Por Alessia Genoves
Más de 500 cabecillas han sido capturados, de los más de 39 mil presuntos pandilleros que fueron capturados durante el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. El dato ha sido confirmado por el rotativo estatal, Diario El Salvador. En respuesta, las estructuras terroristas intentarían designar nuevos miembros, de forma “fallida”, según lo informó el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro.
Seis de los quince “sillas” (mandos nacionales) de la Mara Salvatrucha (MS) ya estarían bajo la contención del sistema penitenciario. Sostuvo que sus capturas “han servido para entender el todo este este fenómeno y como ellos piensan o qué es lo que ellos están tramando o estaban tramando”.
“A nivel de estructuras terroristas había cierto grado de comunicación de tal suerte que toda esta información que ellos van arrojando; y otra que vamos obteniendo de los dispositivos móviles. Es lo que nos ayuda continuamente a analizar todas las estrategias de impacto y de donde tenemos que neutralizar es bien sabido”, añadió el titular de justicia.
El titular de seguridad detalla que la captura del último de los cabecillas respondió a uno de los operativos, desarrollado “en menos de 48 horas de haber ascendido a esas 15” sillas.
Homicidios
Maras y pandillas son responsabilizadas de cometer la mayor parte de los homicidios y desapariciones en el país, según lo sostienen las autoridades de seguridad pública. Los registros anuales de víctimas de homicidio han llegado a superar los 6,656 hechos de sangre hasta el año 2015, la cifra más alta de los últimos 25 años, transcurridos en todo el país. El dato es seis veces mayor a los 1,140 homicidios reportados al término del año 2021.
Hasta el pasado 5 de junio, la cifra total de homicidios era próxima a los 372 casos reportados; dato que es menor, en relación a los 589 homicidios perpetrados durante el mismo período de 2020; y tres veces menor a los 1,401 del año 2019. Ésta diferencia acumulativa es asociada, por las autoridades de seguridad pública, a la implementación de políticas de seguridad nacional, como el Plan Control Territorial; y el Régimen de Excepción.
Hay que destacar que la Policía Nacional Civil (PNC) ha descategorizado las muertes de pandilleros, que habrían tenido lugar tras enfrentamientos violentos con sus unidades. En su lugar, define el término de “legítima defensa”. Al mismo tiempo, Villatoro sostiene que las muertes de los reos albergados en los centros penales, son motivadas por “enfermedades”, aunque no negó que lo fueran por la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad nacional.
“Muchos de ellos pueden tener un origen digamos por un padecimiento anterior por una desnutrición y deshidratación”, sostuvo Villatoro, al referirse a los fallecimientos de los reos. “No tenemos el dato en nosotros de cuántos días estas personas llevan sin tomar y queriéndose escondiéndose sin ingerir alimentos”, añadió.
Pero mientras la Fundación Cristosal reportaba hasta 20 personas muertas en centros penales; Villatoro detalló que los casos se están abordando de forma inter-institucional, involucrando al Instituto de Medicina Legal (IML), y al órgano judicial, entre otras tantas instituciones. Hasta la fecha, no ha confirmado que alguno de los casos fue motivado por las fuerzas de seguridad nacional; o por negligencia en la observación de su estado de salud. Tampoco ha detallado si los fallecidos eran miembros o no de estructura terroristas.
Villatoro en @Frentea_Frente , sobre muertes en penales:
"Muchos pueden tener origen en padecimiento anterior, por desnutrición o deshidratación, recuérdese que estas capturas más que todo las de área rural no sabemos cuántos días llevan escondiéndose sin ingerir alimentos". pic.twitter.com/e57sq9pHeU— Oscar Machon (@OscarMachon) June 7, 2022
Ataques de pandillas
Los ataques de pandillas suponen un incremento en el número de víctimas de homicidio. Del 25 al 27 marzo de éste año, algunas de las victimas de homicidio fueron personas asociadas con maras o pandillas. Otras muertes tuvieron ocasión, tras enfrentamientos armados entre las referidas agrupaciones terroristas, y autoridades de la PNC y Fuerzas Armadas.
La semana del 13 al 20 de mayo fue reconocida por sus resultados: “la semana con cero homicidios”. El dato fue divulgado por el presidente Bukele, como también lo fue pandilleros como Jasson Aguilar (13 de mayo); y la de otros 2 sujetos (17 de mayo), tras “ataques” perpetrados, y la respuesta de la autoridades al derechos de la “legítima defensa”.
Es de aclarar que la PNC es precisa al definir hechos de “homicidio”, en su recuento diario, El delito define al “que matare a otro”, de acuerdo con el artículo 128 del Código Penal. La sanción que la ley establece es de “prisión de diez a veinte años”; pero incrementa hasta los 50 años de prisión, si el hecho es juzgado por sus 11 agravantes, contempladas en el artículo 129 del Código Penal.
Sin embargo, la ley define que “no es responsable penalmente” la persona si “actúa u omite en defensa de su persona o de sus derechos o en defensa de otra persona o de sus derechos”, si éstos concurren en “agresión ilegítima”; o “necesidad razonable de la defensa empleada para impedirla o repelerla”; o de “no haber sido provocada la agresión, de modo suficiente, por quien ejerce la defensa”, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 27 del Código Penal.
También exime responsabilidades a “quien actúa u omite por necesidad de salvaguardar un bien jurídico, propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado intencionalmente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que la conducta sea proporcional al peligro y que no se tenga el deber jurídico de afrontarlo”, según lo define el numeral 3 del artículo 27 del Código Penal.
