagnóstico.
Hasta el año 2020, al menos 6 centros escolares formalizaban el el Proyecto Retención e Inserción Escolar: “en Santo Tomás, el C.E. General Manuel Belgrado, el C.E. Dr. Antonio Díaz y C.E. Cantón Cuapa. En San Marcos: el C.E. Cantón Guadalupe, C.E. Domingo Faustino Sarmiento y C.E. Ignacio Pacheco”, detalla el Mineducyt.
Inclusión Laboral
Más de 130 mil empleados fueron cesados de sus fuentes de trabajo, tras la suspensión de las actividades económicas establecidas en la cuarentena del año 2020, por el gobierno salvadoreño. Los registros fueron incrementando hasta las 160 mil, hasta el cierre del año fiscal 2020. Hasta esa fecha, la pobreza incrementó al menos un 3,4& respecto al año anterior; con un índice de pobreza monetaria que llegó a los 26,2%, en los hogares salvadoreños, de acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc).
En 2021, el gobierno ponía en marcha el Plan de Re-apertura Económica, dándole apertura al 100% de las modalidades laborales, con excepción a las de educación básica, media y superior. Entre tanto, los empleadores se ven obligados a contratar a al menos 1 persona con discapacidad, por cada 20 de sus empleados contratados (art. 63), de acuerdo con la Ley Especial de las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2020.
La ley incluye a personas con discapacidad físicas y mentales, condición que incluye a las personas diagnosticadas con el Trastorno del Espectro Autista. Sin embargo, instituciones como el Movimiento para Personas con Discapacidad denuncian que la Ley aún no cuenta con un “Reglamento” normativo, ni con un “Tribunal Sancionador”, por lo cual, la ley no podría ser aplicada.
La Asamblea Legislativa debía aprobar e integrar los cuerpos normativos ausentes a la ley general establecida, desde hace más de 620 días; y más de 170 días desde que los parlamentarios demandaron prorrogar el trámite. El movimiento se ha demostrado insatisfecho, y envió un “Dictamen Recomendable” a los legisladores para agilizar su discusión, el pasado 2 de febrero.
Por otra parte, instituciones, dedicadas a la incorporación de la vida social a personas autistas, se manifestaron congracias con los diputados de la Asamblea Legislativa, por una nueva aprobación presupuestaria. De hecho, la ASA venía reconociendo la “falta de apoyo” hacia el sector de salvadoreños autistas. Las declaraciones se hicieron llegar a la Comisión de Salud de la Asamblea, en palabras de la titular de la ASA, Ana Delmy de Escobar, que fue comulgada con la presidenta de la comisión, Alexia Rivas, quien declaró que el parlamento les dará su “ayuda”.
Al cierre del año fiscal 2021, la ASA recibía al menos $110 mil dólares, para la realización de trabajos en función de las personas autistas. La titular sostiene que sus gastos se transparentan con las designaciones presupuestarias: “Siempre he visto las reuniones que ustedes han tenido y es triste saber cómo se mal utilizó ese dinero cuando nosotros pudimos hacer tantas cosas, porque somos una institución transparente”, dijo a los legisladores.
