889 mareros caen en Cercos Soyapango, Tutunichapa y La Granjita

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889 presuntas mareros son detenidos en los Cercos de Soyapango, Tutunichapa y La Granjita. 12,232 policías y militares tienen presencia en la zona. Hay 4,071 denuncias sobre presuntas vulneraciones a derechos humanos.

Por Alessia Genoves


889 personas son detenidas en Cercos de seguridad. Las órdenes de aprehensión responden a cargos por la presunta participación o pertenencia a maras o pandillas, en el contexto de la Fase 5 del Plan Control Territorial. Sus detenciones se acumulan entre los 61 mil procesados desde la declaración de la Guerra Contra Pandillas; de entre los que al menos 2,100 personas habrían sido liberadas, según la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara.

173 días sin homicidios se reportan durante el año 2022. El dato divulgado por los registros periódicos de la Policía Nacional Civil (PNC) constituye el 63% de los registros de los casi 270 días con cero homicidios durante la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Sin embargo, los datos son controvertidos por denuncias ciudadanas que han llegado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh) ante la presunta reserva de información. El presidente, por su parte, reafirma las estadísticas, alegando la disminución en la percepción de muertes.

Caen mareros

Cercos militares en el municipio de Soyapango y en las colonias Tutunichapa I y La Granjita tienen la intervención de 12,232 militares y policías. Autoridades del Gabinete de Seguridad compartieron ésta mañana a la prensa, el último balance sobre la administración y los resultados de la fase 5 del Plan Control Territorial. El titular del Ministerio de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, indicó que el número de personas detenidas, bajo cargos de agrupaciones ilícitas, es de 889.

750 personas habrían sido detenidas en Soyapango, hasta horas de la mañana de éste viernes 30 de diciembre. Merino Monroy aseguró que las personas detenidas tendrían alguna implicación con agrupaciones terroristas. Por otra parte, la aprehensión de los imputados habría tenido la participación de algunos de entre los 8,500 elementos de las Fuerzas Armadas de El Salvador (Faes) y de 1,500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

114 personas habrían sido detenidas en la colonia Tutunichapa I. Sus aprehensiones responderían a las mismas causas penales que las de los detenidos en Soyapango. Sin embargo, en éstos operativos, la participación de la Faes sería de al menos 1,000 elementos; y del personal de la PNC, al menos 132.

25 acusados de pertenecer o colaborar con maras o pandillas fueron detenidos en el cerco de la Colonia La Granjita. El operativo tiene presencia en la zona desde el pasado 24 de diciembre de éste año; y la presencia de los activos de las Faes es de 1,000 elementos; mientras que los de al PNC son 100 agentes.

2,000 efectivos de seguridad precederían a los anteriores, en el primer cerco instalado en el municipio de Comasagua (La Libertad). El operativo no responde precisamente a la Fase 5, denominada Extracción, sino a la fase anterior; por lo que sus resultados y operarios no se circunscriben a las recientes cifras.

La última intervención en el Cerco Tutunichapa tuvo la presencia del titular del Ministerio de Obras Públicas (Mop), Romeo Rodríguez. En su intervención oficial, indicó que “se está apoyando con la instalación de 100 luminarias en pasajes y vía principal de la comunidad Tutunichapa”.

Homicidios

173 días sin homicidios se cuantifican durante los nueve meses de vigencia del Régimen de Excepción, mismo que surgió tras la declaración de la Guerra Contra Pandillas. El número de personas detenidas, hasta segunda semana del mes de diciembre, era de al menos 60,475; mientras que las 889 nuevas aprehensiones superarían la cantidad de los 61 mil detenidos.

2,318 homicidios registrados en 2019 contrastan con el registro actual, al menos en una proporción del -78.8%. La administración del presidente Bukele reportarían cerca de 4 mil homicidios, en los casi tres años y medio de su administración presidencia.

Sin embargo, en los años 2014 al 2018, el Ministerio Público Fiscal investigarían unos 23,258 homicidios perpetrados. El período de análisis no corresponde al gobierno del presidente Nayib Bukele, sino al de su predecesor, el ex-presidente Salvador Sánchez Cerén, que se caracterizó por ser el más violento en la historia del país.

Controversias

2,100 personas, no obstante, han sido liberadas de cárceles y bartolinas tras ser detenidas durante el Régimen de Excepción. Ésta cantidad la compartió con la prensa la titular de la PDDH, Raquel Caballero; y se aproxima a las cerca de 2,000 personas liberadas, según lo declaró el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro.

No obstante, las cantidades antes descritas de personas liberadas es superior a las 1,900 personas liberadas, según lo declaró la FGR, en su último informe de rendición de labores ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

Y aunque el titular de la institución, Rodolfo Delgado, aseguró que la cifra responde al cumplimiento del principio de presunción de inocencia, por las órdenes establecidas, los sobreseimientos y absoluciones de los detenidos, organizaciones sociales, como la Fundación Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), cuantifican hasta 4,071 denuncias, que procesaron ante la CIDH y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

ONU, a través de su informe de observaciones del Comité Contra la Tortura (Cat, en inglés), exigió a El Salvador un período de aprehensión no superior a los 15 días, tal y como lo establece el Régimen de Excepción, en el Decreto N.º 333. También ordenó investigar los homicidios perpetrados durante su administración, y las 90 muertes en centros penales así reportadas por la FGR.

Adriana Saravia, representante de la FGR ante el Cat, aseguraría que las investigaciones se han hecho “sin que hasta el momento se haya encontrado evidencias de relación causal entre la muerte de las personas entre la muerte de la persona detenida y el uso desproporcionado de la fuerza perpetrada por personal policial, militar o penitenciario”.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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