Por Alessia Genoves
Unas 5,780 persona han sido detenidas por las autoridades de seguridad pública, al ser acusada de pertenecer a maras y pandillas. Las detenciones responden al desarrollo el Régimen de Excepción, que fue aprobado el pasado domingo 27 de marzo, tras heredar una cifra de 89 homicidios, desde el pasado viernes de la última semana de marzo.
Has cero homicidios se han contraído los reportes diarios de la PNC, desde el pasado 31 de marzo. En lo que va del mes de abril, al menos 5 personas han sido las víctimas de homicidio. La presunción de la nueva ola de asesinatos responde al crimen organizado, según sostiene la corporación policial. Las penas por la pertinencia, y delitos asociados a las agrupaciones terroristas han incrementado, al igual que el número de detenciones.
Sin embargo, unas 67 denuncias han sido reportadas como vulneraciones a los derechos humanos, según infirma la Procuraría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Los nuevos reportes figuran en la plataforma del Plan Nacional de Verificación, que pretende inspeccionar las labores de las autoridades de seguridad pública, en el Estado de Excepción.
5.780 detenidos
Desde horas de la mañana de éste lunes, un total de 5.747 personas fueron detenidas, según lo reporta la PNC. Las detenciones responden a la presunción por la pertinencia de maras y pandillas, que serían las responsables uno 89, en los últimos 9 días.
“Hasta esta hora, la PNC y la Fuerza Armada han realizado 5,747 arrestos de pandilleros. Hoy arrestaron al terrorista Noé León López, alias Fantasma, en la col. Guayacán. Esto en 9 días y únicamente 8 de ellos con RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN”, reitero el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Capturamos a otros 55 terroristas que cometían diversos delitos en los municipios de Ilopango, San Martín y Soyapango.
Estos son parte de los 5,747 pandilleros detenidos en 9 días, anunciados por el Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/7mfOrzshIT
— PNC El Salvador (@PNCSV) April 4, 2022
Otras 33 personas fueron detenidas en las últimas 4 horas, por los elementos de la corporación policial. Las detenciones además responden a la comisión de delitos asociados con la delincuencia común: el robo, la extorsión, delitos sexuales y homicidios. Algunos de los detenidos, de hecho, ya habían sido requeridos por las instituciones de justicia, como Jonathan Navidad, por el Tribunal Sexto de Sentencia, por el delito de extorsión.
En algunos casos, la PNC indicó que los detenidos “pasarán tras las rejas más de 25 años”, señalando a detenidos como Henry Ordóñez, Daniel Martínez, Raúl León y Fermín Ramírez. Sin embargo, la pena mínima ya supone los 30 años cárcel, a la pertinencia maras y pandillas; y 45 años de prisión, a sus cabecillas, tras la modificación del Código Penal, en los últimos cinco días de la quinta sesión plenaria extraordinaria, de la Asamblea Legislativa.
El Estado Salvadoreño dispone de cerca de 30 mil miembros de la PNC, a los que se suman 40 mil soldados de la Fuerza Armada, para la contención del crimen organizado. El gobierno maximiza sus expectativas a la incorporación de 1,600 nuevos soldados, para éste año. Sin embargo, la declaratoria del Estado de Excepción, y la contención del crimen organizado ha llevado al gobierno a conflictuarse instituciones internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).
“Ha quedado claro quiénes son los socios de los pandilleros. Todos han salido a defenderlos: Financistas, narcos, políticos y jueces corruptos, ONGs de “derechos humanos”, la “comunidad internacional”, la CIDH, periodistas y medios de Open Society, etc. Se quitaron la máscara”, opinó el presidente, tras señalar que dichas instituciones no reconocen los homicidios perpetrados por maras y pandillas; legitimando al Régimen de Excepción.
67 denuncia a DDH
Unas 67 denuncias por vulneraciones a los derechos humanos han sido tramitadas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Las personas denunciantes figuran entre los reportes oficiales del Plan Nacional de Verificación, que fue instalado en los últimos dos días, para inspeccionar el debido proceso en el arresto de salvadoreños, durante el Estado de Excepción.
“A través de nuestras diferentes plataformas se ha recibido 67 denuncias sobre vulneración de derechos, los cuales serán investigados”, explicó el procurador general, Apolinio Tobar, en el programa de televisión Diálogo con Ernesto López.
#ProcuradorDDHH #ApolonioTobar concluyó la entrevista en @dialogo21 reiterando que la #PDDH, siempre estará garantizado los derechos humanos de las víctimas y no protegiendo delincuentes. pic.twitter.com/5FgTTR2xLc
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) April 4, 2022
Cerca de 160 accione de inspección fueron diligenciadas por la PDDH, desde el pasado sábado, para la “protección de derechos humanos” de las personas que habrían sido detenidas de forma arbitraria; y que fructificaron en el registro de las cerca de 70 denuncias administrativas.
La Fundación Cristosal y Wola habían advertido que el Régimen de Excepción no era aplicable en el país, al no estar sujeto a la reflexión del criterio de proporcionalidad. De hecho, la política de seguridad no es proporcional a los delitos de homicidio, pues las autoridades no han sancionado la pena capital, en el decreto legislativo N.º 333, aprobado el pasado domingo 27 de marzo. La propuesta ha sido anunciada por legisladores del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), pero no es una sanción reconocida en el sistema de Naciones Unidas, a la que El Salvador es firmante.
Por otra parte, Washington advirtió que las capturas podrían atentar en contra del principio de presunción de inocencia, establecido en el artículo 12 de la Constitución de la República. Esta advertencia tampoco se concreta en el decreto N.º 333. Sin embargo, las denuncias recibidas por la PDDH ya están documentadas, a la espera de ser procesadas.
Contrario a la comunidad internacional, el procurador Tobar expresó su solidaridad a las familias de las más de 80 víctimas de homicidios, perpetrados desde las últimas semanas del mes de marzo, a la que llamó “la semana negra”. Enfatizó, asimismo, que en la institución “no van a defender delincuentes”.
#ProcuradorDDHH #ApolonioTobar “Como institución nos solidarizamos con las familias de las más de 80 víctimas de asesinato del fin de semana anterior, condenando todo tipo de violencia” @dialogo21
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) April 4, 2022
“No vamos a defender delincuentes. Vamos a defender los derechos que le asisten a cada persona, en los diferentes contextos en los que se encuentran. Y eso debemos dejarlo en claro, para que la gente entienda que nosotros vamos a estar del lado de los vulnerables. Somos parciales en favor de las víctimas”, dijo Apolonio Tobar.
La pertinencia a estructuras terroristas está penada con hasta 30 años de prisión (art. 345 CP.); y los homicidios arraigados a estructuras terroristas, a 50 años de prisión (art. 129 CP.). Por otra parte, el abuso de poder está regulado en el artículo 321 del Código Penal, como Actos Arbitrarios.
