Por Alessia Genoves
$9,733.00 USD en sanciones establecen en contra del ex-titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Mauricio Ernesto Landaverde. La sanción interpuesta la establece el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), según se constata en las resoluciones contenidas en el expediente 38-D-19. En la documentación se constata que a las motivaciones del Tribunal responden a a un proceso de desafuero por evidentes violaciones éticas relacionadas con su participación Asociación Yo Cambio (Asocambio)
Ramírez Landaverde ha sido, pues, responsabilizado de infringir la prohibición ética del artículo 6 letra g) de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) al “aceptar o mantener responsabilidades en el sector privado”, en este caso en ASOCAMBIO, mientras se desempeñaba como Ministro durante los años 2018 y 2019. Por esta infracción se le impuso una multa de $4,866, considerando criterios como “la gravedad y circunstancias del hecho cometido” y “la renta potencial del sancionado al momento de la infracción”. En otro caso particular, al ex-ministro se le implica en la comisión de los delitos de “actos arbitrarios, peculado, falsedad ideológica y cohecho impropio” en perjuicio del Estado y en beneficio de la organización, por un monto estimado de $14,7 millones USD.
¿Trasladó y desvió bienes del Estado para Asocambio?
$2,433.00 USD es el monto en reclamo que el TEG estableció en contra de Ramírez Landaverde, por hechos anti-éticos -a su juicio-, en perjuicio del Estado. Ésta segunda sanción respondería a la infracción consumada en contra del artículo 5, letra a) de la LEG, que prohíbe taxativamente “la transferencia de fondos y bienes de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) a la mencionada asociación privada que él mismo presidía”. El TEG tomó en cuenta “el beneficio o ganancias obtenidas por el infractor” y nuevamente “la gravedad y circunstancias del hecho cometido”.
TEG señaló: que “al ser miembros de la Junta Directiva de ASOCAMBIO, los investigados tuvieron acceso a la administración de su patrimonio”. Y agregó: “Por ser servidores públicos de la DGCP y del MJSP tenían un interés en formar parte de ASOCAMBIO, por cuanto ello les permitiría la administración de su patrimonio”. De modo que, según el TEG, se generó un conflicto de intereses ya que como servidores públicos antepusieron un supuesto interés particular por la asociación por encima del interés general que debían velar desde sus cargos en el Estado.
En sus alegatos, la defensa de Ramírez Landaverde planteó que no existía tal infracción porque su representado no obtenía ningún beneficio económico por su participación en ASOCAMBIO y que la asociación había sido creada en cumplimiento de recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República (CCR). No obstante, el TEG desestimó estos argumentos al considerar que lo ocurrido configuraba un fraude legal, pues la recomendación de la CCR no implicaba que los funcionarios públicos debieran conformar ellos mismos la mencionada asociación.
Por otra parte, respecto a las infracciones señaladas a la LEG, la defensa también ofertó la versión de que el ex-funcionario y los miembros de la institución habrían cumplido las recomendaciones de la CCR para transparentar el manejo de las tiendas penitenciarias. No obstante, el TEG ratificó la infracción al considerar probado el uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, ésta versión también sería desestimada por la institución, que resolvió en imponerle las infracciones que, en su conjunto definían un saldo acumulado de $9,733.00 USD.
$14,7 millones USD del Estado ¿Desviados a Asocambio?
$14.7 millones USD habrían sido desviado de las cuentas públicas del MJSP, para beneficiar a ASOCAMBIO. El caso cobró relevancia luego de que en 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) acusara a 21 personas, incluyendo a Ramírez Landaverde, por delitos como peculado, falsedad material y cohecho impropio relacionados con un supuesto desvío de $14.7 millones de las tiendas institucionales administradas por ASOCAMBIO.
FGR, en sus investigaciones y contenido probatorio, sostiene que ASOCAMBIO habría funcionado entre 2018 y 2019, período en el que se registró la extracción ilícita de fondos depositados por familiares de privados de libertad. Sin embargo, Ramírez Landaverde ha defendido la legalidad de las operaciones de ASOCAMBIO, asegurando que esta asociación se creó en 2019 bajo la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro para transparentar el manejo informal que existía previamente en las tiendas penitenciarias.
Landaverde, quien se desempeñó durante casi 30 años en el sistema penitenciario, alega inocencia en el proceso penal que se sigue en su contra, manifestando que actuó dentro del marco legal. No obstante, el Tribunal de Ética ya consideró probado que Ramírez Landaverde incurrió en conflicto de intereses al participar en ASOCAMBIO mientras era Ministro de Justicia, anteponiendo un supuesto interés particular por encima del interés público. Entretanto, la defensa insiste en que no hubo beneficios personales ni utilización indebida de recursos estatales.
El proceso penal se encuentra actualmente en curso. Hasta el pasado mes de julio de 2022, ya transitaba a la etapa de instrucción, habiéndose rechazado en diciembre de 2021 los recursos de la defensa contra la detención provisional de los imputados. Se espera que en los próximos meses se realice la vista pública para determinar la responsabilidad de los acusados. Entretanto, la Fiscalía General de la República (FGR) ha demandado a los implicados el “pagar una fianza de US$10 mil, no salir del país, no cambiarse de domicilio ni tener contacto con los funcionarios de Centros Penales, y presentarse a firmar al juzgado”.
