Por Alessia Genoves
Ley de identidad de género, justicia a feminicidios y transfeminicidios y la interrupción legal del embarazo son cuatro de las principales consignas que organizaciones sociales desfilaron en el Día Internacional de la Mujer. Las demandas responden a un elevado registro de muertes de mujeres y personas trans; y a al judicialización arbitraria de casos de abortos espontáneos, por emergencias obstétricas, inviabilidad de la vida extrauterina y complicaciones de salud.
64 mujeres ya han sido liberadas, tras apelar a condenas arbitrarias, porque su embarazo se vio interrumpido tras emergencias obstétricas. Al menos 1 homicidio a una persona LGBT fue registrado por la organización Comunicándo y Capacitado a Mujeres Trans con VIH (Comcavis Trans), al término del año 2022. Mientras tanto, al menos 6 homicidios de personas LGBT han sido judicializaos, con condenas de hasta 60 años de prisión, atenuantes a crímenes de odio. Pero las organizaciones sostienen que ésta situación podría mejorar si existiere una legislación que favorezca la vida de las personas en condición de vulnerabilidad.
Exigen interrupción del embarazo
181 mujeres han sido llevadas a prisión, bajo la controversia judicial de haber sufrido abortos espontáneos, producto de complicaciones obstétricas; o bajo la presunción de haber matado a sus hijos. El registro lo constata la Fiscalía General de la República (FGR), y es citado en e informe “Del Hospital a la Cárcel”, de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto.
64 de los casos registrados, no obstante, ya resolvieron su situación jurídica. El resultado culminó en el sobreseimiento de las tipificaciones penales de “homicidio agravado” por el sobreseimiento definitivo, y la recuperación de la libertad de las personas gestantes.
Más de 23 años desde que la Asamblea Legislativa deliberó a favor de la reforma al Código Penal que, entre otras cosas, penaliza el aborto por consentimiento de la persona gestante, así como por las terceras personas involucradas en la interrupción del embarazo.
De hecho,“antes de 1997, existían formas de abortos no punibles en los casos en que peligraba la salud y la vida de las mujeres, cuando se había detectado una malformación genética en el feto que era incompatible con la vida, y también cuando los embarazos eran el resultado de una acción criminal; es decir de una violación sexual”, expresó Morena Herrera.
Para hacer frente, las organizaciones llevaron a la Asamblea Legislativa la “Reforma Beatriz”, inspirada en una joven que a sus 22 años le obligaron a someterse a un trabajo de parto y a un histerectomía (extirpación del tejido uterino), para dar a una luz a su hijo que perdió la vida a los 5 días de vida extra-uterina. El deseo de su hijo fue previsto por diagnósticos prenatales, debido a la ausencia importante de tejido encefálico (cerebro y cráneo).
La Reforma Beatriz consiste en una modificación en el artículo 133-A del Código Penal. La interrupción del embarazo, por tanto, estaría prescrita bajo “el propósito de salvar la vida y preservar la salud, el consentimiento de la madre y aquel generado por violación o estupro” de la persona gestante, según se cita de la propuesta tramitada en 2021, tras haber sido archivada por considerarla -junto con otras 300 propuestas- como “obsoleta y no acorde a la realidad nacional.
Sin embargo, la Agrupación y organizaciones afines reafirman la validez y vigencia de la propuesta. En última instancia, el espirito de la propuesta de reforma podría ventilarse en el juicio denominado “Caso Beatriz Vs El Salvador”, que es debatido en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH).
Otras demandas también han sido reiteradas por la Corte-IDH, en noviembre de 2022. La institución enumeró sus demandas en el Informe de Conclusinos, del Comité Contra la Tortura (Cat). En el mismo, hace notar que el país “no prohíbe las emergencias terapéutica, y que existen protocolos y reglamentos que prevén la protección de la vida de la madre y del nasciturus en estado de necesidad”.
Sin embargo, éstas condiciones no tuvieron lugar en el caso de Beatriz. Por otra parte, el Estado salvadoreño fue condenado; y, entre otras cosas demandó la reforma de leyes pertinentes para posibilitar la interrupción del embarazo, y la adecuación de la docimentría. El caso es conocido como “Caso Manuela y otros vs El Salvador”.
Identidad de Género
Ley de Identidad de Género y cambio de nombre para personas trans, son dos de las demandas reiteradas por organizaciones sociales LGBT. La primera demanda ha sido procesada desde los últimos 14 años, por organizaciones sociales como la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoiris Trans). La demanda llegó a ser discutida en la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, hasta ser llevada a archivo en 2021.
Sin embargo, la propuesta fue enviada nuevamente a la Comisión, en agosto de 2021. Se habrían administrado cambios en su forma, más no sustanciales, para”facilitar la lectura de los diputados”, según lo indicó en su momento el representante de la organización HT El Salvador, Joshua Navas. Sin embargo, la propuesta no ha vuelto a ser convocada en la Comisión, hasta la fecha.
La reforma a la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN) fue, por otra parte, otro de los temas de consigna. La Sala de lo Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a a Asamblea Legislativa adecuar el recurso legal, para ser accesible a personas trans, debido a que la existente era “lesiva a la dignidad humana”. El plazo de elección se estableció hasta el término del mes de febrero del año 2023, según ContraPunto lo observa en el expediente 33-.2016/1995-2016.
La Asamblea Legislativa, por tanto, ya agotó el tiempo establecido por la Sala de lo Constitucional. ContraPunto ha consultado a diputados integrantes de la Comisión, sin conseguir una respuesta sobre el desarrollo de la discusión. La diputada Marlenni Funes, del partido FMLN, informó a ContraPunto que la Asamblea, por otra parte, tiene la posibilidad de solicitar una prórroga para la aprobación.
A las observaciones presuntamente arbitrarias se añaden las demandas de Karla Guevara y de Aldo Alexánder Peña , las dos primeras personas trans en conseguir un cambio de nombre y de género desde la vía judicial, desde los Juzgados Primero y Tercero de Familia de San Salvador. Sin embargo, el Registro de Estado Familiar ha buscado interponer un recurso de amparo, alegando la vulneración de sus principios religiosos. La Sala de lo Constitucional, por su parte, tramitó el prceso, que a juicio de los beneficiarios, es arbitrario.
