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domingo, 25 de julio del 2021

Alcaldía Capitalina ya debe más de $11,5 millones en deudas, despidos y retenciones

Más de $11,5 millones de dólares adeuda la Alcaldía de San Salvador a trabajadores, ex-empleados y a empresas de servicios de recolección de desechos sólidos, hasta la fecha.

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Más de $11.5 millones de dólares adeuda la Alcaldía Municipal de San Salvador a trabajadores y compañías de limpieza por la retención salarial y de garantías laborales y demandas por la indemnizaciones de los más de 500 despidos “injustificados”. Entre los denunciantes, miembros del Concejo Municipal e integrantes de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM) quienes sostienen que la administración ha incurrido en prácticas de malversación, y en un uso “discrecional” de los recursos públicos.

Por su parte, el alcalde municipal, Ernesto Muyshondt, niega las acusaciones; y sostiene que las denuncias de los agremiados son ilegítimas; y que, en cambio, persiguen “desestabilizar” su administración, para favorecer así los intereses electorales de la oposición.

Los intentos de diálogo y conciliación, entre la Alcaldía y los sectores agremiados, no han tenido buen término. En dos ocasiones, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha mediado en espacios de diálogo, pero las oportunidades han sido rechazadas. La situación no ha satisfecho al alcalde, ni a los ex-empleados, ni a los trabajadores de la administración.

Unos $6 Millones a Despedidos

Desde el pasado 5 de enero, un grupo de ex-empleados, representados por un cuerpo de sindicalistas integrados en ASTRAM, se manifestaron en contra de la administración de la Alcaldía Municipal de San Salvador, denunciando “retenciones salariales”, “despidos ilegales” a más de 500 trabajadores y la “retención de garantías laborales”, en un monto mayor a los $6 millones de dólares.

Ya sobrepasan los 500 despidos, de una manera injustificada y arbitraria, por órdenes del señor alcalde, Ernesto Muyshondt. Le pedimos al señor alcalde que, por lo menos, pague las retenciones de los trabajadores; que pague esos más de $6 millones que adeuda el señor Alcalde que, prácticamente es un robo que se nos ha hecho. Y si a nosotros nos ha robado el dinero a los trabajadores, obviamente se los ha robado a los contribuyente, porque ese dinero es de los impuestos que pagan los capitalinos”, reiteró el Secretario General de ASTRAM, Rodolfo Ramos.

La manifestación del pasado 5 de enero se oficializó en la llamada “Huelga de Brazos Caídos”, y llegó a involucrar, además, a trabajadores, con contratos vigentes, de la propia administración municipal. Ésta expresión de protesta sucedería a otras siete concentraciones, hasta la fecha. Los asociados concertaron marchas, tomas de calle y hasta la irrupción reiterada del Centro de Operaciones de Desechos Sólidos de la Alcaldía Municipal.

Las manifestaciones, además, solicitaban la mediación con los titulares de la alcaldía municipal, la devolución de las retenciones salariales, la indemnización y el reinstalo de las personas despedidas. Sin embargo, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mushont, rechazó el diálogo y las propuestas de los manifestantes; en su lugar, denunció a los trabajadores de ocasionar “disturbios” y “obstrucciones sanitarias”.

Las únicas plazas que han sido cesadas en la alcaldía de San Salvador, son las plazas fantasmas, plazas de gente que cobraba, y que encima de eso cobraba horas extras y no trabajaba; y que sólo participaban en marchas, en bochinches organizados por el señor Rolando Castro, y el señor Mario Durán. Entonces, me imagino que es lo mismo, y que lo mismo va a seguir pasando de aquí hasta las elecciones: Haciéndose pasar por empleados municipales, vestidos a veces de empleados municipales, y denunciando cualquier cantidad de mentiras y cosas”, sostuvo, en su momento, el alcalde Muyshondt.

En efecto, el pasado 15 de enero, el Juzgado de Medio Ambiente de San Salvador falló a favor de la administración municipal, ordenando el desalojo de ASTRAM del Centro de Operaciones de Desechos Sólidos, tras haberse instalado ahí durante seise días, determinando que el sindicato era responsable de “afectaciones ambientales” por “obstrucciones sanitarias”.

El fallo desalojó a los síndicos del Centro de Operaciones, pero no limitó el curso de sus manifestaciones. En sus últimas protestas, los síndicos rechazaron la existencia de “plazas fantasmas” en la nómina de personas despedidas, como lo aseveró Muyshondt, en reiteradas ocasiones. Aseguró, en cambio, la existencia de documentos sobre del regular de las personas despedidas.

¿A qué le llama él plazas fantasmas? ¿Qué es lo que sucede?: Es su misma desesperación, es la misma desesperación de él. Es la justificación que él busca. Él no presenta las pruebas. Quiere justificar sus acciones mintiendo. Ahí están las bitácoras de asistencia”, dijo Ramos.

Más de $6 Millones de Dólares a MIDES

Tras el fallo del Juzgado de Medio Ambiente de San Salvador en contra de ASTRAM, por “obstrucción sanitaria”, un grupo de concejales afines al alcalde municipal acusaron a funcionarios y al candidato del partido Nuevas Ideas, Mario Durán, de instruir la dispersión de desechos sólidos a lo largo de las principales calles y avenidas del municipio.

Pero, según lo manifestó Muyshondt en una conferencia de prensa, la alcaldía tuvo que incrementar la capacidad de recolección de desechos, y disponer de un mayor número de camiones. En consecuencia, se hicieron varios contratos de alquiler con empresas privadas para disponer de mayores elementos, entre ellas, a la propia empresa de Manejo Insdustrial de Desechos Sólidos (MIDES).

Otro grupo de concejales aseveró que la única responsabilidad en la dispersión de desechos sólidos era de la administración del alcalde Muychondt, al brindar una respuesta insuficiente. También denuncian la existencia de un “manejo discrecional” y de una “malversación” de del patrimonio y de los activos de la Alcaldía.

Para el concejal municipal por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), German Muñoz, aseguró que la administración de Muyshondt ya debe pagar un saldo superior a los $5 millones de dólares a MIDES.

"No le hemos pagado a MIDES lo que corresponde. Hay un manejo discrecional por parte del alcalde y el tesorero", dijo el concejal, Gérman Muñoz.

La estimación se sumaría a los $4,104,458 millones de dólares en deuda reportados por MIDES, desde el año pasado, que no se conciliaron en el pago recibido de tres “cheques sin fondo”; el primero emitido el pasado 25 de marzo, con un monto de $370,472.97 dólares; el segundo emitido el pasado 13 de julio, con un monto de $135,236.48 dólares: y el tercero entregado el pasado 20 de julio, con un total de $135.236.49 dólares.

Otro documento se adscribe a la percepción de irregularidades. El año pasado, la Corte de Cuentas de la República (CCR) identificó el impago de los servicios de MIDES, en los meses de agosto a diciembre de 2018. Los documentos consolidados consistían en 32 facturas, que totalizaban un saldo de $725,612.62 millones de dólares.

Según lo aseveró el Concejal Gérman Muñoz,en la Entrevista AM de Canal 10, la deuda de 2018 aún no se ha cancelado; pese a que, al cierre del año fiscal 2018, los ingresos de la comuna eran de $16,468,648.72 millones de dólares, sólo en la tasa de recolección de desechos sólidos.

Denuncian de Medio Millón para Trabajadores

A las denuncias por el impago de los servicios prestados de recolección de basura también se sumaron las del pago irregular del salario y garantías laborales de los trabajadores. Según lo denuncian integrantes del Concejo Municipal de San Salvador, la situación ya venía reportándose desde el año 2019.

"Todos los trabajadores de la Alcaldía de San Salvador han pasado a una situación de impago. En agosto de 2019 se dejaron de pagar las retenciones, es una situación bien grave. Lamento lo que está haciendo el alcalde de San Salvador", expresó en su momento, el concejal German Muñoz.

A ésta situación se añade una resiente denuncia emitida por la cooperativa de créditos para trabajadores, ACASAME de RL, por el impago y las retenciones salariales a los empleados de la Alcaldía de San Salvador.

Estamos denunciando al señor alcalde municipal de San Salvador; al señor Ernesto Muyshondt, y al Concejo Municipal; en el sentido de que han hecho , pues, las retenciones a los empleados, y a nosotros, como cooperativa, no nos ha llegado ese dinero. Estamos hablando que, desde el año de enero del 2019 no se han reportado esos abonos”, manifestó a los medios la representantes de ACASAME, Sandra Dimas.

Según Dimas, el monto de las retenciones salariales ya es mayor al de medio millón de dólares, situación que ha afectado a la institución en su “descapitalización”.

¿Qué implica ésto?: Un grave detrimento a nuestra institución, y a nuestros empleados. Por lo que exigimos que se le reintegren éstos fondos a nuestra cooperativa. Estamos hablando de $390 mil dólares; y, hasta la fecha, ya estamos por el medio millón. Estamos hablando de más de 1,500 socios. Él no deposita desde enero del año pasado, del 2020. Se hicieron todas las gestiones administrativas, previo a acudir a éstas instancias”, añadió Dimas.

La ausencia del salario en los haberes de los trabajadores, según detalló la cooperativa, limitó a que los más de 1,500 asociados pagaran los créditos personales, hipotecarios, aportaciones y seguir abonando en cuentas de ahorro simultáneo.

La denuncia penal emitida por la cooperativa demanda la Fiscalía General de la República la aplicar la sanción del artículo 245 del Código Penal, en contra del Concejo Municipal y del Alcalde Ernesto Muyshondt.

El patrono, empleador, pagador institucional, o cualquier otra persona responsable de la retención, que se apropiare o que retuviere ilegalmente fondos, contribuciones, cotizaciones, cuotas de amortización de prestamos de los trabajadores o cuentas destinadas legalmente al Estado, instituciones de crédito o bancarias, intermediarios financieros bancarios o no bancarios, o instituciones de asistencia social, seguridad social o sindical; o no los ingrese en tales instituciones en el plazo y monto determinado en la ley, en el contrato correspondiente o en la orden de descuento, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. (20)(36) Para la fijación de la sanción, el juez tomará en cuenta el número de cuotas retenidas y la cuantía de las mismas. (36) Lo dispuesto en este artículo se aplicará en una tercera parte más de la pena máxima señalada, cuando el empleador o agente de retención responsable se apropiare de cuotas alimenticias. (36) La reparación civil del daño por la comisión de este delito, no podrá ser inferior al monto de las cuotas dejadas de enterar, con sus respectivos intereses legales. (36)”, detalla el Código Penal, en el referido artículo.

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Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto, especialista en temas sociales, culturales y de género
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