Por Alessia Genoves
El 42% de las mujeres transexuales se dedican al trabajo sexual, y apenas un 7% de éstas logran culminar sus estudios universitarios. El 50% de ellas no logra superar la educación primaria, por lo que no logran acceder a fuentes de empleo calificadas, así lo detalla el informe “No Muero, Me Matan 2021”, elaborado por la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh) Arcoiris Trans, y divulgado a través del Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC).
“Discriminación” es la principal forma de exclusión social, que las mujeres trans reportaron haber padecido, en un 44%. Las “golpizas y agresiones físicas”, fueron la principal afectación para el 50% de las mujeres dedicadas al trabajo sexual. Sin embargo, la “denuncia” formal no fue el mecanismo de seguridad de las víctimas, hacia las acciones de violencia.
“No muero Me Matan 2021” es el último informe de ASPIDH, que identifica las condiciones de vulnerabilidad de mujeres transgénero y transexuales, de las zonas rurales y urbanas del país. Y aunque, la titular de la institución, Mónica Linares, aclara que “nosotros no somos una entidad para interponer denuncias, pero sí podemos sistematizar éstos casos de violaciones de derechos humanos; pero sí podemos hacerle saber al Estado cuáles son éstos casos comparados con los que ellos tienen”.
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Violencia
La discriminación es la principal expresión de abusos, que ASPIDH identifica en las víctimas. Las “golpizas y las agresiones físicas” se manifestaron en el 21% de los casos de abuso. Asimismo, el 14% de las afectaciones tuvieron lugar en “violación o abuso sexual”. Mientras tanto, las “intimidaciones y amenazas” fueron el testimonio del 7% de las víctimas; misma proporción que responde a los “intentos de feminicidio” y los “feminicidios”.
“Las mujeres trans son víctimas de intimidación, rechazo, agresiones físicas, agresiones verbales, discriminación social, estatal y los transfeminicidios”, explicó la investigadora de ASPISH, Pamela Orellana.
Algunos de los “tipos secundarios de abusos”, indentificados en el informe, fueron las “amenazas”, en un 33% e los casos; seguido de los patrones de “acoso”, en el 17% de los testimonios de las víctimas. El “irrespeto a la identidad de género” fue, de hecho, la principal expresión de abuso, para 50% de las mujeres transgénero y transexuales.
Las principales zonas de efectación tuvieron lugar en el “trabajo sexual”, con una frecuencia del 50%. El “sistema penitenciario” fue el segundo escenario con mayores afectaciones reportados, según el testimonio del 14.3% de las víctimas. Por otro lado, la “calle” fue el lugar de encuentro del 7.14% de los abusos; al igual que en los “servicios de salud”, en el “sistema educativo”; en el “domicilio del agresor”, y en zonas no identificadas por las víctimas.
“Las mujeres trans que viven en zonas urbanas están más expuestas a recibir abusos y violaciones de derechos humanos, debido a que es mayormente en las ciudades donde se ejerce el trabajo sexual”, detalló Orellana, señalando a la “zona urbana” como el espacio de mayor hábitad, que representa al 69% de las mujeres transgénero y transexuales; y al “rural”, al 31%.
Menos denuncias
Las afectaciones por discriminación se reportan en la mayoría de los casos reportados por ASPIDH. Sin embargo, apenas un 14% de los casos fueron denunciados ante el sistema de justicia y de seguridad pública; en contraste con el mayoritario 86% que no lo hizo.
Es de aclarar que la Policía Nacional Civil (PNC) ahora cuenta con “directrices para mejorar el respeto a la población LGBTIQ+, en las promociones más recientes de la AMSP (Academia de Seguridad Pública). Según entrevistas, han mejorado el respeto hacia la población LGBTIQ+”, indicó Orellana.
Sin embargo, la baja frecuencia en denuncias alerta a la institución. Por lo que concluye en “identificar que la no confianza de las instancias dónde se deberían interponer las denuncias, no se confía; y en muchos de los casos, por lo que el sistema se vuelve obsoleto. Hace que las mujeres trans no interpongan denuncias formales; ya que en muy pocas ocasiones se da una resolución favorable, aparte de la discriminación que se vive desde el momento en el que no respetan su identidad”.
Estos informes de denuncia son documentados por organizaciones sociales afines a la población LGBTIQ+ del país, como ASPIDH. En su repertorio, Cedostalc publicó los informe titulados “Esperando la Muerte” (2016-2017), “Basta de Genocidios Trans” (2018); “Paren de Matarnos” (2019-2020); “Las vidas trans en tiempos de pandemia” (2020) y “No muero, me matan” (2021), en última instancia.
“Los Estados no son Estados que garanticen la sistematización; ni si quiera el seguimiento de las denuncias que logran hacerse en las instancias pertinentes. Esto cuando se hace. Falta documentar esas partes de cuándo la personas no quieren denunciar por tener miedo, porque los Estados son parte de los perpetradores de las violaciones de los derechos humanos, de nuestras poblaciones, principalmente. Somos 25 paises que somos parte de la red; 12 de éstos países”, criticó Linares.
Pese a ello, el informe reconoce la influencia de la documentación sobre poblaciones LGBT+ que ha tenido la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), institución que ha “incorporado las encuestas sobre la orientación sexual, las identidades de género. Pero, podría ser una dificultad para la recolección que se siguen vulnerando”.
Menores oportunidades
El informe de ASPIDH constata que un 36% de las mujeres transgénero y transexuales entrevistadas no logra concluir la “primaria completa”; con diferencia del 14% que sí lo hizo. Otro 29% de las mujeres apenas concluyó la “secundaria completa”, del sistema educativo. Mientras tanto, apenas un 7% logra culminar la “universidad completa”, misma proporción que acontece con el resto de mujeres trans que “no asistió” al sistema educativo, o que lo desconoce.
Los hechos son contrastables el desarrollo de sistema educativo, en el último quinquenio. El Ministerio de Educación “ha desarrollado un plan estratégico institucional las poblaciones vulnerables. También implementaron la política de convivencia escolar, que incorpora valores en la inclusividad”, detalla Orellana.
En consecuencia, el “trabajo sexual” ha sido la fuente de ingresos para el 42.8% de las mujeres entrevistadas. El “trabajo formal”, por otra parte, es la fuente de ingresos para el 14.29% de otro sector de mujeres transgénero y transexuales entrevistadas; misma proporción que obedece para las que obtienen sus ingresos a través del “trabajo informal”, y aquellas “desocupadas”. El trabajo de las “activistas”, por otra parte, sustenta al 14.20% de las mujeres entrevistadas.
“El sistema educativo es selectivo, discriminativo y por lo tanto excluyente debido a su identidad y expresión de género, estas no cuentan con las herramientas requeridas para formar parte del sistema de trabajo formal; de modo que, se ven obligadas a emprender o dedicarse al trabajo informal y sexual”, concluye el informe.
