Por Alessia Genoves
77 días sin homicidios se registran en el transcurso de los 142 días del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. El dato ha sido confirmado por el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy. Junto con otros mandatarios de seguridad pública, presidió la emisión de la solicitud de prórroga del Decreto N.º 333. La demanda nacional busca la reducción de homicidios, con la contención de un estimado de 70 mil pandilleros activos.
“50 detenidos en el Régimen de Excepción” se registran, de acuerdo con las estimaciones del titular de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas. Los procedimientos de detención responden a la presunción de la pertenencia o participación de maras o pandillas. Más de 46 mil de los detenidos ya han recibido procesos de detención preventiva. Sin embargo, sus representantes han tramitado demandas ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que se totalizan, hasta el cuarto período de aprobación, en hasta 4,640 denuncias.
66 diputados de la Asamblea Legislativa avalaron la propuesta con su voto de ampliación del Régimen de Excepción, para que éste tenga efecto durante un mes más, hasta el próximo 16 de noviembre. El propósito que preside a la propuesta es la detención de los más de 20 mil pandilleros que estarían activos entre la población salvadoreña. Su contención busca la reducción de los homicidios, y de los índices delincuenciales en el país. Hasta el mes de agosto, la concurrencia de homicidios diarios se contrajo a un promedio de 0.46.
Menos homicidios
420 homicidios se reportan en los días 226 transcurridos del año 2022. El dato contrasta con los 749 homicidios reportados en el mismo período del año 2021, en un 43,92%. La cifra también es menor respecto a los 757 y 1,764 homicidios reportados por la Corporación Policial durante los años 2020 y 2019, respectivamente.
179 días sin homicidios se acumulan durante la administración del presidente Nayib Bukele. El dato corresponde a los informes periódicos divulgados por la Policía Nacional Civil (PNC), durante los días de vigencia transcurridos en el Régimen de Excepción. Los datos contrastarían con los 3,946 homicidios reportados en el mismo período, pero que serían inferiores respecto a los reportes durante la administraciones presidenciales de Mauricio Funes y de Sánchez Cerén, en porcentajes respectivos al 60,4% y 75,5%.
7 homicidios se reportan durante el mes de agosto de 2022. El dato contrasta con los 11 días sin homicidios reportados en el transcurso de los primeros 15 días de dicha fecha. Por otra parte, es necesario señalar que desde la aplicación del Régimen de Excepción, los registros de homicidios se redujeron a 13 hasta el mes de julio, siendo el menos violento del año; superando al mes de mayo, que apenas reportó 16 homicidios. El mes de junio, por otra parte, reportó 28 homicidios; mientras que el de abril, 23 homicidios. Las cifras contrastan con los 75 y 67 homicidios reportados al término de los meses de enero y febrero; y a los registros de marzo, que llegaron a los 172 homicidios.
Menos delincuencia
$1,100 millones de dólares “ya sobrepasamos”, como país, en las cantidades dinerarias decomisadas por agentes de la PNC y operativos de las FAES. En suma, otros $275 mil dólares se añadirían a los decomisos de más de 75 mil porciones de droga.
1,310 armas de fuego también fueron decomisadas por autoridades de seguridad pública, durante el Régimen de Excepción. En suma, otros 1,551 vehículos fueron incautados de la posesión de personas acusadas de pertenecer a maras o pandillas. Los datos fueron divulgados en las últimas horas por el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro.
Controversias
4,640 denuncias a presuntas vulneraciones a derechos humanos se acumularían en el último informe del Plan Nacional de Verificación del Régimen de Excepción. Es decir, los últimos datos responden a los períodos comprendidos entre el 25 de junio al 24 de julio, en respuesta de la cuarta prórroga del Decreto Ejecutivo N.º 333, del Régimen de Excepción. En ese orden, según indicó Tobar Serrano, la institución habría cuantificado unas “461 denuncias de diferentes afectaciones a derechos humanos”
351 denuncias sobre presuntas vulneraciones a la “libertad personal”, formarían parte del reporte. De acuerdo con el procurador, los datos “hacen sentido, tomando en cuenta el Régimen de Excepción”. Otros 224 casos responderían a presuntos hechos de “detención ilegal o arbitraria”; así como otras 45 presuntas “restricciones arbitrarias que no están contempladas en la ley”, es decir al Decreto N.º 333.
“518 de las 690 personas procesadas tienen fichas como pandilleros o colaboradores”, así lo afirma Diario El Faro, de unos 1,251 archivos confidenciales, a los que tuvieron acceso. Los datos que tendría vigencia, no obstante, hasta el mes de julio, hacen constar que otras 14 de las 518 personas, tenían antecedentes penales, y varios de ellos por el delito de agrupaciones ilícitas. Varios otros casos también los implican en maras y pandillas, de acuerdo con los detalles rendidos por el periódico; y que, por tanto, el número de pandilleros capturados podría ser mayor a la estimación del 75% que estima.
“Algunos dicen que son personas inocentes, porque ya el sistema de justicia anterior los sacó de las cárceles, y porque el sistema de justicia anterior los sacó de las cárceles; y porque nosotros los hemos vuelto a ubicar, y a entregarlos a la policía; o cuando las policías los captura”, indicó Merino Monroy. “Actualmente, el ser pandillero es un delito”, recalcó.
El decreto N.º 333 -al cual precede el Régimen- por sí, sólo ha conseguido la detención de 48,764. Las otras 46 mil personas que recibieron orden de prisión administrativa han tenido efecto con algunas de las reformas al Código Procesal Penal (art. 8, 73, 88, 221 y 331). En adelante, las cargas penales serían mayores para quienes sean vencidas en juicio, según se acordó en la Sesión Plenaria Extraordinaria N.º 5, del pasado 30 de marzo; con modificaciones en el Código Penal (162 y 345); así como en el Código Penal Juvenil; en la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión; en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y en de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a la Drogas.
“1,941 casos de detenciones ilegales” se habrían incurrido durante los 100 días del Régimen, según lo sostiene Cristosal. Otras 347, de medios de comunicación; así como otras 254 del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), según lo sostiene la UODH, en su informe. Entre otras cosas, Cristosal añadiría un estimado de 20 personas fallecidas al interior de los centros penitenciarios.
Merino Monroy negó implicaciones sobre omisiones al cumplimiento de la garantía de derechos humanos, al menos desde el personal militar. Por el contrario, reiteró que, aún en el régimen, “existen todos los mecanismos para que éstas personas que no son pandilleros, demuestren esa inocencia, si es que lo hay”. Sin embargo, varios de los operativos implicaron confrontaciones entre el personal militar y policías en contra de maras y pandillas, a quienes se les decomisó “armas de guerra”, como las del “calibre 55-56; ahí tienen F-3, AK-47; M-16 y escopetas”, así lo aseguró el ministro.
