Redacción ContraPunto
Alberto Armando Romero Rodriguez es acusado formalmente de cometer los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. La causa penal impuesta contra el diputado de ARENA ha sido formalizada por la fiscalía General de la República (FGR), y es diligenciada ante la Cámara de Segunda Instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El requerimiento fiscal, cabe detallar, tuvo lugar sólo después de que el imputado fuera sometido a un proceso de desafuero, en la Sesión Plenaria Especial celebrada el pasado 1 de septiembre de 2023.
$1,162,388.05 USD es el monto dinerario en controversia que, según la FGR, no ha sido justificado de forma pertinente. Sin embargo, Ernesto Parada, el abogado defensor del ex-diputado, delegado en la Comisión de Desafuero, sostuvo que las pruebas administradas en el proceso no definirían implicacines en las causas penales en las que se le acusa; y que, por el contrario, la parte fiscal prescindió de los elementos probatorios que justificarían el origen de los fondos. Por otra parte, la FGR presentó los elementos de cargo, prescindiendo de los testimonios de al menos 4 familiares y empleados del ex-diputado.
Este día, la @FGR_SV presentó #Requerimiento contra el exdiputado Alberto Romero quien es acusado de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero y Activos.
El pasado 23 de agosto, el @FiscalGeneralSV presentó ante la @AsambleaSV la solicitud de antejuicio y petición de desafuero… pic.twitter.com/vRmxqSg1Ib
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 14, 2023
“Ésta persona, quien fungió como diputado de la Asamblea Legislativa, fue desaforado por dicho órgano de Estado; y es ahí donde ha iniciado la acción penal en contra de él”, sostiene la FGR al referirse a su diputación, que data desde el año 2000. “Se han administrado diferente productos financieros en contra del señor Romero Rodríguez, y en contra de su grupo familiar, pudiendo comprobar que ha existido un incremento patrimonial; y que él, por medio de una re-estructuración de fondos, ha blanqueado el capital”, añade.
Hallazgos en el antejuicio
Alberto Romero es sometido a juicio, con las acusaciones penales que inicialmente la establecía en su contra, durante el proceso inicial y el precio de desafuero político. El proceso previo, cabe decir, era civil, en el que fue vencido ante la Cámara Segunda Sección Centro de Cojutepeque, por el delito de enriquecimiento ilícito, por un monto dinerario de $445,766.05 USD, que ante la instancia judicial o no fueron admitidos o no fueron justificados en forma pertinente. Tal antecedente también fue ventilado en el “Dictamen Uno” de la Comisión de Antejuicio.
Y es que la FGR emitió sus oficios ante la Sección de Correspondencia de la Asamblea Legislativa, para someter penalmente al ex-diputado por la presunta comisión del delito de lavado de dinero y de activos. El monto dinerario, cuyo origen fue cuestionado de su patrimonio, era de $1,162,388.05 USD. la Fiscalía acusa a Romero Rodríguez de realizar “operaciones, transacciones, acciones u omisiones encaminadas a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas”, de conformidad al Art. 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos (pág. 4).
La Fiscalía presentó como pruebas contra Romero Rodríguez “26 elementos documentales los cuales están constituidos por oficios, expedidos por diferentes instituciones gubernamentales, notas de entidades financieras del país, movimientos bancarios de depósitos de dinero en bancos, así como un consolidado de respuestas negativas de instituciones del sistema financiero”. También presentó “como elemento pericial el Informe de perfil financiero del señor Alberto Armando Romero Rodríguez, de fecha 22 de agosto de 2023, suscrito por un Analista Financiero de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos” (pág. 5).
En el “Dictamen 53”, la institución señala que “la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque declaró la existencia de Enriquecimiento Ilícito y se le condenó a restituir al estado salvadoreño la cantidad de $445,766.05 en el mencionado proceso declarativo”. También alegó que Romero Rodríguez “movilizó fondos por la cantidad de $401,835.00 con origen desconocido” y que realizó “una serie de irregularidades en diversos productos financieros, tanto a nombre de dicho diputado como de su esposa” (pág. 4).
De acuerdo a la investigación, Romero Rodríguez habría movilizado “$901,993.81, cuando el monto percibido por las remuneraciones netas en calidad de diputado propietario durante el referido periodo en la Asamblea Legislativa únicamente ascienden a $50,158.81”. La institución insistió que existe “una inconsistencia en los montos devengados, declarados, y sus respectivos depósitos en cuentas bancarias y la utilización de cuentas a nombre de la esposa, las cuales son acciones propias del delito de Lavado de Dinero y Activos”, una afirmación que fue también reiterada ante la Comisión de Antejuicio, y reafirmada al cierre de la Sesión Especial.
