Al 34% aumentan delitos sexuales en infantes y adolescentes en 2021

Al 34% aumentan delitos sexuales en infantes y adolescentes en 2021 Delitos sexuales aumentan al 34% contra menores, en 2021 (2,644 casos). La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud exige al Estado justicia y protección a las víctimas. Por Alessia Genoves “Unos 2,644 hechos de violencia sexual fueron perpetrados en contra de niños, niñas y adolescentes menores de 17 años”, al cierre del año 2021, de acuerdo con los informes de la Fiscalía General de la República (FGR). El registro constituye un incremento del 34%, respecto a los reportes registrados al cierre del año fiscal 2020. Actuar “inmediatamente para esclarecer todos los hechos delictivos cometidos contra las niñas, niños y adolescentes” es la demanda hacia la FGR, que hace instituciones sociales, como la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador. “Fortalecer la respuesta hacia las víctimas y ampliar la cobertura en servicios sociales” es otra de las petitorias que hace la organización a la Policía Nacional Civil (PNC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Salud (Minsal), el Ministerio de Educación (Meneducyt) y el Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA). Violencia sexuales Al 18% se elevaron las cifras de delitos por violencia sexual en contra de mujeres, al cierre del año 2021. La cifra corresponde a un total de 3,284 casos reportados por la FGR, al cierre del año 2021; que contrasta con los 2,665 registrados al cierre del año 2020. La fuente es retomada por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), en el observatorio de Violencia Contra las Mujeres. El 75.2% de los delitos sexuales registrados en el monitoreo responde a niñas y adolescentes, con edades de 0 a 12 años; y de 13 a 17 años. La proporción es representada por un total de 2,470 delitos sexuales hacia las víctimas, dato que contrasta con el de la Alianza, por al menos 174 casos, que no representan a niños y adolescentes del sexo masculino; es decir, una proporción que apenas representa el 5.29% del total de casos. De hecho, el informe difundido por la Alianza es coherente con el de Ormusa; pero la cuantificación de ésta última es más completa. Registra unos 1,003 delitos tipificados como “estupro”, lo cual representa el mayoritario 37.9% del total de casos registrados. Otros 885 casos representan al delito de “violación en menor e incapaz”; es decir, el 33.47% de los casos. Víctimas del delito de “violación en menor e incapaz” fueron 667 menores, lo cual representa una proporción del 25.22%, que es un poco más de la cuarta parte. Otros 52 menores fueron víctimas de actos definidos por el delito de “otras agresiones sexuales”, que representa un 1.96%; mientras que otros 17 menos fueron víctimas de “violación”, que representa una proporción de apenas el 0.64% de los casos documentados. Exigen protección Incrementar la respuesta en protección a la niñez y a la adolescencia, así como judicializar las instituciones públicas y fortalecerlas son las principales demandas que la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador expresó, ésta tarde, al Estado salvadoreño. Para la organización, los hechos de violencia sexual contra menores, responden, a su vez, al debilitamiento de las instituciones del Estado que garantizan los derechos humanos de las infancias y adolescencias. Ésta condición convertiría al país en “un escenario de vulneración sistemática, si se considera, especialmente, las serias e irreparables afectaciones que los hechos de violencia sexual y los embarazos forzados tienen para las niñas y adolescentes”. Hace sus demandas a instituciones como al Órgano Legislativo, al que exige “contar con sistemas de información diferenciados, tanto del impacto sanitario de la pandemia, como de los delitos de violencia sexual, que visibilicen a la niñez y adolescencia víctimas”. También demanda la elaboración de estadísticas que distingan el “sexo, pertinencia étnica, entre otras”, pero no detalla la cuantificación de víctimas según su género auto-percibido, color de piel o raza. También exige a la FGR que “actúe inmediatamente para esclarecer todos los hechos delictivos cometidos contra las niñas, niños y adolescentes, llevando ante la justicia a las personas responsables, creando los mecanismos, planes, programas y estrategias necesarios para atender como es debido la problemática de violencia sexual”. A la Policía Nacional Civil (PNC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Salud (Minsal), el Ministerio de Educación (Meneducyt) y el Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) exige “refuercen las respuestas inmediata a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y ampliar las coberturas en programas y servicios adaptados a las necesidades y particularidades desde un enfoque centrado en la víctima y en el trauman diferenciado e interseccional”.