Por Alessia Genoves
50,272 personas han sido detenidas, en el transcurso del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. La política de seguridad pública busca reducir los índices delictivos, con la contención de un estimado de 70 mil pandilleros activos. Sin embargo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha recibido, al término de la cuarta prórroga, al menos 4,640 denuncias.
5 de 170 denuncias recibidas por la PDDH, no obstante, han “detectado responsabilidad” en la comisión de vulneraciones de derechos humanos, “de manera preliminar”. Éstas denuncias han tenido lugar apenas en el “primer expediente que resuelve el primer mes de denuncias recibidas en San Salvador”, según lo indicó el titular de la institución, Apolonio Tobar. En total, ha condensado las denuncias en 142 expedientes, y cada uno de los casos deben procesarse en el sistema de justicia. Hasta la fecha, el número de procesados con orden de prisión preventiva es de 44,109 personas.
142 denuncias restantes corresponden a los 3 expedientes elaborados, cada uno, en razón de los 3 meses posteriores a la prórroga del Régimen de Excepción. Sin embargo, la población demanda “más prontitud en la respuestas”, según lo identificó Tobar. Además, aseguró que la institución ha encontrado “una burocracia increíble”, por lo que propone un “re-ordenamiento interno de la organización, re-estructurándola, para que la respuesta a la población sea más oportuna. Eliminando las barreras burocráticas internas”.
Seguridad
420 homicidios se reportan durante los 279 días transcurridos del año 2022. El dato contrasta con los 755 homicidios reportados en la misma fecha del año 2021; y con los 770 y 1,770 de los años 2020 y 2019, respectivamente. En los 17 días transcurridos del mes de agosto, la PNC apenas reporta 7 homicidios, en todo el territorio nacional.
13 homicidios se reportaron al término del mes de julio, fecha que se consideró como la más pacífica en toda la historia de El Salvador; y supera al mes de mayo, que reportó un total de 16 homicidios. Sin embargo, los meses de junio y abril reportaron 28 y 23 homicidios, respectivamente; no siendo mayores a los meses de enero y febrero, con cantidades de hasta 75 y 67 homicidios. Por otra parte, marzo es el mes más violento que haya reportado la PNC, institución que responsabiliza a maras y pandillas de participar, en mayor parte, en los 172 homicidios.
1,312 armas de fuego han sido decomisadas durante el Régimen de Excepción. Los decomisos responden a la comisión de delitos relativos a la portación ilegal o irresponsable de armas de fuego, y se presume que la mayoría de ellas eran posesión de maras y pandillas. De modo que 636 de éstas eran pistolas; mientras que otras 261 eran “revólveres”. Otros 12 de éstas armas eran fusiles; mientras que otras 221 eran escopetas; otras 14 eran carabinas, mientras que otras 27 ametralladoras. La PNC también confirmó el decomiso de otras 8 granadas.
“No podemos estar a favor de una política pública que limite derechos, porque los derechos humanos son progresivos. Pero, entendemos, como personas, como procurador, entiendo el contexto que vive el país. Entiendo el contexto de inseguridad que ha vivido el país desde 1992, que se firmó los acuerdos de paz”, indicó Tobar, al referirse al Régimen de Excepción. “Es por eso que esa inseguridad, es la que nos hace pensar que una acción de gobierno, lo que nosostros llegamos a hacer es monitorearla. Y por eso creamos el Plan Nacional de Verificación”, añadió.
Denuncias PDDH
4,640 denuncias a presuntas vulneraciones a derechos humanos se acumularían en el último informe del Plan Nacional de Verificación del Régimen de Excepción, de la PDDH. Es decir, los últimos datos responden a los períodos comprendidos entre el 25 de junio al 24 de julio, en respuesta de la cuarta prórroga del Decreto Ejecutivo N.º 333, del Régimen de Excepción. El titular, Apolonio Tobar Serrano, la institución habría cuantificado unas “461 denuncias de diferentes afectaciones a derechos humanos”
351 denuncias sobre presuntas vulneraciones a la “libertad personal”, formarían parte del reporte. De acuerdo con el procurador, los datos “hacen sentido, tomando en cuenta el Régimen de Excepción”. Otros 224 casos responderían a presuntos hechos de “detención ilegal o arbitraria”; así como otras 45 presuntas “restricciones arbitrarias que no están contempladas en la ley”.
Para agilizar el proceso, “instruimos que, para que no se generara una gran cantidad de expedientes, se aperturara un expediente en cada uno de los meses”, indicó Tobar. “Y que cada uno vaya acumulando diferentes denuncias, para conocer éstas dinámicas”, añadió. De tal modo que, duerante los 4 meses del Régimen la PDDH elaboraría unos 132 expedientes, con al menos unos 28 casos totales “vinculados al derecho a la vida”.
Es por ello que, del primer expediente, al menos 5 denuncias correspondía a hechos de posibles vulneraciones a los derechos, respecto al resto de las otras 170. Del resto, se “debe investigar, para determinar si hubo o no hubo la captura arbitraria”, porque “no podemos acreditar si lo que aparece ahí es cierto o es falso”.
“¿Qué confirma ésto?, que la investigación es necesaria. Que no podemos ser aventureros en hacer una afirmación, si no contamos con la información. ¿Por qué?, porque el día de mañana, cuando yo haga una afirmación y no la pueda sustentar, me van a denunciar. Porque yo soy funcionario, y debo hacer solamente lo que la ley me permite. A diferencia de organizaciones de sociedad civil, o alguna otra persona que puede opinar lo que bien la parezca, porque existe libertad de expresión”, reflexionó.
