Al menos tres casos de feminicidio fueron procesados por el Ministerio Público y autoridades judiciales durante la semana, y otro de los casos aún no ha culminado en la detención de su acusado. Asimismo, la Policía Nacional Civil (PNC) logró la detención de un caso de “Violencia Feminicida”.
De tal forma, las autoridades fiscales confirmaron la condena a 15 años de prisión de Ovidio Rivas Benitez. Al sentenciado se le responsabiliza del asesinato de su sobrina, Roxana Brizuela, de 39 años de edad, a quién arremetió con un “corvo” el pasado 26 de junio del 2018, según lo detalla la Policía Nacional Civil (PNC).
Es necesario reconocer que el delito de “Feminicidio”, se define como el asesinato motivado por “el odio o menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de veinte a treinta y cinco años”, de acuerdo con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujer (LEIV), que es aplicable contemplado por el artículo 129 del Código Penal.
Asimismo, José Mauricio Arly Mejía Rodríguez enfrenta un proceso penal en su contra, al ser acusado por el delito de feminicidio agravado en contra de su esposa. La FGR sostiene que presuntamente pudo haberla asesinado al golpearla con una piedra en la cabeza, el pasado 3 de octubre.
Ruth Esther Rivas Molina, por otra parte, fallecida presuntamente a manos de su esposo Víctor Aldonso Vides Valles, es otra de las mujeres reportadas en los casos de feminicidios en el país. El juicio se ventila en el Tribunal de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Santa Ana.
De acuerdo con las hipótesis fiscales, la víctima habría sido localizada en la carretera que conduce con la “frontera Angüiantú”, con lesiones de gravedad, por lo que tuvo que ser atendida en el Hospital Nacional Arturo Morales, lugar dónde habría fallecido el 1 de octubre de 2018. La FGR, por su parte, sostiene que Vides Valles fue el autor responsable de los acontecimientos.
Del mismo modo, el Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para la Mujer de Santa Ana finalizó la vista pública del juicio en contra de los 13 ex-miembros de la corporación policial acusados por “encubrimiento en el delito de feminicidio agravado en comisión por omisión e incumplimiento de deberes” en detrimento de la vida de la agente Carla Mayarí Ayala Palacios”. Por otra parte, la FGR sospecha de Juan Josué Castillo como el actor material de su asesinato.
La jueza, Glenda Yamileth Baires, programó el dictamen del fallo el día 28 de octubre del presente año, a las 10:00 am. Instó, además, la presencia de tres “asociaciones feministas” y la presencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
También hay que destacar que, por el delito de “Feminicidio Agravado”, la LEIV establece una sanción de 30 a 50 años de prisión que cometieren empleados o funcionarios públicos; o si el hecho fuere cometido por más de dos personas, si existiera abuso de superioridad, entre otras condiciones así definidas en el artículo 46 de la misma.
En otro orden, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, definió como “violencia feminicida” a las agresiones que recibió Tatiana, víctima de Mario Raúl Murcia Salinas.
“Historias como las de Tatiana, la sufren todos los días, miles de mujeres, muchas veces, en silencio por miedo a ser una víctima más de violencia feminicida. Las exhorto a que denuncien, no se queden calladas. Acabemos con esta epidemia”, expresó el Fiscal General de la República, Raúl Melara.
El Juzgado de Paz de Nejapa aborda el caso de Murcia Salinas, en el que es acusado de cometer los delitos de “Expresiones de Violencia contra la Mujer”, “Lesiones” y “Robo”. La FGR detalla que el caso fue constatado en un vídeo que se divulgó en redes social en el que se vio a Salinas agrediendo a su víctimas para solicitarle el acceso a sus cuentas de redes sociales, mientras ésta última intentaba defenderse mientras sostenía a su bebé.
La LEIV también establece que el delito tipificado como “Violencia Feminicida” se define como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres”.