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50 mil detenidos. “No estamos deteniendo a personas inocentes”

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50 mil detenido en el Régimen de Excepción. “No estamos deteniendo a personas inocentes”, indicó Francis Monroy. 2,673 denuncias revisará la PDDH, sobre presuntas irregularidades.

Por Alessia Genoves


50 mil personas han sido detenidas. La cifra responde a una cantidad aproximada del número de personas procesadas durante la permanencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, conforme a las declaraciones divulgadas por el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, René Merino Monroy. Hay un 85% de ellos que ya las autoridades les han decretado la detención”, al asegurar que la mayoría de los detenidos sostienen indicios de participación con maras y pandillas.

No estamos deteniendo a personas inocentes”, reiteró Merino Monroy en el programa de entrevista Frente a Frente, de ésta mañana. No obstante, a ésta declaración aconteció a reconocer que “se dan las situaciones tan atípicas, tan particular de ésta situación (Régimen de Excepción)”, en los que las capturas no corresponden a pandilleros ni a colaboradores. Asoció el hecho a una estimación del “1%” de falsos positivos. Ante tales hechos, “existen todos los mecanismos para que éstas personas que no son pandilleros, demuestren esa inocencia, si es que lo hay”, recalcó.

2,673 denuncias sobre presuntas detenciones arbitrarias serían reportadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el transcurso de las primeras 3 prolongaciones del Régimen de Excepción. El titular de la institución, Apolonio Tobar, reconoció que la peligrosidad de las actividades delictivas, y sostuvo que la institución investigará cada una de las denuncias efectuadas. 1,941 casos de detenciones ilegales” identificaría la organización Cristosal, de acuerdo con el “Informe: 100 días de Régimen de Excepción en El Salvador 2022”, del Observatorio de Derechos Humanos (OUDH), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

176 días sin homicidios se acumulan durante la administración del presidente Nayib Bukele. El dato corresponde a los informes periódicos divulgados por la Policía Nacional Civil (PNC), durante los días de vigencia transcurridos en el Régimen de Excepción. Los datos contrastarían con los 3,946 homicidios reportados en el mismo período, pero que serían inferiores respecto a los reportes durante la administraciones presidenciales de Mauricio Funes y de Sánchez Cerén, en porcentajes respectivos al 60,4% y 75,5%.

Homicidios

420 homicidios contrastarían con lo 173 días sin reportes de homicidios, de acuerdo con la cuantificación de ContraPunto sobre los informes periódicos de la Corporación Policial. Sin embargo, la cifra es inferior si se compara con los 730 homicidios de 2021; a los 736 días sin homicidios reportados hasta 2020; y mucho menores respecto a los 1,742 reportados en la misma fecha del año 2019.

3,943 homicidios han sido reportados durante sus 3 años, 1 mes y 8 días, durante la administración presidencial de Nayib Bukele. La cantidad, de hecho, es menor respecto a los 11,917 homicidios reportados durante los 3 años de gobierno (exactos) del ex-presidente Elías Antonio Saca (2004-2007). También es inferior a los 9,933 homicidios registrados en el mismo período de Carlos Mauricio Funes (2009-2012) y menor a los 15,881 durante la de Salvador Sánchez Cerén (2014-2017).

6,007 homicidios menos que en los 3 años de gobierno del ex-presidente Mauricio Funes, supone la carrera presidencial de Bukele; lo cual representaría una contracción del 60.47% para el mismo período. El expresidente Elías Antonio Saca, por su parte, reportaría unos 11,917 homicidios durante los 3 años de su carrera administrativa; pero el dato sería mayor al de Bukele en un 67.55%.

49,629 personas ha sido detenidas, hasta el pasado 13 de agosto. Hasta entonces, el estimado de personas, con ordenes de prisión administrativa, rondaba las 46 mil personas. En tales condiciones, las detenciones proceden en al menos 3 semanas, tiempo en el que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar su pertenencia con agrupaciones ilícitas. Si existieren indicios de su participación en delitos, los acusados son procesados al Sistema de Justicia, solicitando, por lo general, orden de prisión preventiva.

Detenciones

160 campamentos se han desmantelado”, según lo declaró el ministro Monroy. Los operativos confirmarían “que tuvieron todo el tiempo del mundo, durante la administraciones anteriores, para prepararse. Y que si no se hacía lo que se ha hecho, ésta situación nunca hubiera mejorado en el país”, sostuvo, tras indicar el nivel de evolución de las maras maras y pandillas. Añadió que varios de los detenidos incurrieron en agresión ilegítima a la autoridad”, con armas blancas y armamento de grueso calibre”, contra agentes de seguridad.

46 muertes a pandilleros” restarían el número de personas capturadas. Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) rindieron el informe a la UODH, con información que data de hasta el pasado 4 de julio de 2022. Los hechos se justificaron como “confrontaciones con legítima defensa”, por lo que no se enumeran como homicidios; tal y como lo norma el numeral 3, del artículo 27 del Código Penal.

Controversias

518 de las 690 personas procesadas tienen fichas como pandilleros o colaboradores”, así lo afirma Diario El Faro, de unos 1,251 archivos confidenciales, a los que tuvieron acceso. Los datos que tendría vigencia, no obstante, hasta el mes de julio, hacen constar que otras 14 de las 518 personas, tenían antecedentes penales, y varios de ellos por el delito de agrupaciones ilícitas. Varios otros casos también los implican en maras y pandillas, de acuerdo con los detalles rendidos por el periódico; y que, por tanto, el número de pandilleros capturados podría ser mayor a la estimación del 75% que estima.

Algunos dicen que son personas inocentes, porque ya el sistema de justicia anterior los sacó de las cárceles, y porque el sistema de justicia anterior los sacó de las cárceles; y porque nosotros los hemos vuelto a ubicar, y a entregarlos a la policía; o cuando las policías los captura”, indicó Merino Monroy. Actualmente, el ser pandillero es un delito”, recalcó.

El decreto legislativo N.º 333 -al cual precede el Régimen- por sí, sólo ha conseguido la detención de 48,764. Las otras 46 mil personas que recibieron orden de prisión administrativa han tenido efecto con algunas de las reformas al Código Procesal Penal (art. 8, 73, 88, 221 y 331). En adelante, las cargas penales serían mayores para quienes sean vencidas en juicio, según se acordó en la Sesión Plenaria Extraordinaria N.º 5, del pasado 30 de marzo; con modificaciones en el Código Penal (162 y 345); así como en el Código Penal Juvenil; en la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión; en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y en de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a la Drogas.

Para no violar ninguna ley es que ha sido necesario el régimen de excepción, porque en esa forma nosotros tenemos un marco jurídico que ampara todo el actuar de la PNC y de las Fuerzas Armadas, apoyando a la PNC, en éstos temas de seguridad”, indicó Merino Monroy.

Además, el artículo 21 de la Constitución señala que “las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente”. De modo que las personas acusadas por los delitos (de orden público) competentes a las reformadas en la Sesión Plenaria N.º 5, deberán confrontar su juicio con cargas penales mayores a los que tenían en años previos.

“1,941 casos de detenciones ilegales” se habrían incurrido durante los 100 días del Régimen, según lo sostiene Cristosal. Otras 347, de medios de comunicación; así como otras 254 del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), según lo sostiene la UODH, en su informe. Entre otras cosas, Cristosal añadiría un estimado de 20 personas fallecidas al interior de los centros penitenciarios.

Merino Monroy negó implicaciones sobre omisiones al cumplimiento de la garantía de derechos humanos, al menos desde el personal militar. Por el contrario, reiteró que, aún en el régimen, “existen todos los mecanismos para que éstas personas que no son pandilleros, demuentren esa inocencia, si es que lo hay”. Sin embargo, varios de los operativos implicaron confrontaciones entre el personal militar y policías en contra de maras y pandillas, a quienes se les decomisó “armas de guerra”, como las del “calibre 55-56; ahí tienen F-3, AK-47; M-16 y escopetas”, así lo aseguró el ministro.

Perfeccionamos la cartilla de actuación, donde están puestas las reglas que ellos deben de respetar cuando actúan. Es decir, ellos tienen un aval de organismos internacionales. Esto que sucede, algunas veces, donde nuestros soldados han perdido la vida es por ese respeto a los derechos humanos. Ellos siempre, respetando esas reglas de los derechos humanos, expusieron sus vidas ante la población. Nosotros estamos conscientes de que somos respetuosos de los derechos humanos. Y eso es lo que nos debe tener tranquilos a nosotros. Y decirle a la población que, en ningún momento, nosotros tenemos en nuestra mente llevar las leyes del país”, puntualizó.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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