Por Alessia Genoves
96.4% de la población salvadoreña está a favor de la construcción del Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (Cecot). El dato responde a una pregunta reiterada por el Centro de Investigaciones de Estudios Sociales y Económicos en Centroamérica (Ciesca), que busca conocer el grado de afinidad de la población salvadoreña por la construcción de la mergacárcel, misma que ya alberga a unas 4,000 personas implicadas a maras y pandillas, de un acumulado de 62,642 internos, durante el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales.
Cid Gallup y el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Iudop Uca), son dos de instituciones que han rendido estudios de opinión con resultados favorables en la percepción de las políticas de reducción de la violencia. La primera indicó que el 92% de la población salvadoreá está a favor de las “medida tomadas por el Régimen de Excepción”, de entre las que responde, desde luego, los motivos que presiden a la construcción del Cecot. La segunda rindió una ponderación de 7.2 puntos a las políticas de seguridad pública.
A favor del Cecot
4,000 personas albergan el Cecot, un complejo que está edificado con dimensiones de 236 manzanas cuadradas, y la extención perimetral de muros de concreto de hasta 2,5 kilómetros de extensión. El centro de confinamiento que oficializó su apertura la noche del 31 de enero del año 2023, habría sido definido como “el más grande de toda América”; pero su capacidad instalada estaría dedicada para unas 40,000 personas, exclusivamente relacionadas con altos cargos -e imputaciones penales- relacionadas al terrorismo.
Ciesca, particularmente, demostró que un 96.4% de los usuarios de twitter, necesariamente salvadoreños, estaban “de acuerdo con la decisión del Presidente Nayib Bukele de hacer una mega cárcel de máxima seguridad para pandilleros y terroristas”, en una encuesta cuyos resultados se divulgaron el pasado 1 de febrero de 2023. El mismo resultado tendría lugar en la última encuesta de opinión divugada el pasado 31 de marzo del mismo año; y con los mismos resultados de opinión en contra, del 3,6%.
62,642 personas han recibido orden de aprehensión, durante la vigencia del Régimen de Excepción. Éste resultado es consecuente a una sustracción de 3,735 personas que han recibido libertad, ya sea condicional y con medidas alternas a la detención, o por el sobreseimiento definitivo de aquellas imputaciones que requerían la detención. El motivo de la detención estaría legalizado en el Decreto N.º 333, que ha permanecido en vigencia desde el pasdo 27 de marzo de 2022, debido a prórrogas que justifican su permanencia por la peligrocidad que se presume de la estadía de 13,958 pandilleros en libertad.
El Régimen han rendido un resultado de más de 230 días sin homicidios, hasta el pasado 31 de marzo del año 2023. A su vez, los resultados formarían parte de una proporción del 67% de los 333 días sin homicidios acumulados durante la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. La Policía Nacional Civil, en última instancia, ha divulgado el último informe de balance de homicidios, en el que detalla que el mes de marzo de 2023 se concretaría con 12 homicidios, un resultado que contrasta en un 87.6% con los los 320 homicidios cuantificados durante el mismo período del año 2022.
Controversias
3,775 personas han recibido orden de libertad, tras haber sido detenidas bajo la presunción de pertenecer o de participar con maras o pandillas. Sin embargo, el resultado, comos se ha informado, no responde necesariamiente a la absolución de las imputaciones penles o sentencias en contra de los detenidos. Éstas, en cambio, también responde al sobreseimiento de algunas de las imputaciones que requerían la detención del imputado; al cambio de la tipificación penal y otros casos sobre sobre el sobreseimiento total del acusado.
7 organizaciones sociales, no obstante, han rendido un registro de 4,464 denuncias sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Entre ellas se enumera la Fundación Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y el Servicio Social Pacinista (Spass). A estas denuncias se añaden otras 1,343, por la organización Socorro Jurídico Humanitario.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ha recibido a varias de las organizaciones demandantes. Ésta posición política responde al trabajo articulado con el Gabinete de Seguridad Pública, desde los primeros períodos de su vigencia. A las denuncias, el Estado también ha sido instado a reponder a los señalamientos de la organización Amnistía Internacional, y al Departamento de Estado de los Estados Unidos; la primera que desde el pasado 3 defebrero expresó su “profunda preocupación” ante la construcción del Cecot, a las posibles vulneraciones a os derechos humanos y al “encarcelamiento masivo”, que podría generar hacinamiento.
En última instancia, el Departamento de Estado ha reiterado que las condiciones en los centros de detención se verían en un estado de hacinamiento. Ésta observación también se deduce de los informes del MJSP y de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). De acuerdo con los informes, hasta 2021 la capacidad instalada de personas detenidas en centros de detención era de 30,864; mientra que el número de personas detenidas lo superaba, siendo de 36,795. Sin embargo, para 2023, la capacidad instalada se ampliaría a las 70,864, si de los 27 centros de detención se suma el Centro de Contención para el Terrorismo (Cecot); mientras que el número de presidiarios es de 98,815.
DGCP, por otra parte, registra un decrecimiento en la mortalidad carcelaria. El dato lo confirmó, de anticipo, el Gabinete de Seguridad, durante una reunión oficial con el presidente Bukele, en la que participó la actual titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara. Hasta entonces, la cantidad señalada era la de 80 personas que perdieron la vida en centros penales; pero que incrementó a los 90 hasta el mes de noviembre, según lo confirmó la representante de la FGR ante la ONU, Adela Saravia.
111 personas han fallecidos en 2022 y 2023. Mientras que 94 muertes se registran durante el año 2020. Al mismo tiempo, éste última cantidad sería apenas inferior a la registrada al término del año 2019, que fueron 108 personas fallecidas, según la DGCP. En última instancia, para el año 2018, la muertes de reos sería la de 130; es decir, un número bastante inferior al de los años sucesivos.
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