Por: Alessia Genoves
7 muertes de personas sexo-diversas se han reportado en los últimos once meses del año 2021, según lo reporta la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis). Los datos aún son menores a los de los años anteriores, sin embargo, la institución advierte que los datos podrían ser mayores, ante la posible existencia de sub-registros.
Los datos son ligeramente menores a los de los años 2019 y 2020, durante los que los registros cuantificaron 10 y 8 asesinatos, respectivamente, según lo detalla el informe titulado “Muertes Violentas de Personas LGBT en El Salvador”, publicado ésta mañana por la organización.
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Asesinatos por armas de fuego y en espacios públicos, o en al interior de las viviendas de las víctimas, son parte de los escenarios de violencia. Sólo en 2019, la proporción de muertes trans constituía el 80% de los casos reportados, apenas superada por el 67% de hombres gays asesinados durante el año pasado.
Hasta éste año, 4 de los asesinatos corresponden a los de mujeres trans; las otras 2 muertes violentas las enumeran hombres gays, y la siguiente correspondería al asesinato de un hombre trans, de acuerdo con los hallazgos de Comcavis, basados en datos hemerográficos, fuentes testimoniales e informes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Es importante que estas cifras se compartan, para que lleguen a las autoridades pertinentes, para que puedan darle justamente un seguimiento”, explicó a Contrapunto, la representante de Comcavis, Carly Lemus.
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Demandan justicia por más de 642 asesinatos
“Dese 1992 a 2021 se han logrado registrar 642 casos” de muertes violentes LGBT; sin embargo, “hay casos que no se han registrado”, y el Gobierno no cuenta con un denso estadístico, indica la representante de la institución, Patricia Nájera.
Los reportes iniciales corresponden los primeros hallazgos de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans). Desde el año 2011 hasta la fecha, la Federación Salvadoreña LGBT (FESLGBT) ha enumerado más de 70 asesinatos a personas sexo-diversas, principalmente de mujeres trans, que superan los registros de más de 40 asesinatos.
“El 61.11% de las muertes violentas de 2020 se dio en mujeres trans”, y “en la mayoría de los casos no se evidencia quien realizó los hechos”, indica Rocio Martínez, representante de Comcavis.
Por otra parte, las muertes de al menos cinco personas sexo-diversas han logrado judicializarse; y al menos dos de ellas han llegado a cobrar las sanciones asociadas con crímenes de odio, que establece el numeral 11 del artículo 129 del Código Penal, según lo ha desvelado, públicamente, la FGR, tras el fallo del Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, el pasado mes de febrero.
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Yasuri Orellana (2017), Daniela Rodríguez (2017), José Geovanny Romero (2018), Camila Díaz Córdova (2019), y Carlos Alberto Orellana (2020) son apenas cuatro de los nombres de las víctimas que han recibido justicia; las primeras dos con condenas ejemplarizantes de hasta 60 y 62 años de cárcel, en contra de sus agresores (3 pandilleros, responsables de la masacre de San Luis Talpa, La Paz)
El resto de los casos, sin embargo, no recibieron sanciones mayores a las de un homicidio simple. De hecho, José Ricardo Escobar, responsabilizado del asesinato de Romero, fue acusado por el delito de homicidio agravado, y no recibió una sanción mayor a la de 20 años de prisión.
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Entretanto, los asesinatos de personas trans como Anahí Miranda Rivas (2019) y Tita Andrade Umaña (2020) aún se ventilan ante la justicia. ContraPunto ha recibido las declaraciones de la representación fiscal, que investiga el paradero de las víctimas. Las imputaciones refieren a los delitos de homicidio simple.
Pese a las sanciones del sistema de justicia en favor de las víctimas, las organizaciones sostienen que las penas no son proporcionales a las afectaciones de las víctimas. Además, el número de casos judicializados tampoco corresponde en número a la cantidad de personas asesinadas.
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“Lo más lamentable es que no ha habido reparación de la justicia; no ha habido reparación a las víctimas ni a los familiares; pero tampoco se ha categorizado éstos asesinatos como crímenes de odio, cuando realmente el motivo del hecho es un crimen basado en las orientaciones sexuales, y en las identidades de género diversas”, explicó Carly Lemus a ContraPunto.
Representantes de la organización manifestaron a ContraPunto su conocimiento en la aplicación de sanciones relativas a los crímenes de odio en el sistema judicial. Sin embargo, Comcavis no reconoció el fallo a favor de Yasuri y de Daniela en su último informe, pese a que se anunció de forma oficial. Para representantes de la organización, el dato no puede clasificarse si no se cuenta con la resolución, misma a la que accedió ContraPunto días después de la resolución judicial.
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