Por Alessia Genoves
Extorsiones se redujeron a más del 50%. El porcentaje responde a una aproximación de las últimas estimaciones declaradas por la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) y a los de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). La percepción de los comerciantes e industriales es asociada a la implementación del Plan Control Territorial (PCT), que busca la reducción de homicidios y de delitos asociados con el crimen organizado a través de la contención de unas 70 mil personas vinculadas en maras y pandillas, de acuerdo con las estimaciones de la Presidencia.
“$6 mil millones se pierden por la delincuencia pandilleril en nuestro país”, así lo afirmó el titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya. Reafirmó, de la misma forma, que las políticas de seguridad nacional podrían hacer rentable el gasto público. Esta afirmación podría ser coherente si compara el margen de las pérdidas estimadas en extorsiones, con los más de $141 millones de dólares invertidos en el PCT, más los gastos en el Ramo de Justicia y Seguridad Pública.
Menos extorsiones
3 mil empresas industriales formales sostienen que las pérdidas dinerarias en extorsiones se han reducido a más de un 50%. El dato fue declarado por el titular de la ASI, Jorge Arriaza, el pasado 22 de julio. Añadió que la tendencia decreciente en extorsiones ha sido más perceptible desde la aplicación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales.
Arriaza también indicó que la re inversión tributaria en seguridad pública haría posible optimizar los gastos empresariales. Informó que las empresas invierten cerca de $200 millones de dólares anualmente; y estimó que “habrá más inversión en términos de construcción con todas las obras públicas que se están proyectando y las que se están haciendo”. Siendo éste último sector en reportar un crecimiento de $1,200 millones de dólares en inversión pública y privada.
ADES compartió una valoración similar. Las 60 empresas representadas con la gremial de comercio habrían sido “golpeadas en una forma bastante fuerte”, según lo indicó su titular a Diario El Salvador, Armando Avilés Buitrago. Las estimaciones en la reducción de extorsiones van desde el “40% al 80%”, desde la aplicación del Régimen de Excepción.
“Robo de mercadería y contrabando” serían dos de las principales actividades de las que las empresas asociadas con ADES serían víctimas durante los procesos de importación, según lo indicó Avilés. Extrapoló, al caso, el contrabando de cigarrillos: “de 100 cigarrillos que se consumen, 40 vienen del contrabando”.
Mas seguridad
$600 millones de dólares ingresaron al Estado a través de impuestos. De acuerdo con Zelaya, el dato representaría un incremento del 50% en recaudación tributaria, respecto al año anterior. En paralelo, también destacó que “nuestra empresas están creciendo en cerca de un 15%, respecto de lo que crecimos en 2021; que fue de al rededor de un 30% (respecto al 2020)”.
Para Zelaya, la aplicación de un PCT “le da a nuestra gente tranquilidad, a la vez que dinamiza nuestra economía. Mucha gente pasa desapercibido el impacto económico que va a tener nuestra población, sin las pandillas. Cerca de un 20% de nuestro PIB, se pierde año con año, al rededor de $6 mil millones se pierden por la delincuencia pandilleril en nuestro país”. Por ello, añadió que “vamos a reducir el gasto público, porque vamos a tener menos atenciones de emergencia”.
Entre otras cosas, las medidas de seguridad habrían fructificado en la cuantificación de unos 171 días sin homicidios se cuantifican, en el transcurso de la administración presidencial de Nayib Bukele. Los datos serían coherentes con las más de “48,764 personas detenidas” por la Policía Nacional Civil (PNC), bajo acusaciones similares.
Más de 46 mil de éstas personas ya han sido procesadas con prisión preventiva, para ser juzgados en el sistema penal salvadoreño. A éste balance se añadiría el decomiso de “1,103 armas de fuego han sido incautadas; otros 1,314 vehículos han sido decomisados y más de $1 millón de dólares en efectivo han sido confiscados”, de acuerdo con el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro.
También confirmaría el decomiso de otros “10,566 teléfonos y de unos 49,103 porciones de droga”, durante el Régimen de Excepción. De acuerdo con la organización Insight Crime, ésta tendencia habría sido más concurrente desde el mes de enero de 2021 hasta el mes de junio de 2022, tiempo durante el cual se reportaría la incautación de 340 armas de fuego. También añade que las detenciones a personas acusadas como pandilleras, en ese período, se acumularían en un total de 55,191.
