Por Alessia Genoves
8 años de prisión se imponen contra José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como Mecafé. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador responsabilizó a Mecafé de la cometer el delito, en la ley, de casos especiales de lavado de dinero y de activos (art. 5, lit b). La causa penal responde a la adquisición de cantidades dinerarias a través de empresas offshore; así como a la participación en la licitación irregular del “Puente San Isidro”, resultado beneficiado con la obtención de una “aeronave”.
$1 millón de dólares es el valor estimado del inmueble adquirido por Mecafé. Se trata de un avión “Beechcraft King Air” y placas “90-TG ADL”, que en su tiempo fue propiedad de Jaime Ramón Aparicio Mejía, propietario de la empresa Servicios Calificados de la Construcción S.A. (Serdelco S.A.). Las pericias fiscales indicaron que el avión llegó a formar parte de su patrimonio, que se acumularían en un monto no justificado de $1,868,104.39 dólares
Mecafé representó la presidencia del Cifco durante los años 2009 al 2011, durante la administración del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena (2009-2014). Sin embargo, la FGR sostiene que algunas de las irregularidades en su contra habrían tenido lugar desde el inicio de su administración, por lo que las pruebas se remiten desde ese período.
Avión por Puente
$750,000 era el valor inicial de Beechcraft King Air, adquirido, en Miami, por los empresarios guatemaltecos Luis Eduardo de la Cruz Calderón y Jaime Ramón Aparicio Mejía, los mismos titulares de Serdelco S. A. Según lo detallan los testimonios y documentos rendidos en juicio, el valor del avió llegó a incrementar cuando los empresarios invirtieron en renovaciones, por un valor de $1 millón de dólares.
Menéndez Avelar solicitó el avión a Aparicio Mejía, “a cambio de adjudicarle la construcción del puente San Isidro”, según lo indicó el titular ante el Tribunal. Dicho puente respondía a un proyecto de construcción localizado en la “zona norte de La Libertad con el departamento de Chalatenango”, y cuyo precio se cotizó por los ofertantes, a un monto de “$8,487,716.94 dólares”.
Por otra parte, algunas de las reuniones, de la Comisión Evaluadora de Ofertas detallaban la certificación irregular de la empresa Serdelco, en el año 2013. El proyecto de obra recibió la licitación sin que se contaran con los permisos requeridos por la Ley de Adquiesiciones y Contrataciones de Servicios (Lacap).
De la Cruz Calderón certificó que el avión fue efectivamente entregado a Mecafé, como una “dádiva”, por la adjudicación de dichos proyectos. Y, entre otras cosas, un testigo con régimen de protección, clave “Wolwotin”, declaró ante el Tribunal que en el mismo viajaría el expresidente Mauricio Funes, en al menos seis diferentes ocasiones. Al mismo tiempo, declaró que el inmueble era arrendado a cuatro diferentes empresas, por un precio de $1,300 dólares la hora.
Por otra parte, la pertenencia y el uso adquirido de la aeronave habría sido constatado por la FGR, basándose en documentos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), que harían constar al menos “47 vuelos de su uso”. Y, entre otras cosas, el Ministerio Público a través adquirió documentación que indicaba que, a través de la empresa Cosase “pagaba la gasolina de éste avión”.
La FGR sostiene que “el proceso de licitación privada que motivó la entrega de ésta aeroave, para motivar la licitación de éstas sociedades extranjeras, es un proceso lleno de irregularidades, lleno de ilegalidades, por contravenir la legislación LACAP, y por contravenir legislación internacional, específicamente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)”.
Aumento Patrimonial
Mecafé ha sido sometido a la rendición de informes de su situación patrimonial, a través de la Corte de Cuentas de la República (CCR). Su situación de ingresos y gastos habría implicado, inclusive, a otros tres miembros de su familia en el flujo irregular de “$3,035,337.18 dólares”. Ante el hallazgo, fue sometido ante la justicia, debiendo rendir explicaciones y pruebas de descargo ante la Cámara Primera de lo Civil.
Sin embargo, la resolución de la cámara determinó que su núcleo familiar debía responder $2,084,742.96 dólares al Estado, ya que su origen no fue justificado. En el proceso, se habría deducido la participación de su esposa, Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, de quién correspondería un incremento patrimonial, del saldo total no justificado, por $59,760.95 dólares, que se dedujeron en depósitos y préstamos bancarios irregulares. Al mismo tiempo, su hija Fátima Yanira Menéndez de Baires no pudo justificar otros $133,415.70 dólares; ni su hija Andrea Vanessa Menéndez Henríquez una suma de $23,461.92 dólares del monto total.
