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Por Redacción ContraPunto
Este martes se desarrolla la audiencia única en contra de 124 presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18, procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y vinculados a una masacre perpetrada en el caserío Mapachín, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados habrían participado en la privación de libertad de seis víctimas, quienes posteriormente fueron asesinadas con arma blanca en un hecho que evidencia altos niveles de violencia y planificación criminal.
Las investigaciones fiscales detallan que las víctimas fueron sometidas, atadas de pies y manos, y posteriormente ejecutadas. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común clandestina, lo que, según el ente acusador, constituye un agravante en la configuración de los delitos imputados, al demostrar la intención de ocultar la evidencia y dificultar la acción de la justicia.
Entre los procesados figuran 20 miembros activos de la estructura criminal, conocidos como “homeboys”, así como 104 colaboradores que, presuntamente, brindaban apoyo logístico, vigilancia y participación directa o indirecta en las operaciones delictivas de la pandilla.
La FGR ha solicitado la imposición de las penas máximas contempladas en la legislación penal salvadoreña, argumentando la gravedad de los hechos, el grado de organización de la estructura criminal y el impacto social de la masacre en la comunidad afectada.
Durante la audiencia, el tribunal competente evaluará los elementos de prueba presentados por la Fiscalía, entre ellos peritajes forenses, testimonios, actas policiales y otros indicios que vinculan a los imputados con los hechos investigados.
Este caso se enmarca dentro de la estrategia estatal de persecución penal contra estructuras de pandillas, en la cual las autoridades han intensificado las acciones judiciales para desarticular organizaciones criminales y sancionar delitos considerados de carácter terrorista.
Se espera que, al concluir la audiencia, el órgano jurisdiccional emita una resolución sobre la situación jurídica de los imputados, determinando su responsabilidad penal y las sanciones correspondientes conforme a