Por Alessia Genoves
Alberto Armando Romero Rodríguez pierde su fuero político. El parlamentario es destituido de la inmunidad parlamentaria, luego de que la Asamblea Legislativa decidiera la deposición de su fuero constitucional, en la Sesión Plenaria Especial, convocada por la Comisión de Antejuicio para su propósito. La decisión parte de un requerimiento girado por la Fiscalía General de la República (FGR), que demandaba, además, que el ex-parlamentario sea detenido por la presunta comisión del delito de Lavado de Dinero y de Activos, por un monto dinerario de $1,16 millones USD:
$445,766 USD deberá restituir al Estado el diputado Romero, según lo ha ordenado la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección Centro de Cojutepeque. La resolución del órgano judicial fue emitida en la fecha del 14 de agosto de 2023, para que en los 16 días posteriores se resolviera la deposición de su fuero constitucional, a juicio de 78 de los diputados que hicieron patente su voto legislativo, en el Desarrollo de la Sesión Especial de Antejuicio. En el evento parlamentario, pues, se ventiló el Dictamen Favorable No. 1 emitido de la Comisión Especial de Antejuicio, de cuya resolución se concluye que “existe lugar a formación de causa”.
Desaforado para el juicio
78 votos a favor dieron lugar a la deposición del fuero constitucional del diputado de ARENA, Alberto Romero.El efecto de la decisión parlamentaria sucede al requerimiento fiscal, que da ha lugar a los procedimientos penales y administrativos en contra del imputado, en razón a los indicios probatorios encontrados en los activos, gastos y activos del ex-funcionario. De modo que el proceso que inició con una imputación civiil, que demandaba la restitución de $445,766 USD, por orden de la CSJ, acontece a otros indicios probatorios sobre la comisión presunta del delito de “lavado de dinero y de activos”, que examinará presuntas irregularidades en sus haberes, por un monto total de $1,162,388 USD.
Parlamentarios justificaron su decisión, al considerar los elementos probatorios divulgados por la FGR a la Correspondecia Legislativa. De modo que, la voz oficial del ala parlamentaria tomó en cuenta las valoraciones fiscales, en tanto que identificaron “los $1,162,388 en ingresos totales no justificados, frente a sólo $500,158 de ingresos lícitos conocidos”; así como los “$401,835 de ingresos de origen desconocido que no se pueden justificar”. También validarían otro monto de “$52,462 en depósitos sospechosos realizados por personal de ARENA a cuentas vinculadas al diputado” y “grandes diferencias entre ingresos declarados fiscalmente ($363,935) y los más de $1 millón efectivamente percibidos”.
Geovany Zaldaña, diputado del partido Nuevas Ideas, sostuvo que “ante las pruebas podemos ver cómo (Romero) expoliaba al pueblo salvadoreño”; mientras que su colega parlamentaria, Marcila Pineda reafirmó el imperativo del deber ser de la República y sus leyes, bajo una máxima retórica: “en esta asamblea [Legislativa] las ratas y las plagas se eliminan”, en la que las ratas serían, pues los servidores públicos en omisión a sus responsabilidades, o en la comisión de actos ilegales.
Pero mientras el presidente, y los 78 parlamentarios votaron por el desafuero de Romero, la defensa, naturalmente, expuso sus disconformidades. El abogado defensor, Ernesto Parada, aseveró que “lo que se le imputa no es un proceso firme, más bien es una sentencia sin firmeza”, en respuesta de la postura oficial. Hay que añadir que en el referido Dictamen también se hacen patentes las aseveraciones, pero se omiten detalles sobre las observaciones de la parte defensora. Parada dijo en la Comisión celebrada el pasado 30 de agosto, que “el fiscal (general) ha violentado todos los principios que se encuentran en el documento de Política de Persecución Penal”.
Silvia Ostorga, diputada de Arena y también parte defensora, sostuvo que en el proceso de la Comisión habrían existido irregularidades procesales, en el desarrollo de la Comisión: “a pesar de que la misma Fiscalía ofreció al perito fiscal, decidieron no presentarla. Y pretendieron presentar a un perito de la CCR que no conoce el caso, ni tiene el peritaje. Tomando en cuenta, sólo lo que nos dicen los hechos, no es posible tomar una decisión, ya que aquí no han desfilado evidencias documentales, testimoniales y ni técnicas. Era con esas técnicas que se podía garantizar la transparencia, y la legitimidad del proceso”.
¿Qué señala la FGR?
$1,162,388.05 USD es el monto dinerario en controversia, del patrimonio, activos y gastos del diputado Alberto Romero. El monto dinerario ha sido identificado por la FGR, y se ha ventilado en la Comisión de antejuicio, que dictaminó -para el Pleno- la deposición del fuero constitucional, para que éste pueda ser sometido a juicio, ante la Cámara Primero de lo Civil de la Sección Centro. Sin embargo, las pruebas de cargo y descargo también buscaron matizar el resultado, entre ellas, la identificación de la FGR de un monto legítimo, en su patrimonio, de $500,158.81 USD.
Implicaría ello, pues, que Romero manejó un monto de $401,835 USD de procedencia presuntamente desconocida, por encima de lo legalmente devengado en su cargo como parlamentario. Además, se detectaron depósitos irregulares de $52,462.50 USD realizados por María de Jesús Guardado, ex-asesora de la Asamblea Legislativa, y otros allegados de ARENA. Estos se habrían hecho a cuentas vinculadas con Romero, de acuerdo con el requerimiento fiscal, sin que se pudiera establecer una razón o motivo comercial que justificara dichas transacciones.
En el análisis de declaraciones de renta, también se evidenciaría un su-bregistro entre los ingresos reportados de Romero y su cónyuge Ana de Lourdes Olmedo, que sumaron $363,935.87 USD, frente a los más de $1.1 millones que realmente se habrían percibido de forma irregular. Por ello, la Fiscalía concluye que Romero pudo cometer los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. Los diputados fiscales advierten que la cantidad de $1,162,388.05 USD que se investiga aún es provisional, pues no incluye otros bienes muebles e inmuebles también adquiridos de forma cuestionable.
$257,494.32 USD es el saldo dinerario erogado en los viajes del diputado Alberto Romero. La cifra corresponde a la cobertura presupuestaria, de los 97 gastos ejecutados por el Grupo Parlamentario de ARENA y la Asamblea Legislativa, desde los años 2000 a 2022. El reporte se desfiló en la Comisión Especial, con la lectura del documento titulado “Registro de Viajes del Diputado Alberto Romero. Asamblea Legislativa. Años 2000 a 2002”, con la firma de la contadora de la Asamblea, Claudia Beatriz Ramos.
Viajes de Romero
En la Comisión Especial de Antejuicio se desfilaron registros de 97 viajes realizados por el diputado Alberto Romero entre 2006 y 2022, en los que se gastaron $257,661.25 USD. Los destinos incluyeron países como Estados Unidos, México, Guatemala, España, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay y otros, principalmente en calidad de observador electoral o por invitaciones de asociaciones de migrantes salvadoreños.
Algunos de los viajes realizados por Romero fueron a la XI Conferencia Internacional de la Democracia Participativa en España por $6,491.25 USD, al V Foro Voto en el Exterior en Colombia por $5,321.25 USD, a la Conferencia Parlamentaria Internacional para la Conciliación de la Paz en Suiza por $4,856.63 USD, a observar elecciones en Brasil por $1,445 USD, y a la I Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral en República Dominicana por $1,280 USD.
También la Comisión ventiló el egreso a Guatemala de la esposa del diputado, Ana de Lourdes Olmedo de Romero y la hija Lourdes Gabriela Romero de Marroquín de Romero, justo cuando la Fiscalía General de la República solicitó su desafuero. Ello a pesar de haber sido citadas a declarar sobre el origen de los fondos detectados en cuentas bancarias del diputado Alberto Romero, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
