jueves, 12 de mayo del 2022
spot_img

8M: Mujeres exigen Estado de Derecho, trabajo y alto a la violencia

¡Sigue nuestras redes sociales!

#8M : 132 feminicidios se reportaron en 2021: demanda justicia. 1,233 casos de violencia laboral se reportaron en 2015-2020: demandan derechos laborales. Reiteran cumplimiento de la LEIV.

Por Alessia Genoves


Estado de derecho es la demanda colectiva que organizaciones de mujeres hacen al gobierno salvadoreño, para garantizar sus prestaciones sociales básicas, participación política, y una vida libre de violencia para las mujeres en El Salvador.

Feminicidios, desapariciones forzadas y violencia sexual también figuran entre los principales temas de denuncia, en la reivindicación del Día Internacional de la Mujer. Centenares de mujeres se manifestaron en importantes puntos del país, desde el pasado 6 de febrero. Se tomaron las calles y convocaron a la prensa, para reiterar su derecho por una vida digna.

Violencia contra la mujer

Al menos 132 mujeres fueron víctimas de feminicidio, al término del año 2021. El 62% de ellas fueron niñas y adolescentes, de hasta 12 años de edad. La cifra es ligeramente mayor a las 130 víctimas de feminicidio del año 2020, según lo reporta la Fiscalía General de la República (FGR).

Unos 10 feminicidios se acumulan a los registros oficiales, de acuerdo al recuento de la Policía Nacional Civil (PNC) que cuantifica ContraPunto, en lo que va del año. El primer caso fue registrado el pasado 10 de enero, sin que las autoridades identificaran el paradero del agresor.

Posteriormente, la corporación policial reconoció a Santos Amaya (20 de enero), Carlos Gálvez (27 de enero); Douglas Pérez (9 de febrero); Alex Cruz (12 de febrero) como autores del delito de feminicidio. Fueron también sometidos a las autoridades José Rivera (9 de febrero); José Cruz (18 de febrero); Mario Linares (9 de febrero) y Raúl Quiñonez (2 de marzo).

Los casos de feminicidios han sido así tipificados a través de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), que establece penas de 20 a 35 años de prisión a “quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer”.

La LEIV, es producto de las demandas y luchas de las mujeres salvadoreñas. Bajo ningún argumento se puede retroceder en el reconocimiento del derecho de las de las mujeres a vivir una vida libre de toda forma de violencia y discriminación. No se puede aprobar, derogar o reformar ninguna política pública sin su participación”, expresan organizaciones sociales como la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA); Las Dignas; la Organización de Mujeres Mélida Anaya montes, entre otras.

Desde el año 2012 fue ratificada la LEIV por la Asamblea Legislativa (2009 – 2012). Desde esa fecha, el número de feminicidios se cuantificaba en 329 víctimas; en 2013, se acumulaban 2015; y en febrero superaban los 216; cantidades significativamente menores a las del último quinquenio. Sin embargo, legisladoras como la diputada Marcela Pineda, del partido Nuevas Ideas (NI) cuestionan la efectividad de la ley.

La LEIV no cumple las expectativas, la LEIV ni siquiera pudieron cumplir los comités de prevención de violencia, que simplemente sirvieron para sacar dinero a la cooperación nacional para anotarse y fingir que se estaban reuniendo para ver estadísticas departamentales de los casos de violencia que estaban sufriendo las mujeres”, indicó, en la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, el pasado .4 de febrero.

Las organizaciones sociales denunciaron las opiniones de la legisladora, y la calificaron como un “riesgo” ante una posible derogatoria, o reforma que constituya “retrocesos” en la LEIV. En cambio, reiteraron la importancia de la ley, con el registro estadístico de delitos por violencia contra la mujer,, en el Sistema Nacional de Datos. Además de la contribución en la derogación, reforma o creación de unas 25 normativas secundarias, a favor de “una vida libre de violencia” para la mujer, en el ámbito laboral.

El temor de las organizaciones también responde al archivo de unas 300 propuestas; entre ellas, unos 30 expedientes de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, espacio legislativo en el que también se estudiaba las propuestas por una Ley de Identidad de Género para personas trans; y una Leu Especial por la Igualdad y la No Discriminación, “para grupos sociales históricamente excluidos”.

Las organizaciones reiteraron que la LEIV cumple “en el mandato internacional de legislar internamente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia especifica contra las mujeres”. Además de abordaje de unos 100 servicios públicos, bajo un gasto de al menos $135,1 millones de dólares, en 6 años, hasta el año 2020.

Incrementa la Violencia Laborales

La violencia laboral ha incrementado en el último quinquenio. Hasta el año pasado, el número de registros de violencia contra la mujer se cuantificaban en 1,824 casos reportados, que incluyen hechos de violencia laboral. Durante los años 2015-2020, el número de hechos de violencia laboral contra la mujer ya se cuantificaba en al menos 1,233 casos.

Desde la interpretación de la LEIV, la violencia laboral constituye en “acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas en forma repetida y que se mantiene en el tiempo en los centros de trabajo públicos o privados, que constituyan agresiones físicas o psicológicas atentatorias a su integridad, dignidad personal y profesional, que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, o que quebranten el derecho a igual salario por igual trabajo”.

Violenmujercia sexual representa el 37% de los casos de violencia laboral contra mujeres, de acuerdo con los últimos reportes de ORMUSA. La discriminación y las humillaciones también han formado parate de las denuncias, en el 57% de los casos reportados.

El Código de Trabajo regula las conductas laborales; entre otras cosas, establece garantías sociales para mujeres embarazadas; la edad mínima de trabajo; y reitera la no discriminación por razones de género o identidad, tal y como lo establece el artículo 3 de la Constitución. Las adecuaciones que se hicieron desde el año 2018 responden al objetivo de garantizar la prevención de las conductas discriminatorias y de violencia contra las mujeres en el trabajo, incluyendo la interpretación y aplicación del Código de Trabajo en armonía contra las Mujeres (LIE)”

spot_img

También te puede interesar

Participe con su comentario

Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto, especialista en temas sociales, culturales y de género
spot_img

Últimas noticias