Por Alessia Genoves
40.3% de estudiantes está a favor de los derechos de personas LGBT. El dato ha sido divulgado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), y son el resultado de una “encuesta que evalúa el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, conocimientos y prácticas”, en 1,027 estudiantes de universidades en Chalatenango, San Salvador, San Miguel y Usulután.
Personas LGBT en El Salvador no cuentan con derechos específicos, que garanticen el cambio de nombre, sexo, género y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Organizaciones sociales indican que la omisión de las primeras prestaciones legales reafirma condiciones de discriminación.
La Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh) Arcoiris Trans detalla consecuencias adyacentes, como marginación al derecho a derecho a la educación, del 50% de mujeres trans; y de la ausencia de condiciones favorables para el desarrollo profesional, dejando al 42% en el trabajo sexual, de acuerdo con el último informe titulado “No Muero, Me Matan 2021”.
86.3% de estudiantes universitarios afirmarían, además estar de acuerdo con contar con una “Ley de Educación Integral en Sexualidad” (EIS). Opiniones como éstas son reiteradas por un 80.3% del estudiantado que opina que las carreras universitarias deberían incorporar contenidos de EIS. Ésta disposición podría facilitar la incorporación académica y profesional de las personas LGBT.
Estudiantes y personas trans
“Ley de Identidad de Género” es la propuesta legal que los estudiantes de educación superior sostienen que debería existir en el país. La opción planteada por Ormusa en su investigación es afín a la del 42% de los estudiantes que participaron en la encuesta. Una disposición tal beneficiaría a las personas transgénero y transexuales en El Salvador a formalizar su ciclo académico y vida profesional, y a aislarla de las condiciones laborales que ponen en riesgo sus vidas.
Aspidh comparte ésta afirmación en el informe “No Muero, Me Matan 2021”. Recalca que la propuesta por una Ley de Identidad de Género no ha pasado a la discusión en la Asamblea Legislativa, desde los últimos 15 años. Entretanto, las condiciones de discriminación no habrían mejorado sustancialmente, para la demanda social que impera su incorporación en los círculos académicos. El 50% de las mujeres trans no habría logrado superar la primaria; mientras que otro 25% no superaría la secundaria. El nivel universitario apenas lo lograría culminar el 7% de las mujeres trans.
42% de los estudiantes universitarios considerarían que una Ley de Identidad de Género les es indiferente, según lo declararon a ORMUSA. Sin embargo, un “preocupante” 14.4% de la población estudiantil expresaría su desacuerdo, según lo señaló la organización. La última opinión no es ajena a la de diputados de la Asamblea Legislativa que tienen el poder de decisión, para propuestas civiles tengan audiencia y votación parlamentaria.
Por personas trans
La opinión favorable del 40.3% de los estudiantes que estaría a favor de una Ley de Identidad de Género es solapada, por las condiciones políticas que se han manifestado en el país, en los últimos 3 años y medio. En julio de 2021, la Nueva Asamblea Legislativa envió a archivo más de 206 expedientes de propuestas de ley, y reformas, de las diferentes comisiones legislativas.
Particularmente, la Ley de Identidad, la reforma a la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN) y la Ley por la Igualdad y la No Discriminación fueron también archivadas, entre otras cosas, porque “no responden a la realidad nacional”, según lo declaró la presidenta de la Comisión de la Mujer, Género e Igualdad, Alexa Rivas.
Sin embargo, al propuesta de Ley de Identidad volvió a tramitarse a la Asamblea Legislativa, el pasado 21 de agosto de 2021. La iniciativa de ley la suscribieron la diputada del partido FMLN, Anabel Belloso y Rocío Menjivar; así como de la suplente del diputado Jhonny Whritte, por el partido NT, Linda Funes.
“Yo creo que mientras no hayan voluntad política, mientras no haya en la Asamblea Legislativa, específicamente la Bancada Cyan, no se apegue al mandato constitucional que requiera para el análisis de la leyes, y al marco internacional de los derechos humanos, no vamos a poder avanzar e ninguna de las leyes que hay, para la reivindicación de derechos”, reconoce la activista, Amalia Leiva.
Otra demanda llegó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En el expediente 33-2016/1995-2016 -del pasado 22 de febrero de 2022, el órgano judicial constata la orden de la Asamblea Legislativa por reformar la LNPN a favor del cambio de nombre de las personas trans. El arbitro de justicia habría fallado en razón de que la Ley vigente es genera un “trato discriminatorio no justificado” y “lesivo a la dignidad humana”.
Bianka Rodríguez y Verónica López son dos de las primeras mujeres trans salvadoreñas, en adquirir un cambio de nombre, a favor de su identidad y expresión de género auto-percibida. Otras disposiciones legales no fallaron únicamente a favor del cambio de nombre, sino que también implicaron la formalización del cambio en el registro de género y de las partidas de nacimiento de personas trans.
Aldo Alexander Peña ha sido el primer salvadoreño -y elemento el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM)- en acceder a un cambio de nombre y de género a favor de su identidad sexual. El proceso lo notificó el Tribunal Tercero de Familia de San Salvador, el pasado 19 de agosto de 2022, con muestras de precedentes relacionados con agresiones mortales desde 2015, en perjuicio de su vida
Karla Guevara es, por otra parte, la primera mujer transexual y abogada en acceder a un cambio en sus registros de nombre, sexo y género en sus documentos de identidad, en favor de su identidad y expresión de género auto-asumida. El hecho aconteció en el Juzgado Primero de Familia de San Salvador, tras dos años de tramite.
