Por Alessia Genoves
$615 millones de dólares se requieren para actualizar la Ley del Presupuesto General de la Nación 2022. Los fondos tendrán operación en la emisión de títulos valores al sector financiero, sobre Derechos Especiales de Giro, financiados por le Banco Centroamericano de Integración Económica; así como los fondos requeridos para la cobertura de los gastos en 243 alcaldías municipales.
$40 millones de dólares también se requieren en el financiamiento de operaciones dedicadas a un proyecto de decreto para “amnistía fiscal”. Es decir, es un programa dedicado a “los contribuyentes que tienen deuda con en fisco”, a través de un decreto transitorio para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias.
Presentados fueron los proyectos de decreto a la Asamblea Legislativa, para discutir su aprobación en la Sesión Plenaria N.º 67, que de celebra éste sábado. Han sido requeridos por el titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya; y fueron recibidos por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. El legislador anticipó que el partido oficial, Nuevas Ideas, contribuirán con su voto para la aprobación de dichas propuestas de ley.
$365 millones: derechos especiales de giro
$275 millones de dólares habían sido asignados, para el financiamiento de Derechos Especiales de Giro. El financiamiento responde a un préstamo adquirido por el BCIE, desde el año 2020; pero cuya emisión fue presentada en la Asamblea Legislativa el pasado 26 de julio de 2022. Sin embargo, el titular de Hacienda indicó que presentarán una nueva iniciativa de ley para modificar la Ley del Presupuesto, y ampliar el monto a $365 millones de dólares.
La política dio en titularse “Decreto Especial y Tansitorio para autorizar al BCR el Traslado al Ministerio de Hacienda del Monto en dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a $275 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro”. La emisión tenía un plazo de cumplimiento por 10 años, que serán administrados por el Ministerio de Hacienda (art. 1), y cuya emisión sería en “neto de cualquier costo que implique la conversión para que sea utilizado para apoyo presupuestario” (art. 2), Sin embargo, el derecho sería desplazado por la nueva propuesta presentada por el ministro Zelaya.
$200 millones: compra de bonos
$200 millones de dólares se incorporarán, a través de una modificación, en la Ley del Presupuesto General de la Nación 2022. El monto corresponde a una “operación anticipada de la compra de bonos salvadoreños”, según lo indicó Zelaya. La propuesta de gestión de pasivos dio en titularse como la “Programa Temporal de Apoyo ante la Crisis de los Combustibles en El Salvador”, y fue presentada a la Asamblea Legislativa desde el pasado 26 de julio de 2022.
$50 millones: alcaldías
$50 millones de dólares se requieren para la modificación del Presupuesto General de la Nación. Los recursos serán destinados a unas 243 alcaldías municipales, cuya población no sea mayor a la de $73 mil habitantes. Según indicó Zelaya, “esto es un fondo totalmente diferente al FODES”; y que, además, “no está dirigido en materia de obras físicas”.
$21 millones de dólares de los fondos serían destinados a las alcaldías, al término del año fiscal 2022. Zelaya estimó que cada alcaldía recibiría mensualmente hasta $4,27 millones de dólares. Y añadió que, a partir del año fiscal 2023, el presupuesto para dichas administraciones llegaría a los $50 millones de dólares.
“Esto es un fondo totalmente diferente al FODES. Es un Fondo aparte. Es un fondo que va a coordinar éstas acciones, que es totalmente necesario y que no está dirigido en materia de obras físicas. Hay programas que no pueden quedarse abandonados, y que se les hace difícil financiarse por su nivel de ingreso. Nos pasa lo mismo con algunas cabeceras departamentales, o algunas poblaciones mayores a éste número”, comentó el titular de Hacienda.
$40 millones: amnistía fiscal
$40 millones de dólares se requieren para la cobertura de operaciones burocráticas, para el control de deudas tributarias. Se trata de un decreto transitorio para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, por un plazo de 80 días de vigencia; es decir, “hasta el 1 de noviembre”.
“Fortalecer el Plan Antievasión” es el objetivo que preside a la iniciativa, en la política fiscal que ha conseguido recaudar un aproximado de $790 millones de la recaudación fiscal. “Hacemos un llamado para que todos los contribuyentes puedan acercarse a ponerse al día con su situación fiscal, de lo contrario tendremos que hacer uso de herramientas judiciales disponibles”, instó Zelaya.
